Un proyecto de ley que está en sus últimas etapas obligaría al Consejo de Transporte Público (CTP) a crear una plataforma digital única que conecte a los taxistas con los usuarios, al estilo de otras conocidas como Uber o DiDi.
El plan se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos en la fase de las últimas enmiendas para pasar al plenario legislativo para su votación en primer debate.
Este expediente, presentado por el exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, en abril del 2020, señala que el CTP “implementará y pondrá a disposición de los concesionarios de taxi una aplicación tecnológica moderna que permita conectar a usuarios y a conductores de taxi, para la prestación del servicio y que a la vez sirva para evaluar la calidad del servicio, facilitando al usuario un acceso directo de comunicación”.
Asimismo, impone que la aplicación deberá tener cobertura nacional y servirá además para que los taxistas puedan verificar la vigencia de sus permisos o seguro social.
Para la administración de esa plataforma, el CTP podría realizar una tercerización, bajo los requisitos de la contratación pública.
Actualmente, la forma en que se conectan los taxistas con los usuarios es por medio de bases aglomeradas en grupos o cooperativas. Los usuarios también pueden optar por el servicio en la misma vía pública o estaciones asignadas.
Diversas iniciativas privadas han intentado conectar a usuarios con taxistas, pero sin la intervención de las autoridades estatales, como lo pretende este proyecto de ley.
El CTP, una entidad adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), es el Consejo que define la política del transporte público, sin embargo, su continuidad está en cuestión por un proyecto de ley presentado por el Gobierno para devolverlo al Ministerio.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos conocieron este proyecto de ley el pasado miércoles y acordaron hacer una consulta al departamento de Servicios Técnicos, al carecer de su criterio en el expediente.
En el dictamen de este proyecto de ley no consta el criterio del CTP en relación con las exigencias.
Cese de la emergencia pone en aprietos el plan
Cuando Masís presentó el proyecto de ley en abril del 2020, lo hizo bajo la motivación de tomar medidas para mitigar el impacto de la pandemia sobre el sector.
Sin embargo, ante el levantamiento del decreto de emergencia de la pandemia por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, los diputados no saben si procede aprobar medidas que surgieron bajo estas circunstancias extraordinarias.
Para empezar por el nombre que lleva el proyecto “Ley para la protección del taxista ante la actual crisis sanitaria, económica y social”.
Así lo manifestaron diputados de esa comisión como Vanessa Castro, del PUSC; y Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista (PLP).
Castro indicó a La Nación que se están haciendo las consultas porque el proyecto tiene carencias sobre el fondo y la forma, y tiene deficiencias en la técnica legislativa. También pone en duda su vigencia al no definir el Gobierno si estamos todavía en una pandemia o en la etapa postpandemia, según señaló.
Campos advirtió sobre la posible improcedencia de la ley, así como hizo otros señalamientos por otros alcances de la propuesta.
En esencia, este proyecto permitiría a los taxistas poner publicidad interna y externa para tener otros ingresos, además de ampliarles la posibilidad de funcionar como “mensajería” de traslado de cosas o de mascotas pequeñas.
La propuesta también contempla una exoneración de la mitad del canon que pagan estos transportistas al CTP por un año, así como la posibilidad de endeudarse para comprar carro, independientemente del récord crediticio.
Con estas nuevas funciones y la posibilidad de cobrar más dinero por medio de la publicidad, el legislador del PLP aseguró que ello podría conllevar cambios en la tarifa, misma advertencia que hizo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
Los diputados esperarán el criterio de Servicios Técnicos para definir el futuro de la propuesta; Castro afirmó que podrían incluso presentar una nueva desde el seno de la comisión si la actual no es viable.
El transporte de persona modalidad taxi es un servicio público concesionado por el Estado. Actualmente, hay más de 11.000 concesiones otorgadas, en medio de una fuerte competencia por la informalidad de plataformas que están en el país desde hace varios años.