El nuevo Código Procesal de Familia adjudica tres nuevas responsabilidades para el Registro Civil: la celebración de matrimonios, la realización de divorcios por mutuo consentimiento en los que no haya en disputa bienes ni hijos, y la gestión de pruebas de paternidad cuando nazca un hijo presuntamente fuera del matrimonio.
Según detalló el director del Registro Civil, Luis Bolaños, tanto la gestión de divorcios como las pruebas de paternidad son procedimientos que hasta ahora se realizan en los Juzgados de Familia, lo que hace más lentos y complejos los procedimientos.
No obstante, cuando entre en vigencia el nuevo Código Procesal de Familia, en octubre de 2024, se espera que estas gestiones se resuelvan en plazos más cortos, incluso menores a una semana.
Bolaños detalló a La Nación que, con el nuevo proceso de determinación de la paternidad, un hombre que considere que un menor de edad nacido en su matrimonio no es biológicamente suyo, puede impugnar el proceso. En ese caso, deberán presentarse a comparecer ante el Registro las tres personas: madre del menor, esposo de la madre y el presunto padre biológico.
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Posteriormente, el Registro Civil enviará muestras de ADN al laboratorio encargado de las pruebas de paternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Pocos días después, se determinaría quién es el padre del menor.
“La facilidad que tendrá la gente de ir al Registro y que declaren los tres implicados lo hará mucho más sencillo que antes; además, no tiene costo, ni siquiera se necesita asesoramiento legal, igual en el caso de los matrimonios.
“La gente va a aprovechar la reforma desde el momento en que entre en vigencia el código (octubre de 2024)”, aseveró Bolaños.
“La Corte está durando dos años en una investigación de paternidad, nosotros en un trámite normal podemos durar tres meses, y en todo el país estamos notificando la resoluciones de paternidad en un promedio de ocho días. Es muy rápido”, destacó el director del Registro Civil.
Según explicó Bolaños, la ley solo le da dos posibilidades al presunto padre de un menor: reconocer al hijo, o pedir una prueba de paternidad. Si el sujeto no pide una prueba en un plazo máximo de ocho días desde la notificación, la ley automáticamente lo presume padre del recién nacido.
El Código Procesal de Familia debía entrar en vigencia en octubre del 2022, no obstante, la Asamblea Legislativa decidió posponer este límite dos años más, hasta octubre de 2024, cinco años después de su aprobación.
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Debido a estos cambios en el Código Procesal de Familia, presumiendo que habría un aumento en el cantidad de pruebas de paternidad que se tendría que realizar, el Registro Civil le pidió el 25 de octubre al Laboratorio de Genética Humana Molecular de la CCSS indicar si contaban con la capacidad técnica para atender las solicitudes.
Diez días después, el laboratorio respondió al Registro Civil que un recorte del 61% en su presupuesto para el 2023, realizado por el Gobierno de la República, pondría en riesgo el funcionamiento del laboratorio.
Finalmente, la CCSS se vio obligada a salvar con su presupuesto la operación del laboratorio, con una inversión de ¢465 millones.
No obstante, este dinero deberá ser recobrado, pues tal como explicaron el gerente financiero y el director de Presupuesto de la Caja, Gustavo Picado y Sergio Gómez, a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, según el artículo 73 de la Constitución Política, “la Caja no puede asumir gastos distintos a los que motivaron la creación de los seguros que ella administra”.
Desde su entrada en operación, en 2002, el laboratorio ha realizado 40.000 pruebas. En el 76% de los casos (30.600) el hombre señalado resultó ser el padre biológico, según las estadísticas.
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El director del Registro Civil, Luis Bolaños, reconoció su preocupación sobre la situación presupuestaria del laboratorio encargado de las pruebas de paternidad responsable.
“Los dueños del proceso de determinación de paternidad somos nosotros, el Registro Civil, y el proceso sin pruebas de paternidad se cae. Tendríamos a un montón de personas solicitando pruebas y no tendríamos la posibilidad de enviarlos a ningún lado.
“El problema para nosotros es un caos, nos afecta, pero el problema no es nuestro, sino que es de la Caja porque la ley dice que el presupuesto es para la Caja. Es un asunto en el que somos parte pero no podemos hacer nada”, replicó Bolaños.
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