EscucharEl Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) se fundamentó en un texto de solo seis párrafos para descartar la opción de que empresas privadas compitan para proveer los escáneres antidrogas que se instalarán en puertos y fronteras terrestres.
Con un breve sondeo, este órgano del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) pretendió eximirse de hacer un concurso público y despejar el camino para otorgar el negocio de los escáneres a la compañía estatal Radiográfica Costarricense (Racsa), propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Aunque el SFE argumenta que hizo un “estudio de mercado”, la Contraloría General de la República (CGR) determinó que no existe tal análisis, pues el documento incorporado es un “sondeo” que no cumple con los “elementos mínimos esperados” para este tipo de negocio.
La CGR ordenó este miércoles al gobierno frenar de inmediato el proceso de contratación.
Con base en su sondeo, el SFE emitió una declaratoria de idoneidad de Racsa, requisito indispensable para una contratación entre entes de derecho público, en la cual no se requiere de un concurso.
Racsa no provee escáneres, pero previamente había escogido a un consorcio compuesto por tres empresas como su “socio estratégico” para este negocio. Se trata del grupo Corp Low Risk Costa Rica S. A., Distrivet S. A. y Productos y Procesos Industriales Propinsa Costa Rica S. A.
Esta firma accedió a Racsa gracias a una reunión gestionada por el expresidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Braulio Venegas Dijeres, en setiembre del 2022.
El ‘sondeo’ del Servicio Fitosanitario
Como justificación para contratar a Racsa, el 10 de octubre, el Servicio Fitosanitario envió oficios a tres empresas haciéndoles tres preguntas: ¿tienen capacidad técnica y financiera para realizar el proyecto?, ¿en qué tiempo podrían ponerlo en marcha y se ajustarían a una tarifa de $25 por contenedor?
Las tres firmas manifestaron tener capacidad técnica y financiera para instalar y operar escáneres antidrogas. Se trata de las empresas Geos Telecom, SPC Telecentinel y PBS.
Una de las compañías incluso ofreció cobrar menos de $25 por el escaneo, tarifa estimada por el SFE para este proyecto.
No obstante, ese estudio de mercado descartó las opciones privadas sin explicar las razones y concluyó que Racsa es el oferente idóneo. Así consta en el oficio DSFE-0702-23, firmado por Nelson Morera Paniagua, director ejecutivo del SFE, el 14 de diciembre.
‘Afectación directa’ al interés público
Al respecto, la Contraloría señaló que la propia administración estableció en $25 por contenedor el parámetro, sin que este se derivara de un verdadero estudio de mercado.
Es decir, el Gobierno preestableció las condiciones, aunque un análisis de este tipo busca identificar las mejores posibilidades en el mercado.
La decisión del SFE provoca una “afectación directa” al interés público, “pues los estudios de mercado permiten determinar la existencia de las mejores opciones del mercado en la relación calidad-precio y los sujetos con mayor experiencia demostrada para la satisfacción de la necesidad pública”.
Incluso, la Contraloría señaló que no queda desvirtuada la posibilidad de que la supuesta tarifa de $25 por contenedor, proyectada a diez años, en realidad esté vinculada “al flujo financiero anual del servicio levantado por Racsa” el 10 de julio de 2023 .
El 14 de diciembre, el SFE publicó, en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la contratación entre entes de derecho público, un mecanismo legal extraordinario que permite la contratación de bienes y servicios entre dos instituciones públicas siempre y cuando se acredite la idoneidad, además de que la entidad no puede subcontratar más del 30% del objeto contractual a un tercero.
El monto presupuestado para el primer año es de ¢1.500 millones, pero en años posteriores la cifra podría ascender a más de ¢5.000 millones, según Víctor Carvajal Porras, ministro de Agricultura y Ganadería, a quien el mandatario Rodrigo Chaves designó “líder político” del proyecto.
Los escáneres portuarios son equipos de revisiones no intrusivas (no requieren abrir cargamentos) que trabajan a través del escaneo con rayos X. Se trata de una estructura en forma de arco por la cual pasan furgones con sus contenedores a una velocidad baja. Los rayos X logran determinar si dentro del contenedor hay algo oculto.
Los descartados, uno por uno
En el análisis de seis párrafos, Morera indicó que Geos Telecom ofreció reducir la tarifa estimada en $25. “La empresa sí cuenta con la capacidad financiera de realizar la inversión de equipos e infraestructura”, señaló en su escrito.
Sobre SPC Centinel, declaró que la firma ve “viable” el costo de cada escaneo, pero que también se deben evaluar otros factores.
Con respecto a PBS, el director del SFE manifestó que la empresa cuenta con la capacidad técnica y financiera, que está de acuerdo con la tarifa, pero que declaró que el Estado debería aportar en infraestructura civil y de protección de los equipos.
De inmediato, expresó que Racsa se ajusta al importe de $25 y que “de este análisis se desprende la idoneidad para cumplir con lo requerido”. Agregó que al ser una entidad pública tienen “mayor seguridad en la operación”, pero no especificó a qué se refería.
El oficio señaló que, según una nota enviada por Manuel Jiménez Steller, viceministro de Seguridad Pública, la implementación, control, monitoreo y administración de bases de datos “debe estar en manos del Estado” para garantizar el resguardo de la infraestructura y el resultado de las inspecciones.
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El Servicio Fitosanitario, un órgano del MAG, pretendió dar a Racsa el negocio de los escáneres antidroga. Foto: Archivo (Rafael Pacheco Granados)
Racsa entraría al negocio con un tercero
En la actualidad, Radiográfica provee los servicios de escaneo en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, administrada por APM Terminals. Allí entraron al negocio con el consorcio que funciona como socio estratégico, elegido en otro concurso que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) declaró confidencial.
Mauricio Barrantes Quesada, gerente general de Racsa, admitió que tienen interés en el negocio propuesto por el SFE y que la idea es entrar junto a su socio estratégico.
La Nación reveló este lunes 18 de diciembre que el expresidente ejecutivo del Incop, Braulio Venegas Dijeres, abogado de 35 años quien debió renunciar al cargo por su relación con un sospechoso de narcotráfico del Caso Corona, fue la persona que enlazó a Racsa con Corp Low Risk.
A finales de agosto del 2022, Venegas solicitó a Radiográfica una reunión para la empresa presidida por Carlo Magno Burgos Vargas, abogado de 34 años.
El sospechoso del Caso Corona es Francisco Montes Fonseca, abogado de 35 años quien dijo en una conversación telefónica (interceptada por el OIJ) que, mediante un “amigo” “que mueve todo por detrás” entrarían en el negocio de alquilar a Racsa los predios donde los contenedores hacen espera antes de pasar por los escáneres antidrogas. También, citó que hablaría con una persona de nombre “Braulio” para que les consiguiera una cita con Racsa y con la empresa. Esto ocurrió en mayo del 2023.
El gerente del consorcio con el cual Racsa se alió, Carlo Magno Burgos, afirmó que, si bien conoce a Montes Fonseca desde su época universitaria, nunca ha “tenido ninguna relación comercial, personal ni de ningún tipo con el señor”. Agregó que nadie del grupo se ha reunido con el sospechoso para hablar de los predios.
Racsa mantiene bajo reserva los documentos relacionados con la selección de Corp Low Risk Costa Rica S. A. como socio. El gerente Barrantes se limitó a indicar que Radiográfica se encarga de la fibra óptica y la contratación de ingenieros, mientras que el socio se encarga “de la operación y mantenimiento de los componentes esenciales”.
Por 10 años
De acuerdo con la documentación disponible en Sicop, el SFE daría a Racsa y su socio el acuerdo de instalación, operación y mantenimiento de escáneres por diez años. Sin embargo, esa intención va en contra de un pronunciamiento de la Dirección Jurídica del Servicio Fitosanitario del Estado, el cual estableció que el plazo ordinario de un contrato “no podrá superar los cuatro años”.
El documento de la Dirección Jurídica, firmado por Mary Ching Sojo, agrega que existiría la posibilidad excepcional de prorrogarlo hasta diez años si existen estudios técnicos, financieros y jurídicos que lo justifiquen.
*Colaboró el periodista Esteban Oviedo
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