Diputados dictaminan plan para extender reducción de jornadas laborales solo al sector turismo

Los diputados dictaminaron afirmativamente, este martes por la mañana, un proyecto de ley que autorizaría a extender la reducción de las jornadas laborales para los trabajadores del sector turismo hasta por un plazo de 12 meses.

Se trata del expediente 22.405, que originalmente tenía la intención de aplicar esa reducción también para negocios obligados a mantener aforo limitado, aparte de los turísticos.

Antes de dictaminar el proyecto, se aprobó una moción de texto sustitutivo que limita la acción del proyecto solo al sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia del covid-19.

No obstante, en el texto dictaminado se abre la puerta para aplicar la medida a empleados de bares y restaurantes, siempre y cuando se trate de negocios vinculados al sector turismo.

El nuevo transitorio que se introduce en la ley original, vigente desde marzo del 2020, ordena que se deben mantener los efectos de la pandemia para que un patrono pueda solicitar la reducción de la jornada laboral.

La última prórroga general de esa reducción de las jornadas se había aprobado a principios de enero y aplica para los primeros tres meses de este año, lo que significa que vence a finales de marzo.

Además, el proyecto dictaminado ordena que solo se permitirá la medida en tanto la persona o empresa empleadora no haya abusado de los mecanismos legales o en algún incumplimiento de la legislación laboral.

También, los patronos deben haber sostenido el empleo de las personas sujetas a la reducción de la jornada y demostrar que la compañía sigue afectada por la pandemia.

En la lista de empresas se incluyen hoteles, hospedaje no tradicional, operadores turísticos, agencias turísticas, transportes turísticos, empresas de alquiler de autos, empresas de guías y de aventuras, ventas de artesanías, balnearios, casinos, tiendas en aeropuertos, aerolíneas locales o internacionales, transporte náutico y embarcaciones de pesca deportiva, así como marinas y atracaderos turísticos.

Las autoridades de Trabajo tienen la potestad de ampliar la lista de actividades a otros relacionadas con el sector y que necesiten mantener la reducción de las jornadas.

A quienes se les autorice la reducción de la jornada, no podrán establecer horarios laborales fraccionados a las personas sujetas a la reducción, ni pagar horas extra a grupos de trabajadores que no tengan la jornada reducida.

En cuanto al resto del proyecto de ley, se mantiene la normativa vigente de la ley para acceder al permiso de reducción de jornada.

Eso significa que una empresa debe comprobar la disminución de al menos un 20% de los ingresos brutos, atribuible a la pandemia del coronavirus. En el caso de empresas con disminución de un 60% de sus ingresos brutos, a causa de la pandemia, la reducción de la jornada podrá ser hasta de un 75% de la jornada de trabajo.

Para entregar las prestaciones e indemnizaciones laborales, el salario que se debe considerar es el anterior a la reducción de jornadas, excepto para otros cálculos de derechos laborales, como vacaciones o aguinaldo.

En el caso de trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, no se les aplicará esta medida.

La ministra de Trabajo, Silvia Lara, apuntó que se mantendrá una relación cercana con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para hacer una inspección coordinada y cercana con las cámaras turísticas, para asegurar la protección de derechos de los trabajadores del sector turístico.

Ricardo Marín, viceministro de Trabajo, indicó que en enero y febrero del 2020 hubo 699.673 ingresos internacionales, mientras que en el primer bimestre del 2021 solo hubo 117.452. Dos años antes, en el 2019, entraron 668.095 personas extranjeras.

“Eso evidencia que con el poco ingreso hay una afectación directa a todo el sector turismo del país”, indicó.

La proponente de la iniciativa, la socialcristiana María Inés Solís, explicó que se mantuvo solo una lista de actividades en el proyecto, a solicitud de la ministra Lara, y no aplicando a los de aforo limitado.

“Buscamos que no se venga una nueva ola de desempleos y que las empresas no se vean obligadas a despedir más personal, en un momento de la economía en que el sector turístico no tiene liquidez y, posiblemente, tampoco pagar extremos laborales a los trabajadores”, adujo Solís.