Fernando Castillo: ‘Es una bomba de tiempo la situación social del país’

El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, describe a esa institución como un barco, cuya tripulación, por lo general, le toca navegar en aguas agitadas, sin previo aviso. Así ha sido durante los últimos años, durante los cuales le ha tocado sortear tormentas como la pugna por el matrimonio igualitario, la reforma fiscal y las leyes que regulan las huelgas y ordenan el empleo público.

Los magistrados de la Sala IV han tomado decisiones sobre todos esos temas al tiempo que experimentan un crecimiento exponencial en la cantidad de recursos que los ciudadanos presentan para su conocimiento. Solo entre enero y noviembre de este año, el tribunal recibió poco más de 26.000 gestiones.

En entrevista con La Nación, Castillo dijo que bajo esas circunstancias, su esperanza es que los líderes políticos puedan conducir el país a buen puerto y solucionen temas recurrentes que inundan las oficinas de la Sala: listas de espera en servicios de salud, conflictos por pago de salarios en el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el atraso en las citas para el examen de manejo, con el fin de que los magistrados puedan abocarse a los demás temas que reclama la población.

El jerarca, además, afirma que el gran problema de Costa Rica es el deterioro social, impulsado por una desigualdad que marca cada vez más la diferencia entre ricos y pobres. Castillo califica tal situación como “una bomba de tiempo”, que amenaza con estallar si no se atiende urgentemente.

Para el jerarca de la Sala IV hay un antes y un después de la creación de este órgano. A a continuación la entrevista que concedió a este diario, a pocos días para que concluya el 2022.

—En su opinión, ¿cuáles son los cambios estructurales más importantes que ha experimentado el país a raíz de sentencias de la Sala Constitucional, desde su creación en 1989?

—El primer fallo relevante es el famoso que dictó la Sala sobre el debido proceso, ese fallo que redacta la Sala en sus inicios vino a cambiar todo lo que era la visión en cuanto a la tramitación no solo de los procesos penales, sino de todos los procesos administrativos.

“Otra tiene que ver con protección del ambiente, con motivo de un recurso de amparo que presentaron don Óscar Soley Soler y don Rolando Laclé Castro, jefes de fracción del PLN y el PUSC, a propósito de un recorte que se hizo al frente de la Nissan, en La Sabana, y ahí la Sala en esa sentencia empieza a visualizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

“Hay otras sentencias importantes que tienen que ver con el tema del derecho fundamental al consumo de agua potable y con el derecho a la Salud, que 30 años antes de que la Corte Interamericana reconociera el derecho a la salud como un derecho autónomo, ya la Sala siembra ese tema.

“También hay sentencias polémicas, como la de la reelección presidencial o la que tuvo que ver con la contribución adelantada a los partidos políticos. Recientemente, en materia parlamentaria, la que tiene que ver con hasta dónde llega el derecho de enmienda de los diputados, sentencias polémicas como la del matrimonio entre personas del mismo sexo, o la del fortalecimiento de las finanzas públicas”.

—Y ya hablando del país en general, ¿cómo cree que ha cambiado, a propósito de la existencia de la Sala, desde su creación?

—Para mí, la creación de la Sala Constitucional y la promulgación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional están dentro de las decisiones políticas fundamentales más importantes que ha adoptado la nación costarricense, comparables con la abolición del Ejército y con la creación del Tribunal Supremo de Elecciones. Es una decisión de tal envergadura, que prácticamente establece un parteaguas: la Costa Rica de antes de la Sala Constitucional es muy diferente de la Costa Rica de después de la Sala.

“Hoy en día existe la posibilidad de que cualquier habitante de la República tenga una tutela efectiva de sus derechos fundamentales. Antes de la Sala, las arbitrariedades que se cometían era una cosa terrible. Lo otro es que eso vino a cambiar la cultura política, hoy un día ningún gobierno ni ningún partido político, en su praxis política, puede dejar de lado los criterios de la Sala Constitucional. La sola existencia de la Sala es un disuasivo para quienes ejercen el poder, porque saben que sus actos tienen que estar siempre en sintonía y en armonía con el derecho de la Constitución y con el respeto a los derechos humanos”.

—En esa trayectoria, ¿cuáles han sido las coyunturas más críticas que ha experimentado la Sala, en términos de presión, o de escrutinio?

—Han habido momentos de tensión. Hubo un periodo que yo llamo de la consolidación, que es de 1989 al 2002, y viene un famoso periodo de la confrontación, que es cuando se dictan sentencias que tienen que ver con la reelección presidencial, todas aquellas opiniones consultivas con motivo de la agenda complementaria del Tratado de Libre Comercio (con Estados Unidos) y el tema de Crucitas; fueron momentos muy tensos para la Sala.

“Otro tema de gran tensión para la Sala fue el de la no reelección del magistrado Cruz Castro, en el año 2012, que eso generó todo un movimiento social y de repudio a la no reelección de este magistrado, no porque la Asamblea Legislativa no pudiera reelegirlo, el problema era por qué no lo reelegían. Cuando se decía, ‘a este magistrado no se le reelige porque ha tenido una determinada posición y además se les advierte a los futuros magistrados de lo que les puede pasar si no se portan bien’.

“Luego tuvimos situaciones de tensión con el tema de matrimonios entre personas del mismo sexo, el tema del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el tema que reguló a las huelgas, y finalmente el de la ley de empleo público. Es decir, el Tribunal siempre está navegando en tiempos de aguas picadas. Hay momentos de gran bonanza y quietud, pero hay momentos en los que el mar está picado”.

—¿Ahorita, está picado o un poco más calmado?

—Esperaría, aunque uno nunca sabe, uno esperaría que los próximos años sean de mayor tranquilidad, que los actores políticos de acuerdo con su visión y sus atribuciones constitucionales puedan llevar a buen puerto lo que ellos consideren que es mejor para el país, y la Sala por supuesto está en una situación de expectativa. Uno esperaría eso, no situaciones como las que se vivieron en el 2018 o el 2021, pero uno nunca sabe. Aquí cuando uno menos lo espera, como dicen popularmente, salta la liebre.

—¿Cómo calificaría a la Costa Rica del 2022?

—Desde la óptica constitucional, somos un Estado que está en un nivel muy alto, y esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y los parámetros internacionales. Costa Rica está catalogada como una democracia plena. Creo que si se apuntalaran ciertos aspectos podríamos estar en un nivel todavía más alto.

“Ahora, y esto lo digo a título muy personal. El gran problema de nuestro país es el deterioro social. Cuando uno estudia el último informe del Estado de la Nación, creo que es una situación que no se le puede dar mayor atraso, es una bomba de tiempo la situación social y es un tema al que hay que ponerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque desde la óptica de la Constitución, y en eso ha sido muy clara la Sala, nosotros somos un Estado social de derecho. Somos un Estado que no solamente enfatiza la libertad y la eficiencia económica, también tiene que enfatizar la justicia social”.

—¿Cuáles serían algunas de esas otras áreas que se deberían apuntalar para estar mejor?

—Pienso que el tema de la salud, es importante que a raíz de la sentencia estructural, y máxime que quien dictó la sentencia es hoy la presidenta ejecutiva (de la Caja Costarricense de Seguro Social), haya una solución a corto plazo, porque eso no solamente va a descongestionar el tribunal, sino que va a traer un mayor bienestar a los usuarios de los servicios de salud.

“El otro tema, vinculado a los derechos fundamentales, tiene que ver con el rezago educativo. Es importante porque entre mejor y más preparadas estén las personas, vamos a tener mejores funcionarios públicos y mejores trabajadores.

“Y lógicamente, el otro tema que hablábamos, en esto está llegando mucho amparo contra el IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social). Al aumentar los niveles de pobreza y, sobre todo, la pobreza extrema, las solicitudes de ayuda social son mayores y vemos todo el tema de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja.

“Es preocupante que en Costa Rica haya una informalidad del 44%, personas que no están cotizando para la vejez, son temas que ve la Sala Constitucional que deben ser mejor diseñados y mejor ejecutados por las administraciones públicas”.

—¿Cree que este deterioro social, puede estar relacionado con hacernos un país más conflictivo, en la relación de las instituciones con las personas?

—Bueno, lo que dicen los últimos datos es que cada vez somos un país más desigual, es decir, quienes están mejor ubicados en la pirámide social, y los que están en la base, cada vez la diferencia es más amplia. Como lo ha dicho el tribunal constitucional alemán, el Estado social de derecho es aquel que le garantiza a todos los habitantes de la República aquel mínimo vital, es decir, condiciones económicas que les permitan no estar en pobreza, y ese es un déficit que tiene la sociedad costarricense.

—Sobre la Sala propiamente. Ustedes vienen experimentando un importante aumento en la carga de trabajo, solo este año han recibido poco más de 26.000 casos. ¿Hasta qué punto es sostenible eso?

—No, ya no es sostenible. La Sala está haciendo un esfuerzo a costa de la salud de los funcionarios y de los mismos magistrados y magistradas, si el circulante aumenta más hay que buscar una solución estructurada.

—¿Qué podría ayudarles?

—Una opción que se pensó en algún momento es sacar la Sala del Poder Judicial, crearla como un Tribunal independiente, pero uno no es iluso y no se visualiza esa opción a corto plazo. Se han presentado otras propuestas, como crear los tribunales constitucionales, de tal manera que no sea solo un tribunal a nivel central, sino que haya otros a nivel regional que vean los amparos, pero todas esas soluciones requerirían de una reforma a la Constitución.

—Eso también tomaría tiempo ¿Qué puede pasar en el corto plazo?

—Lo que podría uno esperar, es la esperanza de que esos problemas de gestión administrativa que se presentan con listas de espera, con el caso de las diferencias salariales del MEP, con las citas de la prueba práctica de manejo, que las administraciones solucionen eso o que, por lo menos, los problemas no sean tan agudos y podamos nosotros liberar tiempo.

“Lo otro importante es que Dios nos dé salud y sigamos con la mística de seguir prestando un servicio de calidad, eficaz y eficiente”.

—La coyuntura tan complicada que experimenta el mundo y la región, con situaciones como las que atraviesan Nicaragua y recientemente Perú, por ejemplo, ¿impacta a Costa Rica en su estabilidad democrática?

—Pienso que Costa Rica a lo largo de los últimos años, después de la Constitución del 49, fijó una institucionalidad democrática muy robusta, que es reconocida a nivel internacional, creo que eso permite que nosotros tengamos cierta tranquilidad. Pero creo que lo importante acá siempre tiene que ser tomar como referencia el fortalecimiento de la institucionalidad, así que todo el diseño, la adopción y ejecución de políticas públicas tienda al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

—¿Cree que hay cosas que sean importantes hacer, fuera del ámbito de acción de la Sala, para blindar más la institucionalidad?

—Una vez hablando con un buen amigo, él me decía que el fortalecimiento de la democracia se hace a través de más democracia. Es decir, en la medida en que todas las políticas públicas tiendan a abrir más espacios de participación, más espacios de respeto a los derechos fundamentales, en la medida que fortalezcamos los valores cívicos de los costarricenses, creo que podemos ir fortaleciendo más y más nuestro sistema democrático, que está en permanente cambio y permanente tensión.

—El diseño de la democracia costarricense se basa en la división de poderes; sin embargo, lo que cada una de las instituciones hace impacta el trabajo de las otras. ¿Cómo considera que es actualmente la relación entre poderes de la República? ¿Es sana, hacen un buen complemento?

—Pienso que la Constitución tiene un diseño, es como una casa en la que el arquitecto es el constituyente. Y establece los respectivos órganos y las respectivas competencias. En la medida en la que exista un respeto a ese diseño, que tiene que ver con la independencia de los poderes, con el respeto al ejercicio de las competencias que cada poder tiene, el respeto a los diseños institucionales, me parece que el país puede salir adelante.

“Mal haríamos en resquebrajar eso. Decía (Wiston) Churchill que la democracia no es un sistema perfecto, pero no se ha inventado uno mejor”.

—¿Y le parece que en nuestro caso, ese sistema goza de buena salud?

—Pienso que como todo, requiere de ciertos ajustes. Creo que estamos muy bien en la protección de los derechos fundamentales, el tema tiene que ver con si hay que hacer ajustes en el funcionamiento de algunos órganos del Estado, y si para eso se requiere de una Constituyente o se puede hacer por medio de reformas parciales a la Constitución.

“Eso es un tema que yo académicamente le puedo decir mi opinión, pero por respeto a la Asamblea, al Poder Ejecutivo y a la misma Corte no quisiera decir. Pienso que la Asamblea requiere ajustes, que el Poder Ejecutivo requiere ajustes, la Corte requiere de ajustes, pero creo que hay una institucionalidad democrática muy robusta en Costa Rica, y a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de cuánto tenemos”.