Este jueves, por segunda ocasión consecutiva, fracasó un intento del Gobierno para que los diputados aprobaran en primer debate el crédito rápido del Fondo Monetario Internacional (FMI), por $508 millones, en el plenario de la Asamblea Legislativa.

Se trata de un préstamo de apoyo para financiar los gastos del Estado que, a su vez, abriría la puerta a la negociación de un crédito tipo stand by, por $2.250 millones, con el mismo FMI, en el cual el país se tendrá que comprometer a tomar medidas de estabilidad económica.

En la sesión del martes anterior, un nutrido grupo de 20 legisladores había bloqueado el avance del crédito rápido, cuando se intentó extender la sesión plenaria para proceder a su votación en primer debate.

En el intento de este jueves, de nuevo un grupo de diputados bloqueó el avance de la iniciativa al rechazar la moción para extender la sesión de la mañana, de manera que se pudiera terminar el espacio de discursos previo a la votación.

El grupo en contra lo integraron legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el bloque independiente Nueva República, el Partido Integración Nacional (PIN) y congresistas independientes.

A ello se unió una muy débil asistencia al plenario. En los últimos días, asisten entre 40 y 45 parlamentarios, lo que genera que, a la hora de las votaciones, los resultados finales sean inciertos.

También influye la ausencia del Gobierno en negociaciones directas con las bancadas minoritarias y el reclamo de los independientes, desde inicios de agosto, de que los excluyeron de las reuniones en la Casa Presidencial.

Las bancadas mayoritarias de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Restauración Nacional (PRN), intentaron adelantar la discusión, a través de una moción para acelerar la segunda parte de la sesión del plenario, en la que se discuten proyectos de ley.

Sin embargo, en dos votaciones, el bloqueo de independientes y minoritarios, con apoyo de legisladores del PIN y del PUSC, impidió aprobar la moción.

La primera votación tuvo votos negativos de los fabricistas Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Jonathan Prendas, Nidia Céspedes, Marolin Azofeifa e Ignacio Alpízar, así como de los independientes Dragos Dolanescu y Erick Rodríguez.

En la segunda votación se sumaron al voto negativo la subjefa del PUSC, Shirley Díaz; Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN.

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Casi todos ellos adelantaron, además, su voto negativo cuando el crédito rápido del FMI sea finalment sometido a primer debate.

Segundo debate en riesgo

Para aprobar un financiamiento internacional, se requiere de 38 votos (mayoría calificada) en el plenario de la Asamblea Legislativa, en su votación final.

Aunque hay votos suficientes para aprobar el proyecto en primer debate, donde se requiere solo el apoyo de la mayoría de los diputados presentes, no es segura la mayoría calificada para el segundo debate.

El grupo de los seis fabricistas anunció que votará en contra del proyecto, al igual que Díaz y Pablo Abarca, del PUSC, y el independiente Rodríguez.

Según Enrique Sánchez, jefe del PAC, en el camino del crédito se suma un ánimo expreso de varios legisladores por obstaculizar, además de una débil asistencia.

“En nuestra fracción hemos advertido de que no podemos dar permisos para ausentarse. Hay que revisarlo en todas las fracciones”, alegó el oficialista.

La presidenta de la Comisión de Hacendarios, la liberacionista Silvia Hernández, criticó que legisladores como Pablo Abarca, del PUSC, anunciaran que votan negativo en el primer debate, a la espera de que le hablen del Gobierno antes del segundo debate.

Hernández también criticó al Gobierno por la falta de acciones por lograr una efectiva negociación con absolutamente todas las fracciones, pues alegó que anteriores exclusiones de tiendas políticas le están poniendo cuesta arriba, ahora, la aprobación del proyecto.

Por su parte, la jefa de Restauración, Xiomara Rodríguez, apuntó que, si bien el Ejecutivo ha tenido su cuota de responsabilidad, son ahora los diputados los que deben cumplir con su parte en lo que les toca, cuando se trata de un crédito tan beneficioso para el país.

Deuda barata, en lugar de deuda cara

El principal objetivo del Gobierno con el crédito es utilizarlo para cambiar financiamiento más caro por deuda con condiciones más baratas, en particular la tasa de interés, y así cubrir los gastos del Presupuesto Nacional 2020 en mejores condiciones.

Según el Ministerio de Hacienda, ese financiamiento permitiría un ahorro de $100 millones durante los cinco años de plazo del empréstito.

Si el Gobierno se ve obligado a buscar financiamiento en el mercado local, en cambio, tiene que acceder a deuda mucho más cara, con tasas anuales del 7,5%.

Tal como lo decidió la Comisión de Hacendarios, el 90% del préstamo se utilizará para apoyo presupuestario y el 10% restante, o sea, $50 millones, para amortizar la deuda del Gobierno Central con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).