María Faría, embajadora de Venezuela en Costa Rica, anunció que tomará medidas legales para resguardar el inmueble que el gobierno de su país tenía en Los Yoses, Montes de Oca, el cual era utilizado como residencia del embajador de turno.
El régimen de Nicolás Maduro optó por traspasarle la propiedad de 4.400 metros cuadrados al exdiputado costarricense, Álvaro Montero Mejía, después de que el gobierno de Carlos Alvarado reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente encargado venezolano y les solicitó a los diplomáticos chavistas abandonar el país.
“Esta representación diplomática hace ver que tomará todas las acciones legales necesarias para el resguardo del patrimonio del Estado venezolano de conformidad con el derecho venezolano e internacional, y donde corresponde, de conformidad con el derecho costarricense”, anunció Faría, quien fue designada por Guaidó para representar a Venezuela en San José.
La propiedad fue inscrita en el Registro Nacional a nombre del Gobierno de Venezuela desde 1992.
No obstante, antes de que se venciera el plazo para la salida de los diplomáticos de Maduro, el régimen traspasó los derechos de propiedad a Álvaro Montero Mejía, según confirmó el político.
Así, habría quedado bloqueada la posibilidad de que Faría hiciera uso de la vivienda para desempeñar sus funciones diplomáticas.
En el comunicado de prensa, la embajadora señaló que, al tratarse de un bien que es patrimonio del Estado de Venezuela, su traspaso está sujeto a las disposiciones constitucionales de su país.
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Además, la representación encabezada por Faría anunció que inició gestiones ante el Registro Nacional de Costa Rica para confirmar el traspaso del edificio.
“En irrestricto cumplimiento de nuestras funciones descritas en la Convención de Viena, como misión diplomática designada por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó y legítimamente acreditada por el Gobierno costarricense, no permitiremos que continúe el robo y desmantelamiento de los recursos y bienes de Venezuela por parte de quienes representan a la dictadura usurpadora”, expresó Faría.
De acuerdo con Álvaro Montero, la oferta de hacerse cargo de la propiedad la recibió de parte de la diplomática chavista Norma Borges.
El exdiputado, quien se declaró afín al chavismo, aseguró que aceptó la propuesta con la condición de que se le permita usarla para instalar un centro cultural para organizaciones sociales, sindicales y cooperativas.
En el comunicado divulgado este miércoles, los diplomáticos de Guaidó denunciaron que el régimen de Maduro “desvirtuó la efectividad y la ética de los servicios consulares” y afirmaron que, en consecuencia, se comprometió el estatus migratorio, la movilidad e inclusive el acceso al trabajo a los venezolanos que viven en Costa Rica