Crímenes de odio conllevarán penas de hasta 35 años de cárcel

Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos dictaminaron afirmativamente, este jueves, un proyecto de ley que aumenta en hasta 17 años las penas de cárcel contra quienes cometan homicidios por odio.

Estos ocurren cuando una persona asesina a otra motivada por prejuicios discriminatorios relacionados con la etnia, religión u orientación sexual de su víctima.

También, se contempla esta figura para crímenes por motivos de nacionalidad, opinión política, situación migratoria, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas.

La iniciativa, que ahora pasará al plenario para su votación en primer debate, evitaría que estos asesinatos sean calificados como homicidios simples, debido a que actualmente existe un vacío en el Código Penal, pues no se tipifican esos hechos.

De esa manera, los asesinatos por odio pasarán a ser tipificados como homicidios calificados. Con esa decisión, las penas de cárcel para quienes sean encontrados culpables por tales hechos pasarán de un rango que oscila entre 12 y 18 años de prisión a otro que va de 20 a 35 años.

La propuesta fue presentada por el diputado Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien preside la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso.

Sánchez recalcó que, con la iniciativa, el país también podrá comenzar a cuantificar la comisión de crímenes de odio contra grupos históricamente vulnerados, para así impulsar políticas públicas preventivas.

“Sancionar con mayor fuerza los crímenes asociados a un prejuicio, donde se elige la víctima de manera consciente e intencional por sus características sociales o humanas, es un paso necesario para la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos”, afirmó el legislador.

Este proyecto es distinto al expediente 20.174, que también versa sobre crímenes de odio y que fue objetado por la Procuraduría General de la República (PGR) por limitar la libertad de expresión en el país.

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Dicha iniciativa fue presentada por diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio (FA) en el Congreso anterior.