La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) se pronunció en contra del polémico proyecto del diputado Daniel Ulate que obligaría al Ministerio de Hacienda a establecer un sistema de etiquetado de licores, como el que vende una empresa suiza representada por el expresidente José María Figueres Olsen.
En un comunicado de prensa difundido este miércoles, los empresarios alegaron que la iniciativa del legislador del Partido Liberación Nacional (PLN) presenta inconsistencias y no garantiza la eliminación del contrabando de estos productos, sino que más bien incrementaría el precio de los licores al consumidor.
Tal como lo definieron los diputados este martes, el expediente 20.961, Ley contra la adulteración, imitación y contrabando de bebidas con contenido alcohólico, entró en la agenda de proyectos para la sesión del plenario de este miércoles, en el primer lugar de los primeros debates.
A través de una nota enviada a los congresistas, la Uccaep rechazó la iniciativa y advirtió de que la propuesta no fue consultada al sector privado en su última versión, además de que agravaría la crisis fiscal, al obligar al Ministerio de Hacienda a hacer gastos adicionales.
Hacienda, por su parte, había advertido de que el proyecto no contiene una fuente de financiamiento, ni inicial para contratar el sistema de etiquetado de licores, ni permanente para mantener su funcionamiento adecuadamente en el tiempo.
El sector empresarial indicó que ya, desde el 2019, se había solicitado al Congreso analizar la propuesta en la Comisión Mixta de Lucha al Comercio Ilícito, donde convergen los actores vinculados con el diseño, coordinación e implementación de medidas integrales para combatir el contrabando.
Antes de que se vote en primer debate el expediente de Daniel Ulate, el diputado ha estado pidiendo el apoyo de varias bancadas y legisladores independientes para aprobar, nuevamente, una moción de texto sustitutivo, debido a las objeciones de Hacienda.
“Tenemos una moción con la firma de varios diputados de distintas fracciones legislativas la cual contiene todas las observaciones expuestas por el Ministerio de Hacienda”, respondió Ulate a través de su encargado de prensa.
El liberacionista alegó que la observación más importante es la relacionada con la necesidad de que el mecanismo se base en la tecnología y no tomar en cuenta mecanismos ya demostrados como vulnerables.
Según el verdiblanco, en el texto que ahora propone se establece la obligación de que se haga ese estudio de costo beneficio “en razón a la protección de la salud y el resguardo a la vida humana, así como a los deberes generales de fiscalización, control y recaudación tributaria eficiente”.
Lo que no responde el verdiblanco en su declaración es la forma como se financiaría dicho mecanismo, tanto en su contratación y puesta en marcha, como en su mantenimiento a futuro, en momentos en que el país afronta una crisis económica.
‘Gastos adicionales sin beneficio’
Bajo el argumento de la Uccaep, el proyecto generaría un gasto adicional que no trae beneficios reales y, si lo asume la industria, “sería una carga más que desestimularía la inversión”.
“Hemos advertido que la colocación de estos dispositivos a todos los productos, incluidas las bebidas que actualmente no son objeto de contrabando, generaría un costo por la colocación”, dijo José Álvaro Jenkins, presidente de la Uccaep.
También adujo que ese mecanismo dejaría vulnerable al consumidor, ante cualquier tipo de emulación del sistema, porque el proyecto “no presenta valor agregado para combatir el problema de la detección de productos adulterados o falsificados”.
“El país pasa por una crisis fiscal severa y este proyecto no traerá resultados positivos para Costa Rica”, agregó Jenkins.
Otra de las dudas planteadas por Hacienda, y aún no respondidas por Ulate, tiene que ver con la falta de capacidad técnica de las policías e inspectores municipales que el diputado pretende que asuman funciones especializadas que hoy tiene la Policía de Control Fiscal.
Desacuerdos en el plenario
Aunque se tenía previsto que este miércoles se discutiera en el plenario el proyecto de Ulate, una serie de recesos que acumularon casi una hora, a petición del PLN, atrasaron el avance de la iniciativa. Además, no solo hay desacuerdo en Liberación sobre dicho proyecto, sino también en otras tiendas políticas.
De hecho, al proyecto se le presentaron cerca de 18 mociones que se empezaron a discutir en el plenario, pero a la hora en que la presidencia debía levantar la sesión, solamente se habían tramitado dos de ellas.
Incluso, después de la discusión interna en el PLN por casi una hora, todavía se dieron varias discusiones en diferentes sectores del plenario, tanto entre los liberacionistas que tienen muchas dudas sobre el plan de Ulate, así como entre él y congresistas del PAC y del Frente Amplio, así como el independiente Erick Rodríguez, uno de los que planteó varias mociones.
Ahora, la discusión del proyecto quedará para la discusión en el momento en que los jefes de fracción se vuelvan a poner de acuerdo para aligerar la iniciativa.
Nota del redactor: Este artículo se actualizó a las 6:40 p. m., con la información de las negociaciones que se dieron en el plenario sobre la iniciativa legal.