La Municipalidad de Esparza les permitió a dos sospechosos de narcotráfico y lavado de dinero construir una bodega de arroz sin tener el permiso ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), la cual rechazó dar la autorización porque la obra está en el área de influencia de una naciente de agua.

El 1.° de octubre del 2020, el ayuntamiento de Esparza le concedió a la firma Global Trading Business el permiso de construcción para levantar una bodega de 826 metros cuadrados, en un terreno de una hectárea en el distrito Macacona, cerca de la carretera Interamericana norte.

Esta sociedad compró la propiedad en enero del 2020 y su presidente es Robert Soto Rivera, de 54 años, uno de los detenidos en el Caso Turesky.

Ese es el nombre de la investigación que llevó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a desmantelar, el pasado 25 de mayo, una presunta banda que habría invertido al menos $20 millones (¢12.400 millones) en lujosos bienes con ganancias que, según los agentes, habrían obtenido del tráfico de cocaína hacia Europa.

A su vez, Robert Soto le encargó la construcción de la bodega a la empresa Construcciones y Remodelaciones La Escarcha, la cual era representada por otro de los investigados en este caso. Se trata de Luis Guillermo Cartín Herrera, fallecido el pasado 6 de mayo a los 66 años.

La hipótesis de la Policía Judicial es que la agrupación incursionó en el cultivo de arroz y la construcción para tratar de legitimar el dinero en efectivo que conseguía del narcotráfico.

En conversaciones interceptadas por el OIJ, Soto Rivera le habría dicho a Cartín Herrera “que el arroz era para meterle plata y darle vuelta”. Además, Soto y Alejandro José Cartín Ramírez (31 años, hijo del fallecido), otro de los detenidos por el OIJ, mencionaron que el grupo edificaría la bodega y que podría costarles hasta $1,5 millones.

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Permiso antes de la viabilidad ambiental

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La Municipalidad de Esparza le concedió a Global Trading Business tanto el permiso de construcción como el permiso de uso de suelo, confirmó el ayuntamiento ante consulta de La Nación.

La autorización de construcción fue emitida cinco meses antes de que, el 13 de febrero del 2021, Luis Guillermo Cartín Herrera le solicitara a la Setena la viabilidad ambiental para la bodega de almacenamiento de arroz.

Este último trámite lo hizo a nombre de la constructora La Escarcha y con dimensiones distintas a las registradas en la Municipalidad de Esparza.

Ante la Secretaría Ambiental, Herrera indicó que el proyecto tendría 2.600 metros cuadrados de construcción, lo que incluía bodega, oficinas y zonas de carga y descarga. La parte techada abarcaría 1.560 metros cuadrados y los parqueos 1.040 metros cuadrados.

Cinco días después de presentada la solicitud, el 18 de febrero del 2021, la Setena negó el permiso para la bodega porque el área del proyecto “se ubica dentro de la zona de influencia de 100 metros de una naciente de carácter permanente, lo cual corresponde a un área ambientalmente frágil”, según el artículo 33 de la Ley Forestal.

Cynthia Barzuna, directora de la Setena, confirmó a La Nación: “Revisada nuestra base de datos, no hay una viabilidad ambiental aprobada en el sitio indicado”.

La aprobación de la Setena es un requisito ineludible para levantar una construcción de este tipo y para obtener los permisos municipales.

Pese a la carencia del permiso ambiental, la obra empezó justo después de la autorización municipal. Según imágenes aéreas de Google Earth, para noviembre del 2020, ya había movimientos de tierra en lo que antes era un potrero.

Luego, fotografías de diciembre del 2020, así como de febrero y junio del 2021, muestran el avance de una construcción similar a la presentada por La Escarcha ante la Setena.

En el sitio, La Nación comprobó que actualmente existe una estructura color blanco que quedó sin terminar, con bases de cemento y paredes de zinc. La bodega está en obra gris y sin techo.

Asdrúbal Calvo Chaves, alcalde de Esparza, argumentó que él no es el responsable de emitir los permisos. Además, negó conocer el proyecto y a los investigados.

“Yo no soy el que aprueba esos permisos”, precisó Calvo en una llamada, al ser cuestionado sobre la falta de la viabilidad ambiental en esta obra.

El alcalde insistió en que solo emitiría un pronunciamiento escrito. Mediante un oficio, únicamente precisó que, en efecto, la Municipalidad de Esparza otorgó los permisos de construcción y uso de suelo a Global Trading Business.

Vecinos que pidieron no ser identificados dijeron que la antigua dueña del terreno no había podido venderlo por la naciente de agua y que la obra quedó paralizada tras los allanamientos que derivaron en la detención de 23 personas, el 25 de mayo, por el Caso Turesky.

Si bien Soto y Alejandro Cartín Ramírez mencionaron en una conversación intervenida que la bodega podría costarles hasta $1,5 millones, también dijeron que apenas contaban con $300.000.

Este proyecto tampoco fue presentado ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Sin embargo, el 22 de junio del 2020, Global Trading Business sí registró ante el CFIA el contrato OC-930244 para una obra tasada en poco más de $333.000 y con dimensiones similares a las reportadas ante la Municipalidad, además de una tapia de 94 metros lineales.

El contrato incluye a dos ingenieros y estipula su responsabilidad profesional. Sin embargo, uno de ellos se retiró del proyecto en agosto del 2020 y el otro en junio del 2021.

Hoy, el inmueble está protegido por una tapia de concreto que se intercala con una red de varillas de hierro cubierta con sarán negro.

El alcalde de Esparza rehusó dar a conocer el valor estimado de la obra registrada ante la Municipalidad por considerarlo confidencial.

Dentro del expediente en Setena tampoco se aportaron costos estimados de las obras.

La bodega para la importación, empaque y venta de arroz se construía sobre una finca comprada por la firma de Robert Soto en unos ¢50 millones.

El terreno fue inmovilizado por las autoridades judiciales el 26 de mayo para impedir que sea trasladado o vendido a terceros mientras se da el proceso judicial por el Caso Turesky.

Según la investigación del OIJ, la banda buscaba importar máquinas empacadoras de arroz, valoradas en $200.000, para instalarlas en la bodega que construían.

La inserción del grupo en la industria arrocera fue tal que, incluso, se registraron ante el Ministerio de Hacienda como comerciantes de granos al por mayor y, ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como productores de arroz.

Soto conocía industria de arroz

Robert Soto conocía la industria arrocera. Laboró para la extinta Arrocera El Porvenir, en Puntarenas, e incluso formó parte de la Junta Directiva de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) entre el 2012 y el 2016.

En el expediente de este caso se indica que fue el encargado de conseguir la finca para la bodega y hasta de acompañar a Alejandro Antonio James Wilson, presunto líder de la banda, a al Ministerio de Hacienda para registrarse como comerciante de granos básicos.

Tanto Soto como Luis Guillermo Cartín se reunieron en varias ocasiones con el diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC) por Puntarenas, Óscar Cascante, quien les ayudó a gestionar reuniones con instituciones públicas para tratar de desarrollar negocios en vivienda de interés social y hotelería.

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