Subdirector de Migración: 10% de migrantes queda varado en Costa Rica por peaje en Nicaragua

Alonso Soto, subdirector de Migración y Extranjería y de la Policía Profesional de Migración, afirmó que “el tema no está tan complicado” gracias al trabajo de las municipalidades y los vecinos de la zona norte, quienes asisten a estos grupos con comida, ropa y, en algunos casos, alojamiento.

El funcionario declaró que el Gobierno, por su parte, es respetuoso de las decisiones en materia migratoria que toma la nación vecina, por lo que a Costa Rica solo le corresponde garantizar el orden a lo interno y evitar acciones que puedan promover una mayor llegada de viajeros.

—¿Qué sabe el Gobierno sobre el ‘arancel’ de $150 que le está cobrando Nicaragua a los migrantes?

–Oficialmente, no tenemos nada que nos pueda decir cuánto es que Nicaragua les está cobrando, a pesar de que sí tenemos informaciones, tanto por parte de las personas migrantes como de otras personas, que nos han manifestado justamente eso.

“Del 100% del flujo migratorio, hemos notado que si acaso un 10% tiene que permanecer un poco más de tiempo en nuestro país, porque las personas tienen que esperar a que las familias o las redes de apoyo les hagan el depósito a través de los centros de remesa. Este proceso, en algunas ocasiones, lo hemos estudiado y, en la gran mayoría, no supera las 48 horas. El otro 90% está avanzando muy rápidamente, ya que al parecer el dinero sí lo traen.

“Hay algunos casos muy aislados que sí han superado las 48 horas, pero esto pareciera que es producto de alguna circunstancia que impide que lleguen los recursos económicos de forma rápida, lo que los obliga a estar en una situación de calle o de indigencia.

“En este momento, en el pico alto en el que estamos, no sabemos si este proceso migratorio va a bajar o va a aumentar, históricamente podemos ver que para finales de noviembre ha bajado producto de ciertas circunstancias atmosféricas en la zona del Darién”.

—¿Hay alguna coordinación con las autoridades de Panamá?

–Históricamente a Costa Rica y a Panamá los flujos migratorios nos han impactado muy fuertemente desde el año 2015, que es cuando tenemos el primer evento migratorio masivo. Esto nos ha puesto a conversar, pero durante la pandemia todos estos procesos se terminaron.

“Pensar en este momento en generar algo similar a lo que tuvimos en el pasado no sería lo más prudente, debido a la cantidad de personas que se están moviendo en el flujo migratorio, ya que a pesar de que es bastante alto, cualquier acción que haga Panamá, cualquier acción que haga Costa Rica o cualquier país de la región, podría incrementarlo aún más. Eso es lo que tampoco queremos, debido a que sabemos que esto representaría una situación a nivel social, económico y de seguridad bastante complicada.

“A como puede ser que ya mañana disminuya y caigan los números completamente, puede aumentar, y esto ni Panamá ni Costa Rica lo puede saber, ¿por qué? Porque Panamá no sabe qué es lo que viene por la montaña, en la montaña son 12 días lo que duran las personas transitando; Colombia no tiene control sobre las personas que ingresan a la montaña, es una zona muy compleja y que también está controlada por redes criminales que son las que lucran a través de las personas migrantes”.

—¿La idea es evitar dar la idea de una invitación a que venga una cantidad aún mayor de migrantes?

–Es correcto. Si a través de los medios de comunicación, las autoridades dicen algo que tal vez no es lo más correcto (...). Entendemos la migración como un derecho humano, pero entendamos también que detrás de la migración hay una red criminal que es la que motiva y a través de las redes sociales publica, capta, incentiva y le vende ideas falsas a la gente con respecto al sueño americano.

“Y si es una persona vulnerable, por la situación política, social, económica y hasta ambiental del país donde vive, poniéndonos en los zapatos de cualquier ser humano en esa situación, veríamos ese mensaje como algo muy favorable para emigrar.

“Ahorita pueden haber miles y miles de personas que tal vez no están decididas y no quieren afrontar los riesgos que significa transitar 12 días en la selva del Darién y un mal mensaje, en cualquier momento, podría hacer que esas personas las motivemos a exponerse a los riesgos que significan este tipo de migraciones, afectando aún más la vida de ellos y generando algo que no queremos, que sería un aumento que podría generar un desbordamiento de toda nuestra institucionalidad”.

—Pero siempre hay algún nivel de comunicación con Panamá. ¿Con Nicaragua existe algo también?

–Las autoridades de Nicaragua, sabemos que están haciendo su trabajo y siempre, indiferentemente de las circunstancias, hemos sido muy respetuosos de las leyes migratorias de Nicaragua. Sabemos lo que representa el derecho internacional, pero también sabemos lo que son las leyes internas y la soberanía de cada país para decidir qué hacer con determinada materia.

“Si Nicaragua ha cambiado su comportamiento, no es nada oficial, las comunicaciones no están, pero hemos visto que Nicaragua, en algún momento, ha tomado unas medidas migratorias un poco más severas, un poco más drásticas, en otras ocasiones las hacen más flexibles y siempre hemos sido muy respetuosos.

“No tenemos nada oficial, no tenemos comunicación, pero hemos notado que esto es algo que ellos vienen desarrollando y que de alguna u otra forma podría ayudar, tanto en el derecho de las personas a migrar como en resguardar su propia integridad territorial. Igual lo hacemos nosotros, de forma distinta, pero al final lo que buscamos es garantizar tanto el derecho de las personas de migrar como evitar el tráfico de personas migrantes.

“Creo que la región ha venido manejando de forma muy acertada el aumento y garantizando de alguna manera el derecho de las personas a migrar”.

—Usted dice que el 90% de la gente logra cruzar de una vez a Nicaragua, pero siempre hay un grupo que queda rezagado, ¿eso no representa un problema?

–Yo creo que el tema del 10% y de las personas que hemos notado que quedan, se empieza a disminuir o a diluir cuando vemos que hay algunos grupos de apoyo de sociedad civil, organizaciones y demás, entre ellos los gobiernos locales, quienes se han sumado de forma muy acertada.

“La Policía Profesional de Migración ha venido acompañando para garantizar que no se generen campamentos ni que se esté exponiendo a personas a situaciones de riesgo, informando a las diferentes instancias, apoyándonos unos a otros y esa articulación con los gobiernos locales y las diferentes instituciones es lo que de alguna forma hace que este tema no esté tan complicado.

“El tema es que siempre va a ser preocupante, no importa que sea el 10% o 0,01%, aunque sea una persona que esté en condición de calle, yo creo que Costa Rica no es el país que quiere que una persona esté en esa condición, quisiéramos que todos tengan las mismas oportunidades y de alguna manera garantizar derechos”.