Pese a que fijó montos desde el 2016, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) nunca ha recibido dinero alguno por el cobro de un carné para observar ballenas y delfines en aguas costarricenses.
Así lo confirmó a La Nación el presidente ejecutivo de esa entidad, Daniel Carrasco.
En el 2005, mediante un decreto, el Gobierno promulgó un Reglamento para la Operación de Actividades Relacionadas con Cetáceos en Costa Rica, mediante el decreto ejecutivo número 32.495.
En su artículo 5, inciso 8, esa normativa estipula que los operadores de actividades turísticas y de observación de cetáceos deben “contar con la licencia del Incopesca para la embarcación y carné para los tripulantes y observadores a bordo de dicha embarcación”.
Sin embargo, dicha ley no especificó cómo se emitiría el carné, ni si este implicaba un cobro ni de cuánto sería.
Fue hasta el 2016 cuando la Junta Directiva de Incopesca fijó las tarifas: $5,65 diarios para nacionales, residentes y extranjeros que deseen hacer un tour de avistamientos, o bien, $30 mensuales para quienes quisieran realizar más de uno en 30 días.
No obstante, determinar las cuantías tampoco resolvió nada. Estas nunca se cobraron, pues el Instituto no está facultado para hacer imposiciones de esa clase.
Para ello, debería reformarse el decreto ejecutivo (32.495) o emitirse otra ley que establezca dichos cobros y los montos.
“Incopesca no se ha preocupado por cobrar porque no tenemos las capacidades para hacerlo. Y, en este caso, la responsabilidad es del touroperador, al que le corresponde generar, dentro de su tarifa, el costo de ese carné. Sin embargo, tampoco lo han pagado. Entonces, el Incopesca no ha recibido algún tipo de recurso financiero en cuanto a este rubro”, comentó Carrasco.
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Así las cosas, ¿de dónde salió la idea de cobrar ese canon?
El fin de semana del 29 de agosto, Incopesca difundió en sus redes sociales un mensaje recordándoles a los turistas la importancia de hacer turismo seguro y de pagar por el carné de avistamiento.
La publicación desató una ola de críticas en la opinión pública, indignada por tener que pagar un nuevo canon en medio de la pandemia.
Por esa razón, este miércoles 2 de setiembre, la entidad tuvo que aprobar una moratoria en el cobro que nunca ha hecho efectivo.
La Junta Directiva del Instituto acordó eliminar la imposición de la tarifa mensual de $30 y conservar la diaria de $5,65.
Sin embargo, esta última se implementaría después del 2021; es decir, su puesta en marcha se prorrogará por lo que resta de este año y todo el siguiente.
“Después de los cuestionamientos y de toda la situación que se dio del fin de semana para acá, y conscientes de la situación nacional por la pandemia de la covid-19, y de que las economías de las actividades turísticas en las comunidades costeras se han visto mermadas o afectadas, acordamos posponer, para los periodos 2020-2021, el cobro de los cánones por concepto del carné de observación de cetáceos”, explicó el jerarca.
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Si se derogó el cobro de los $30, ¿por qué no hacer lo mismo con el de $5,65?
Según Carrasco, es imposible desaplicar una norma ya existente. Se refiere al artículo 5, inciso 8 del decreto número 32.495.
“Yo, como funcionario público, tengo que cumplir con el principio de legalidad. Entonces, esa es la idea: generar esa discusión, ese acercamiento en todas las instancias que firmaron ese decreto, para ver si lo podemos actualizar, porque ya tiene más de 15 años de haberse firmado”, aseguró.
Sobre cuáles criterios técnicos utilizó la Junta Directiva para determinar las cantidades diarias y mensuales por ver ballenas, el funcionario dijo que, en la decisión, confluyeron distintos sectores.
“Se abrió un espacio, una comisión conformada por miembros de la Asociación de Operadores de Turismo, Asociación de Guías de Bahía Ballena, Coalición Costarricense por las Ballenas, un miembro del Incopesca, uno de la administración del Parque Nacional Marino Ballena, uno del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). Esa mesa de trabajo le presentó a la Junta Directiva los resultados de un estudio que determinó los costos”, aseguró.
¿La solución?
En vista de que solo el Poder Ejecutivo puede actualizar el decreto, o que os diputados emitan una ley que establezca o no el cobro del canon, ¿cuál sería la ruta más factible para acabar con la controversia?
“La opción es generar la discusión para ver si se elimina, más bien, ese carné al turismo”, asevero el jerarca.
Carrasco alega que el asunto no debe verse desde una perspectiva meramente económica, sino que tmbién deben tomarse en cuenta aspectos de seguridad turística y de conservación de los cetáceos.
“También hay un tema de integridad física de los turistas y de los tripulantes de las embarcaciones y, obviamente, el interés de salvaguardar la protección y conservación de los cetáceos.
“Ellos tienen su curso natural en las aguas y, si hay avistamientos de muchas embarcaciones, los alejaríamos; no sería una actividad sostenible. Tampoco queremos que se les lastime, porque una acción como alimentarlos puede generarles enfermedades”, sostuvo.
Carrasco enfatizó que el objetivo es implementar las regulaciones o actualizar las existentes, para mejorar las prácticas de observación y conservación de los cetáceos.
Otro vacío en la ley
El presidente ejecutivo del Incopesca explicó que otro de los pendientes en relación con las actividades de avistamiento de cetáceos es definir funciones entre el Instituto y entidades como el Sinac.
“Tenemos que ver, junto con Minae (Ministerio de Ambiente y Energía), si los cetáceos son especies de interés pesquero no comercial, donde nosotros también tenemos alguna competencia, o el Minae dice que son especies de vida silvestre.
“Son discusiones para determinar cuál es el órgano competente técnicamente para velar porque no se presione esta especie y saber a quién le corresponde qué”, argumentó Carrasco.
La ley de creación del Incopesca (número 7384) establece que es competencia de esta institución velar por el cumplimiento de las normas de avistamiento de cetáceos cuando estas actividades se desarrollen en zonas distintas a las áreas marinas protegidas.
Cuando los avistamientos sean en áreas marinas protegidas, el asunto le concierne al Sinac.
“Por eso queremos generar la discusión, porque la ley de creación de Incopesca dice que tenemos que velar por la protección y la conservación de los recursos marinos, el manejo, control y regulación de la caza marítima, y en la caza marítima también hay un tema de avistamiento de este tipo de cetáceos y su aprovechamiento”.
“Entonces, ahí es donde hay una potestad del Incopesca para regular el aprovechamiento y uso sostenible, y la observación es un aprovechamiento y uso sostenible de esos recursos”, concluyó Carrasco, quien es abogado y cuenta con un diplomado en Derecho Pesquero del Instituto de Derecho Marítimo Internacional de la Organización Marítima Internacional (OIM, por sus siglas en inglés).