La mayoría de los partidos presentes en la Asamblea Legislativa apoyaría un proyecto de ley de salvamento para los empresarios afectados por las consecuencias económicas de la pandemia de covid-19.

El texto, presentado este jueves por la jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, permitiría postergar el pago del impuesto al valor agregado (IVA), readecuar las deudas con los bancos públicos y ajustar el pago de las cuotas obrero patronales a la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS).

Consultados por La Nación, representantes de las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN) y el Republicano Social Cristiano (PRSC), así como del bloque independiente Nueva República, vieron con buenos ojos la idea pero, a la vez, afirman que esperan propuestas de parte del Poder Ejecutivo.

El jueves, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, calificó la iniciativa como “muy acertada” y, este viernes, anunció que la próxima semana el gobierno anunciará un conjunto de medidas contracíclicas para ayudar a sectores como turismo y comercio que, hasta el momento, son los más afectados.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, considera que el proyecto del PUSC está “bien orientado”, pero adujo que, por lo que ha leído, le parece que está “demasiado focalizado en una pequeña parte de empresas inscritas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)".

Alegó que, para todo tipo de propuestas, se debe considerar que la afectación por el covid-19 será general. “Deberíamos idear métodos más generalizados y que no tengan procedimientos burocráticos de comprobación para ser aplicados”, indicó el liberacionista.

La jefa de la Unidad pretende que las medidas tengan vigencia por un plazo máximo de cuatro meses. Los beneficios tributarios y crediticios se darían a empresarios que demuestren una caída en sus ventas por consecuencia de la pandemia de este nuevo coronavirus.

En el caso de las micro y pequeñas empresas, tendrían que demostrar una reducción de al menos un 20% de las ventas en relación con el mismo mes del año anterior. Las demás empresas, sin importar el tamaño, podrían acceder a los beneficios si la reducción es de al menos un 35%.

Gustavo Viales, también de Liberación, apuntó que la propuesta debe discutirse y asegurarse que, si las empresas acceden a beneficios tributarios, a la vez estén comprometidas a no generar despidos, para no afectar la ya de por sí complicada recaudación de impuestos. “Si se suma desempleo, la medida no serviría de nada”, apuntó.

El verdiblanco añadió que la propuesta del PUSC debería servir de complemento para propuestas generadas desde el Ejecutivo y que lo más correcto es que allí se estén produciendo iniciativas, porque son quienes tienen información sobre cuánto afectaría la pandemia al país.

PAC: ‘Valoramos positivamente estas iniciativas’

La jefa del PAC, Nielsen Pérez, manifestó que, en términos generales, valora “muy positivamente este tipo de iniciativas".

“En este caso concreto, habría que analizar el espacio fiscal que la medida tiene, lo cual hay que verificar con el Ministerio de Hacienda, así como los tiempos establecidos en el proyecto. Hay que profundizar ese punto, para no generar inconvenientes posteriores para las empresas”, indicó.

La socialcristiana María Inés Solís sostiene que el objetivo es que la pandemia no haga crecer el desempleo por encima del 12% registrado hasta el momento.

En cuanto a las medidas específicas, el plan permitiría que las empresas posterguen el pago del IVA hasta tres meses. A partir del cuarto mes, los contribuyentes tendrían que pagar, cada 30 días, un tercio del monto que dejaron de pagar durante el periodo crítico hasta cancelarlo, con intereses según la tasa básica pasiva.

Eduardo Cruickshank, vocero de Restauración Nacional, cree que está en manos de Hacienda analizar las medidas para definir si son pertinentes para ayudar a los sectores afectados y, al mismo tiempo, para “mantener el equilibrio fiscal”.

“No quisiéramos que, por ayudar a algunos sectores en tiempos de flaqueza, se perjudique la parte fiscal”, comentó.

El restauracionista apuntó que aún no podría decir si las propuestas de la Unidad son acertadas, porque no han tenido tiempo de analizarlas en detalle.

Nueva República: ‘Es una buena alternativa’

Carmen Chan, vocera del bloque independiente Nueva República, respondió que ya ha conversado de la propuesta del PUSC con los demás fabricistas y que la consideran una buena alternativa, pero que también se debería considerar a sectores como el agropecuario y el de pesca, “que tanto han venido solicitando exactamente lo mismo”.

“Es una lástima que esta idea salga de la oposición y no del Gobierno. No vemos que tengan un plan B, no solo en el tema del coronavirus. Vemos una pasividad y nos llama la atención que tomen decisiones hasta hoy”, dijo Chan.

El proyecto de la diputada Solís establece que los patronos y sus trabajadores se pueden poner de acuerdo para reportar ante la CCSS salarios por una fracción de la jornada completa, durante un periodo definido, no mayor a cuatro meses, con tal que de los patronos puedan pagar cuotas de seguridad social sobre salarios más bajos y jornadas más cortas, para evitar despidos.

En el PIN, el legislador Walter Muñoz expresó que la crisis de los empresarios no tiene que ver con el coronavirus, sino con los “efectos del plan fiscal. Avaló que se pueda partir de la propuesta de la Unidad, pero hacer “algo más integral, que vaya más allá de la situación coyuntural”, para la reactivación empresarial del país.

En tanto, Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Critiano, dijo que “es un buen comienzo para empezar a discutir”, pero también lanzó la preocupación de que eventualmente beneficie solo a micro, pequeñas y medianas empresas.

“Pueden cerrar diez empresas pequeñas y no necesariamente verse obligada a cerrar una grande. Pero si cierra una empresa grande, se puede llevar con ella muchísimas empresas pequeñas que subsistían gracias a la grande”, indicó Dolanescu.

Las propuestas socialcristianas para las deudas bancarias de las empresas pasa por permitirles a los bancos del Estado y al Popular hacer ajustes en los créditos de las compañías que tengan efectos negativos por el covid-19.

Entre esas medidas crediticias estarían la reducción de tasas de interés activas, la capitalización de gastos por intereses, la ampliación de plazos de la operación de crédito o una combinación de las tres.