La exdiputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Garro Sánchez, irá de nuevo a juicio este lunes 8 de junio por el falso testimonio que ofreció en el proceso judicial contra el PAC.
Este segundo juicio es el resultado de una apelación interpuesta por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la cual se mostró inconforme con la pena de un año de prisión que le impuso el Tribunal Penal de San José a la exlegisladora en el 2019.
El Ministerio Público había solicitado una condena de dos años de cárcel.
En marzo del 2019, a Garro se le condenó por faltar a la verdad como testigo en la declaración que brindó, en el 2016, en el juicio en el que el PAC resultó condenado por estafar al Estado mediante el cobro de ¢516 millones en contratos de servicios especiales que eran falsos, a la hora de liquidar la deuda política del 2010.
Durante la investigación judicial del caso, la exdiputada le aseguró al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que ella se desempeñó como jefa de campaña del PAC en Puntarenas y que se encargó de entregar los contratos a los demás colaboradores de la provincia.
No obstante, cuando declaró en el juicio, Garro dijo no recordar mucho de lo dicho al OIJ en el 2013. Además, negó que hubiese repartido otros contratos a colaboradores del PAC en Puntarenas.
En un juicio aparte, la Fiscalía probó que Garro cambió su testimonio. En consecuencia, el juez penal Omar White la condenó a un año de prisión. No obstante, le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena, por lo que la exdiputada no ingresó a la cárcel.
El Ministerio Público impugnó la sanción impuesta ante el Tribunal de Apelación y este ordenó efectuar un nuevo debate para revisar la pena.
La Fiscalía dijo sobre el proceso que se iniciará este lunes: “Únicamente se discutirá el monto de la pena a imponer a la exlegisladora y la fundamentación de esta, pues en un juicio que finalizó el 29 de marzo del 2019, quedó demostrada su culpabilidad por un delito de falso testimonio”.
“La conducta ilícita de la exdiputada quedó acreditada gracias a las pruebas aportadas por la FAPTA durante el juicio, en el que se demostró que la imputada afectó a la administración de justicia al ofrecer un testimonio falso cuando declaró en un debate en el que se investigaba a miembros de su partido por cobros irregulares de deuda política al Tribunal Supremo de Elecciones”, agregó el órgano acusador.
Según el Código Penal, el falso testimonio conlleva una sanción de uno a cinco años de cárcel.
El nuevo juicio se celebrará en el Tribunal Penal de San José.