El Ministerio Público decidió acusar formalmente a dos hombres de haber donado ilegalmente dos viajes en helicóptero a la campaña de Fabricio Alvarado, en el 2018, cuando el político era candidato presidencial del partido Restauración Nacional.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó de la decisión en un oficio enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) la semana anterior.
Los imputados son Paulo Rodríguez Herrera, un empresario ganadero, a quien el partido reportó como donante de los dos viajes en helicóptero, y Jorge Luis Quirós Bolaños, el presidente de la sociedad anónima Inversiones Goldcafé, empresa que, en apariencia, habría pagado esos vuelos.
La Fiscalía les atribuye los presuntos delitos de uso de documento falso e infracción al artículo 274 del Código Electoral, el cual prohíbe y sanciona las contribuciones de personas jurídicas. Ambos delitos son castigados con penas de prisión que van desde un año hasta los seis años.
Las pesquisas comenzaron en agosto de 2018, hace más de dos años, luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) denunciara que Paulo Rodríguez sería un “testaferro” que se usó para ocultar a los verdaderos donantes de los viajes en helicóptero de Fabricio Alvarado a varias comunidades de Puntarenas, el 18 de febrero de ese año.
“Los hallazgos permiten visualizar que este testaferro (Paulo Rodríguez Herrera) facilitó su nombre con el objetivo de encubrir el delito relacionado con la prohibición estipulada en el numeral 128 del Código Electoral, prohibición de la contribución de extranjeros y personas jurídicas”, señala el informe de 29 páginas enviado por el órgano electoral.
Tanto Rodríguez como Quirós dijeron desconocer el alcance de las pesquisas del Ministerio Público y que no se iban a referir al respecto mientras no reciban una notificación de la acusación.
Ante una consulta telefónica de este medio, Rodríguez insistió en que él pagó los vuelos en efectivo y que el dinero no provenía de ningún tercero. También, dijo que existe una confusión de dinero y que se están haciendo malas interpretaciones.
“Goldcafé es una empresa de un muy buen amigo mío, pero nada que ver. Los vuelos yo los cancelé en Jicaral y en efectivo a los pilotos, un día domingo, siguiendo los lineamientos que me dio Juan Carlos Avendaño (personero de Restauración Nacional), quien era quien manejaba todo eso. No hay dinero de terceras persona, de nadie, la totalidad lo cancelé yo”, expresó Rodríguez.
Quirós por su parte afirmó: “A mí no se me ha hecho ninguna acusación, solo fui convocado a declarar, pero yo no tengo ninguna acusación formal (...). No me voy a referir a eso por teléfono porque no tengo ninguna acusación”.
La Fiscalía reportó la acusación a la Procuraduría con la intención de conocer si el abogado del Estado participaría como querellante en esta causa, de previo a solicitar al Juzgado Penal la apertura del juicio.
Así lo confirmó la oficina de Prensa de la PGR, ante una consulta de este medio: “La comunicación del expediente de cita se recibió el día 11 de noviembre de 2020. Posteriormente, mediante oficio ADP-1536-2020, del 12 de noviembre, se solicitó dispensa y, el 13 de ese mismo mes, por medio del escrito ADP-ESC-10221-2020, se comunicó a la Fiscalía que no se iba a presentar querella ni acción civil”.
Por su parte, el Ministerio Público informó, también a través de su equipo de Comunicación, que el caso se tramita bajo el expediente N.° 18-000106-1218-PE y “se encuentra en la etapa final de investigación”, por lo que no puede brindar más información porque el expediente es privado para terceras personas.
Los hechos denunciados
En el relato de los hechos enviado por el TSE a la Fiscalía, se detalla que dos sociedades anónimas habrían pagado esos vuelos a la empresa aérea Heliservicios Aerobell, dueña de las aeronaves, y no Paulo Rodríguez, como reportó oficialmente Restauración Nacional en la liquidación de gastos presentada al cierre de febrero de ese año.
Ante el TSE, Restauración informó de que esos viajes le costaron a Rodríguez $3.770 (unos ¢2.159.000 de entonces) y como respaldo apartó una declaración jurada del ganadero y dos facturas de Aerobell a su nombre.
Además, Rodríguez declaró que él pagó los vuelos en efectivo, con dinero que su mamá le facilitó. En específico, citó un retiro de ¢2.158.000 que ella hizo en Coopenae R. L., por concepto de “devolución por renuncia”.
Sin embargo, el Tribunal descubrió que, de los $3.770, en realidad $2.130 fueron desembolsados por dos sociedades anónimas y que los $1.640 restantes fueron depositados por un mensajero de Aerobell y no por Rodríguez, hecho que hizo dudar al órgano electoral sobre el origen real de esos recursos.
Una de esas dos sociedades sería Inversiones Goldcafé, la cual es presidida por Quirós Bolaños, de acuerdo con lo consignado en el informe DFPP-IE-PRN-002-2018 que el TSE entregó el 31 de julio de 2018 a la Fiscalía.
LEA MÁS: Carlos Avendaño denuncia 'estructura paralela' en financiamiento de campaña de Fabricio Alvarado
El ente electoral llegó a esa conclusión porque la empresa Aerobell le informó de que los $3.770 se pagaron el 21 y 22 de febrero mediante tres desembolsos y solo uno de ellos, de $1.640, en efectivo.
Esa información contradice a Rodríguez, quien había dicho al Tribunal, en una declaración jurada, que el monto total había sido pagado en efectivo.
Según el órgano electoral, los otros dos giros se hicieron mediante transferencias electrónicas a la cuenta de la empresa aérea en el Banco de Costa Rica (BCR), desde dos cuentas bancarias distintas. Uno por $1.250 y el otro por $880.
Ninguna de esas dos cuentas está ligada a Paulo Rodríguez, sino a dos sociedades anónimas totalmente ajenas a él: Inversiones Goldcafé y Punta Gabriela de Dominical. De esa forma lo constató el Tribunal en una consulta al Área de Investigaciones Bancarias del BCR.
El Código Electoral prohíbe la donación de personas jurídicas a partidos políticos y sanciona a quien lo haga con penas de prisión de dos a cuatro años, al tiempo que establece multas económicas.
Aunque el TSE también citó como posible responsable de estos hechos al representante legal de Punta Gabriela de Dominical S. A., el estadounidense Murray Jesse Maurer II, dueño del hotel de lujo Punta Gabriela, ubicado en playa Dominical, él no aparece entre los imputados de la Fiscalía.
Tampoco, figura la tesorera del partido, Jéssica Sequeira ni el resto de miembros del Comité Ejecutivo, a quienes el Tribunal señaló como supuestos responsables indirectos por haber recibido una donación ilegal.
LEA MÁS: TSE investiga supuesta donación ilegal de viajes aéreos a Fabricio Alvarado
Solvencia económica de ‘testaferro’
Otro hecho que encendió las alarmas del Tribunal es la solvencia económica del “empresario” Rodríguez, pues además de las declaraciones juradas que él aportó, no existen más pruebas que confirmen su versión.
El pago de los $1.640 en efectivo fue depositado en el BCR por uno de los mensajeros de Aerobell, de apellidos Valverde Guillén.
Además, al tiempo que donó esos $3.770 –poco más de ¢2 millones–, Rodríguez apareció dentro de la planilla de Restauración, con un salario de ¢1,5 millones, en febrero, el mismo mes que se hizo la donación.
Aunado a ello, en la liquidación final de la campaña, el PRN registró que a él se le hicieron otros tres pagos de ¢280.000 por servicios especiales, es decir, ¢840.000. Entre ambos rubros, recibió casi ¢2,4 millones.
Ante esas dudas, el Tribunal le solicitó que justificara su solvencia económica y el origen de los recursos con que pagó los dos vuelos para la gira proselitista.
Ante tal petitoria, él alegó que los desembolsos a Aerobell los hizo en efectivo y que, el dinero se lo facilitó su mamá. Como prueba de ello, aportó un recibo de la Cooperativa Nacional de Educadores R. L. (Coopenae), donde consta que ella retiró ¢2.158.000, por concepto de “devolución por renuncia”, el 31 de enero, mes y medio antes de la donación. Además, adjuntó una nota donde ella certifica, con su firma, que entregó el dinero a su hijo.
Este no es el único caso que la Fiscalía abrió en torno al financiamiento de esa campaña electoral del 2018, también indaga una la supuesta estructura paralela que financió parte de la campaña electoral de Fabricio Alvarado, quien dejó las tiendas de Restauración Nacional para fundar un nuevo partido: Nueva República.
LEA MÁS: Excolaboradoras de campaña de Fabricio Alvarado revelan ‘cena de recaudación’ no reportada al TSE
LEA MÁS: Sociedad anónima pagó alquiler de sede de campaña de Restauración Nacional