EscucharEl Tribunal de la Inspección Judicial no encontró ninguna actuación anómala por parte de la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Criss González Ugalde, a quien el presidente de la República, Rodrigo Chaves, cuestionó públicamente en enero por haber solicitado la desestimación de una denuncia anónima en contra del empresario Leonel Baruch Goldberg, socio del medio de comunicación CRHoy, sobre un supuesto caso de evasión fiscal.
En la resolución número 2023-001072, emitida el pasado 30 de marzo, el Tribunal desestimó la causa y ordenó archivar el expediente al concluir que no hay elementos que configuren una falta disciplinaria administrativa por parte de la fiscala.
La Inspección Judicial abrió el proceso de oficio, el 26 de enero pasado, a causa de unas declaraciones del presidente, quien alegaba un presunto conflicto de interés de parte de González
Chaves dijo que la funcionaria debió inhibirse porque había sido subalterna de Baruch.
Sin embargo, Criss González aclaró que ella ni siquiera conoce al empresario. Explicó que, en 1999, trabajaba en la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda bajo la dirección de la licenciada Dagmar Hering.
En aquella época, Baruch Goldberg era ministro de Hacienda, pero ella, en enero del 2000, pidió un permiso sin goce de salario porque obtuvo una beca de los gobiernos de Estados Unidos y Chile para estudiar una maestría. Se retiró de la función durante los años 2000 y 2001. En aquella época, tenía 25 años.
Sostuvo que, a la luz del artículo 55 del Código Procesal Penal, no tiene amistad ni enemistad manifiesta con Baruch.
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El presidente Chaves también cuestionó que la fiscala hubiese solicitado la desestimación del caso del empresario el 2 de enero del 2023, durante el periodo de descanso del Poder Ejecutivo.
Al respecto, la Inspección Judicial señaló que, si bien Criss González Ugalde emitió la desestimación de la causa penal 22-000070-621-PE en ese periodo, esta obedeció al rol y plan de trabajo establecido por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos para laborar durante el cierre colectivo de diciembre 2022 y enero 2023.
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“Así las cosas, a partir de lo anterior, no se podría afirmar válidamente que hubo un interés indebido en la tramitación de expediente 22-000070-621-PE, por parte de la licenciada González Ugalde”, reza la resolución del órgano disciplinario.
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La fiscala Criss González salió airosa de un proceso abierto en la Inspección Judicial, el cual empezó por declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Foto: Archivo (Jose Rivera )
El 19 de enero, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el director de Tributación, Mario Ramos, anunciaron el traslado al Ministerio Público de un supuesto “megacaso” de evasión fiscal ocurrida entre el 2008 y el 2015.
Se trataba del expediente contra Baruch Goldberg. No obstante, los jerarcas omitieron decir que, desde el 9 de enero, la Fiscalía había notificado a Tributación de que se había solicitado la desestimación del asunto.
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El empresario afirmó que la denuncia anónima es una falsedad del Gobierno para dañar intencionalmente la reputación del Banco BCT, del cual él también es socio, “y ulteriormente dañar a CRHoy, un medio de comunicación que ha sido transparente y que no se ha dejado intimidar al denunciar las irregularidades de esta y otras administraciones”.
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En cuanto a la solicitud de desestimación, la fiscala explicó que esta se debió a que se requería de una colaboración del Ministerio Público de Panamá, pero las autoridades judiciales panameñas indicaron que no podían ayudar porque, en el país vecino, los delitos de defraudación fiscal no fueron tipificados sino hasta el 31 de enero del 2019; antes, tales conductas “eran competencia de la esfera administrativa y no penal”.
“Lo anterior significaba que la asistencia penal internacional no resultaba viable, toda vez que los hechos delictivos investigados en Costa Rica no estaban sancionados penalmente en Panamá, es decir, que estaba ausente la doble incriminación requerida para su tramitación y diligenciamiento.
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“Esto no permitiría seguir con la investigación de la denuncia al no tener elementos para contrastar la maniobra defraudatoria denunciada”, explicó la fiscal.
La denuncia anónima indicaba que una empresa domiciliada en Costa Rica trasladó a una empresa holding vinculada, domiciliada en Panamá, $65 millones, y que ambas empresas pertenecen a la misma persona física.
“A su vez, una entidad financiera panameña, también vinculada a la misma persona física y a la empresa costarricense, efectuó un préstamo por $65 millones a esta empresa. La garantía por tal préstamo fue brindada por la empresa holding panameña”, había informado el Ministerio de Hacienda.
El 30 de enero, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, rechazó la solicitud de desestimación.
Ahora, el Ministerio Público debe determinar qué hace con el expediente, si lo apertura, continúa con la investigación o mantiene la desestimación.
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