Aunque el diputado Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), ha centrado buena parte de su discurso en criticar los gastos del Gobierno, tiene en sus manos una moción con la que pretende eliminar todas las medidas de ahorro que la reforma fiscal introduciría para frenar el crecimiento exponencial en el costo de los salarios públicos.

Se trata de la moción de fondo 472 al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que eliminaría el título completo contenido en el artículo 3 del expediente legislativo, con reformas a la Ley de Salarios de la Administración Pública.

Dolanescu podría, este lunes, presentar de nuevo la moción de fondo en el trámite de reiteración de mociones, tal como lo permite el artículo 138 del Reglamento legislativo, porque en la Comisión Especial de Reforma Fiscal esta moción fue desechada.

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Este lunes, los legisladores podrían presentar hasta 1.832 mociones de fondo que fueron desechadas en el foro especial tributario. Varias de las mociones que se podrían reiterar implicarían eliminar medidas específicas de ahorro.

En el caso de la propuesta de Dolanescu, contradice visiblemente lo que ha sostenido en su discurso antiimpuestos, tal como él mismo lo reconoció, cuando se le consultó sobre esta moción.

En numerosos videos que el republicano ha colgado en su página de Facebook, Dolanescu critica el tamaño del Estado y sugiere la posibilidad de que se reduzca la cantidad de instituciones, de las 300 instituciones actuales, a unas 270.

Además, el diputado alajuelense manifiesta que se debe “acabar esa locura de estar pagando ¢13 millones o ¢14 millones a los funcionarios públicos”, en particular gerentes y otros altos cargos estatales, dijo el 26 de julio.

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En una intervención en el plenario, el 8 de agosto, Dolanescu literalmente habló de “arreglar los super salarios, las convenciones colectivas, necesitamos una reforma del Estado, hablar sobre cómo se eligen los representantes del pueblo”.

No obstante, con su moción eliminaría, precisamente, los artículos que le pondría tope a los salarios millonarios del Estado y que frenarían el crecimiento exponencial del costo de las anualidades y la dedicación exclusiva, además de equiparar la cesantía del sector público con la del sector privado.

El 4 de setiembre, el congresista puso como ejemplo a Grecia en la que aparece sentado en una zona verde del Parque Nacional.

En esa grabación, el parlamentario dijo que ese país europeo redujo en un tercio el aparato estatal y aseguró que, así, funciona “mejor que a como estaba funcionando cuando tenía el 100% de las instituciones”.

Luego, el primer día de la huelga nacional que ya cumple una semana, Dolanescu dijo en otro video de Facebook que el presidente, Carlos Alvarado, “en ningún momentó habló de bajar esos macrosalarios, esas pensiones de lujo”.

No obstante, la reforma fiscal le pone un tope a los salarios más altos y, además, grava con un impuest de renta hasta de un 25% a las pensiones de lujo.

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Cuando se le consultó directamente por qué pretende eliminar las reforma sobre los salarios públicos, Dolanescu, primero, pidió tiempo antes de revisar la moción y la motivación que tuvo para presentarla.

Luego, aseguró que no se trata de que no crea en la “reestructuración del Estado” y reconoció: “Ha sido parte de mi discurso”, pero alegó que “meter eso en un paquete de impuestos no vale la pena”.

“Son temas aparte. Le habría facilitado las cosas al Gobierno sacar eso. Yo sí estoy a favor de la reestructuración del Estado, sí estoy a favor de los cambios en el empleo público”, alegó Dolanescu.

Sin embargo, más bien, partidos como Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) no habrían permitido que avanzara un plan de impuestos si este no contenía un recorte de gasto.

Medidas de ahorro del plan fiscal

Entre las medidas de ahorro que Dragos Dolanescu se podría traer abajo, si reitera la moción 472 y esta recibe el apoyo de otros diputados opuestos a las medidas de ahorro del plan fiscal, están:

-Reduce los pagos por dedicación exclusiva y los fija en un 25% para licenciados y 10% para bachilleres.

-Reduce los pagos por prohibición y los fija en un 30% para licenciados y un 15% para bachilleres.

-Impide el pago simultáneo de prohibición y dedicación exclusiva.

-Establece que el auxilio de cesantía para todos los servidores públicos no podrá superar los ocho años.

-Prohíbe la creación de incentivos por discrecionalidad y confidencialidad del servidor.

-Prohíbe que se paguen reconocimientos por bienios, quinquenios o ninguna otra acumulación de años.

-Crea un tope salarial para diputados y jerarcas de todo el Estado a 20 veces el salario más bajo de la Administración (¢5,3 millones).

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-Establece un tope al salario del presidente de la República, de 25 veces el salario más bajo de la Administración Pública (¢6.625.000).

-Prohíbe aumentar el salario del presidente actual, así como diputados, ministros y presidentes ejecutivos vigentes.

-Prohíbe que al presidente de la República se le paguen gastos de representación y gastos confidenciales.

-Limita la remuneración de los miembros de juntas directivas del Estado a 10 veces el salario público más bajo (¢2.650.000).

-Limita los salarios de los funcionarios y directos de instituciones u órganos públicos que operen en competencia a 30 veces el salario más bajo de la Administración Pública (¢7.950.000).

-Establece que la rectoría en materia de empleos del sector público estará en manos del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).

-Se crean regulaciones para el pago por carrera profesional, en el sentido de que no se reconocerán títulos que sean requisito para el puesto respectivo.

-Se prohíbe la creación de incentivos salariales si no es a través de una ley aprobada en el Congreso.

-Obliga a que todos los pagos por incentivos salariales públicos se deben convertir en montos nominales.

-Establece que el pago por anualidades estará ligado a la evaluación del desempeño y esta evaluación, a la vez, se regula.

-Eleva de “bueno” a “muy bueno” la calificación mínima para acceder al pago del incentivo por anualidad.

Aunque hay otros diputados que tienen mociones para traerse abajo normas particulares dentro del capítulo sobre el empleo público, Dolanescu dice que no ha negociado con legisladores como José María Villalta, del Frente Amplio, o Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), para que apoyen su propuesta.

No obstante, agregó que podría considerar hacerlo.

Entre las mociones que tiene los otros legisladores, hay varias de Villalta que eliminarían el tope de ocho años al auxilio de cesantía, o la reducción de los pagos por prohibición y dedicación exclusiva. También, el frenteamplista quiere traerse abajo, con mociones suyas, la propuesta para que el monto de los incentivos salariales sea nominal.

Walter Muñoz, del PIN, también quiere evitar que se limite el pago de la cesantía, y coincide con Villalta en que no se calculen los pluses con montos nominales, ni que se limite la creación de pluses solo por la vía legal.

Aunque estas mociones aún no están presentadas, los diputados pueden revivirlas este lunes, cuando la presidenta del Congreso abra el periodo de presentación de reiteración de las mociones de fondo del plan fiscal, que se dará en dos sesiones del plenario.

Esas serán las últimas mociones que se puedan presentar para modificar el proyecto tributario del Gobierno.