La ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez Figueres, advirtió este jueves en la mañana que, si no se aprueba el proyecto para elevar las multas por soborno, Costa Rica podría perder la oportunidad de entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el 2020.

Según la jerarca, la discusión que tienen los diputados para bajar las multas mínimas, de ¢400 millones hasta ¢8,9 millones, podría generar una fuerte pérdida de credibilidad entre los examinadores de la postulación del Estado costarricense.

El expediente 21.248, aprobado en primer debate el 3 de junio, establece que las multas a empresas que incurran en sobornos oscilarán entre los ¢446 millones y los ¢4.462 millones. Además, se aumentan las penas de prisión para el que otorgue dádivas y para el funcionario que las reciba.

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“Si no se aprueba en segundo debate el lunes, no entramos en la OCDE para 2020, porque el Comité sobre Cohecho es muy rígido y ya se verá si podemos entrar. Si seguimos sin entrar, luego de cinco años de estar con la postulación, perdemos credibilidad”, comentó la ministra de Comex.

Ella añadió que, de no cumplir con los requisitos para entrar esta vez, la Organización y los estados miembros se pondrían más exigentes, porque “nos van a decir que realmente no queremos entrar”.

Según la ministra, ya la OCDE rechazó varias de las propuestas para bajar las multas a las empresas, este miércoles, luego de que se enviaron consultas sobre las mociones que plantearon los legisladores.

La preocupación por bajar las multas e, incluso, las penas de cárcel para quienes un tribunal sentencie por soborno, surgió en el seno de Liberación Nacional este miércoles.

Al respecto, la ministra de Comercio Exterior insistió: “Si se bajan las multas, la OCDE va a decir que el proyecto no va, que no cumple con el propósito de la ley. La ciudadanía necesita protección, saber que las empresas que van a sobornar funcionarios para obtener contratos o beneficios, ya no van a poder hacerlo”.

Días antes, era el socialcristiano Pedro Muñoz quien había mantenido preocupaciones sobre la posibilidad de hacer decomisos a personas jurídicas y por la intención de procesar a las empresas por la vía penal.

“El 10 de junio es el plazo fatal, porque el comité sobre soborno sesiona el 10 de marzo del 2020 y para esa sesión se requiere nueve meses de vigencia de la ley”, comentó Jiménez.

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Multas que funcionen

Según la ministra del Comex, presente en la Asamblea este jueves por la mañana, las multas previstas en el proyecto de ley son sanciones que establece un tribunal después de un debido proceso y solo se imponen cuando se determine que una empresa haya sobornado, luego del derecho de defensa.

“Las multas tienen parámetros internacionales que dicen cuáles son las multas que funcionan, que sean disuasorias y que manden un mensaje para que no se cometa soborno”, explicó Jiménez.

José María Villalta, diputado del Frente Amplio, dijo que la discusión de este miércoles entre los jefes de fracción se agravó luego de que el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, puso sobre la mesa preocupaciones del PLN.

“En el plenario, Pedro Muñoz empezó con que los montos de las multas eran muy altos. Hay una objeción en el sentido de que debería haber un umbral diferenciado para las pymes. Eso lo planteó sobre todo Carlos Ricardo Benavides”, comentó Villalta.

El frenteamplista agregó que otros legisladores, como Eduardo Cruickshank y él, creen que una multa de 100 salarios base (¢44,6 millones) puede ser desproporcionada para empresas pequeñas y medianas nacionales.

“Obviamente estamos hablando de delitos graves, soborno, cohecho, corrupción. Estamos viendo si se puede establecer un umbral diferenciado”, comentó Villalta.