El Gobierno anunció hoy que convocará a instituciones públicas y sindicatos a un diálogo con la intención de construir un proyecto de reforma a la ley de empleo público, la cual entrará a regir el próximo 10 de marzo y constituye una de las principales medidas de equilibrio fiscal pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mientras en la Asamblea Legislativa aún se discute un proyecto de un diputado del PLN que postergaría por dos años la entrada en vigencia de la ley, Zapote decidió convocar mesas de trabajo organizadas según las familias de puestos definidas en la ley. Estas familias son:
- Empleados bajo el Estatuto de Servicio Civil
- Ciencias de la salud
- Funciones policiales
- Docentes
- Docentes y académicos de educación técnica
- Servicio Exterior
- Cargos de confianza
El objetivo principal de esta ley es sustituir el actual sistema de sueldo base más pluses salariales por un esquema de salario global, en el que se asigna una remuneración a cada puesto laboral. La intención es prescindir de los disparadores del gasto como las anualidades y que se eliminen las disparidades salariales.
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Sin embargo, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, argumenta que la ley tiene defectos y huecos legales, por lo que buscará una construcción “colectiva”.
Hace menos de un año, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Laura Fernández, afirmó que la instrucción del presidente Chaves era implementar “a cabalidad” la ley, sin renegociaciones ni prórrogas.
Para el diálogo, el Gobierno invitará a:
- Los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa
- El Poder Judicial
- El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
- La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
- Las municipalidades
- Rectores de universidades públicas
- Jefes de Unidades de Recursos Humanos de instituciones del sector público central y descentralizado
- Sindicatos representantes de diversos sectores de funcionarios públicos
Casa Presidencial agregó que habrá “reglas de oro” sobre el proceso que “deben ser negociadas y aceptadas entre todos los participantes”.
En cada mesa habrá un moderador y los participantes harán propuestas de reforma sobre artículos que, en su criterio, puedan tener “problemas para su implementación o que generan portillos inconvenientes”, dijo la ministra de Planificación.
Agregó que habrá observadores externos del Colegio de Abogados y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Si bien las instituciones con autonomía e independencia podrán fijar sus propios salarios globales, la Sala IV aclaró que el Ministerio de Planificación podrá fijar los sueldos de los “puestos comunes” en todo el sector público, no así los de los esenciales en las labores autónomas.
Chaves criticó lo que él considera defectos y falencias de la ley de empleo público, porque “ahora las municipalidades y el Poder Judicial dicen que todos los puestos de ellos son exclusivos y excluyentes, y que no entran en la Ley de Empleo Público. Para ellos, un chofer manejando el mismo carro, en las mismas carreteras, es un puesto exclusivo. Es decir, dicen que les saquemos al chofer porque son diferentes para efectos de la ley. Eso es absurdo”.
Según el mandatario, esto se debe a que la ley dejó un hueco legal. Añadió que “la ley es un mamotreto”, pero “eso es lo que hay, y la vamos a implementar”.
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Antecedentes
El Gobierno sacó a consulta una propuesta de reglamento para implementar la ley. Sin embargo, ha recibido críticas.
Por ejemplo, a pesar de la introducción del salario global, el Ejecutivo plantea mantener en el nuevo esquema el pago del salario escolar, a pesar de que especialistas lo consideran “desafortunado”, porque “crea confusión y portillos”.
La reforma al empleo público no incluyó el salario escolar dentro del esquema global, pero el Mideplán propone que del salario global mensual de cada funcionario público, se tomará un 8,33% que se acumulará durante el año y posteriormente se cancelará como salario escolar, en enero.
La abogada laboralista, Paola Gutiérrez, consideró que esta propuesta no solo desnaturaliza la esencia de un salario único (global), sino que también va en contra de la ley. “Mediante reglamento no es posible alterar o modificar el esquema de salario global definido por ley, y mantener el salario escolar es una alteración significativa al modelo de salario único”, dijo.
La Procuraduría General de la República (PGR) también advirtió de que el reglamento contiene una redacción confusa para el caso de que un funcionario público reciba un ascenso, una vez que entre a regir el salario global.
La redacción puede conducir a la duda al momento de su eventual aplicación, señaló la procuradora general adjunta Magda Inés Rojas.
Según un documento enviado al Mideplán, el transitorio I del reglamento no aclara el tipo de remuneración que recibirán los funcionarios actuales que reciban un ascenso, en caso de que el salario global del cargo al que va sea inferior a su remuneración anterior.
El transitorio establece que, cuando un servidor sea ascendido, el salario global debe ser superior a la remuneración total ordinaria del puesto anterior. Sin embargo, a la vez dice que, si lo anterior no ocurre, se le mantendrá el salario compuesto de salario más pluses.
De acuerdo con la Procuraduría, la norma no aclara si el salario compuesto que se mantiene en el ascenso es el del puesto inferior o el del nuevo cargo.
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La ley establece que los nuevos empleados públicos entrarán bajo el régimen de salario global, el cual consiste en el pago de un monto único según la categoría laboral, sin necesidad de pluses salariales.
En cuanto a los funcionarios actuales, no se les puede bajar el salario si su remuneración es mayor al salario global de su puesto. Verán congelados los incrementos tanto en la base como en los incentivos, incluidas las anualidades, hasta que el salario global los alcance.
Solo podrán recibir incrementos por costo de vida si la deuda pública baja y el país sale del peor escenario de la regla fiscal.
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