Después de trabajar durante dos semanas sobre una propuesta de la ministra de Vivienda, Irene Campos, 27 diputados propusieron una moratoria de tres meses en el pago de los alquileres para los afectados por la crisis por el coronavirus.

Los inquilinos tendrán que pagar el dinero de ese trimestre a más tardar el 31 de enero del 2021.

La iniciativa establece que la propuesta legal servirá para aquellos casos en que los arrendadores y sus inquilinos no hayan llegado a un acuerdo previo con respecto al pago del arrendamiento de la vivienda o local comercial.

La iniciativa se enfoca en beneficiar, únicamente, a los arrendatarios que demuestren haber sido afectados, en sus ingresos, por la pandemia del coronavirus.

El beneficio no se podría aplicara a inquilinos que estaban morosos de previo.

Originalmente, el borrador del proyecto establecía un periodo de moratoria de seis meses, pero establecía que, prácticamente al final de ese periodo, los inquilinos debían pagar el monto que dejaron de pagar de su alquiler.

Ahora, la propuesta presentada formalmente en la corriente legislativa, bajo el expediente 21.927, indica que los arrendatarios que se hayan acogido a la moratoria deberán haber cancelado lo adeudado el 31 de enero del 2021.

Tres tipos de moratorias

El proyecto contiene tres tipos de moratorias para los inquilinos:

-Si el inquilino perdió el 100% de sus ingresos por la pandemia, el arrendador deberá suscribir con él una moratorial total o parcial, temporal y excepcional, del pago del arrendamiento.

-Si a la familia se le redujeron sus ingresos en un 50% o más, el contrato deberá establecer el pago de la mitad del monto del alquiler por el plazo de tres meses.

-En caso de que los ingresos de un hogar se hayan reducido entre un 20% y un 50%, el contrato fijará un monto proporcional a la pérdida de los ingresos demostrada.

Para demostrar esa pérdida o reducción de los ingresos, el inquilino deberá presentarle al arrendador la constancia de suspensión del contrato, despido o reducción de la jornada emitida por el patrono.

En el caso de trabajadores independientes, deberán demostrar la reducción de ingresos con su declaración del impuesto al valor agregado (IVA); si es un trabajador informal, tiene que presentar una declaración jurada con el testimonio de dos personas, que no sean parientes ni entre ellos ni del inquilino.

Por otra parte, los legisladores establecieron que si arrendadores y arrendatarios hubiesen hecho, previamente, un arreglo en términos más favorables al que establece el proyecto de ley, sea a través de descuento del monto del alquiler, exoneraciones o plazos de pago, este acuerdo tendrá validez de pleno derecho.

Igualmente, el proyecto de ley indica que la moratoria del arrendamiento acordado entre partes no va a incluir el pago de los servicios públicos.

Moratoria en locales comerciales

La propuesta de los diputados es que, para el caso de locales comerciales, el arrendatario puede suscribir un contrato con el arrendador para una moratoria total, por tres meses, si debió le ordenaron un cierre sanitario y sus ingresos se reducen a cero.

Si el local no se vio afectado por un cierre sanitario, pero los ingresos bajaron a la mitad, el contrato entre las partes será para el pago de la mitad del arrendamiento durante tres meses.

En caso de que el inquilino haya tenido una reducción de entre el 20% y el 50% de los ingresos, el contrato fijará un pago proporcional a la pérdida de los ingresos.

Para estas opciones, los arrendatarios tendrían que presentar ante el arrendador la declaración sanitaria emitida contra el local comercial, o bien la declaración del IVA de los últimos tres meses.

También, el inquilino podría presentar una declaración jurada con dos testimonios de personas que no sean parientes ni entre sí ni del arrendatario, o una declaración autenticada por notario público.

Sin consenso entre fracciones

A pesar de que la iniciativa se presentó con firmas de 27 legisladores de siete fracciones legislativas y el bloque de diputados independientes, aún no hay un consenso entre bancadas para la aprobación del proyecto en primer debate.

Una vez presentado el proyecto, el presidente de la República, Carlos Alvarado, amplió la convocatoria de sesiones extraordinarias para incluir el expediente en la agenda de la Asamblea Legislativa.

La liberacionista Karine Niño aseguró que primero se acordó enviar la propuesta a consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia. Añadió que, ya presentado, cada miembro de la mesa de arrendamientos llevará la propuesta a sus respectivas fracciones para ver si quieren aportar algo, ver si es viable.

La verdiblanca advirtió de que el proyecto no debe servir para que la gente se aproveche y crea que no va a pagar, sino que tiene que demostrarse una reducción de los ingresos, aportar constancias.

“La gente nos pide a gritos este proyecto, restaurantes y muchos locales comerciales, porque hay muchos propietarios que no quieren llegar a acuerdos. Este proyecto es para los que no han hecho acuerdos", dijo Niño.

La oficialista Carolina Hidalgo destacó que, después de un proceso de casi tres semanas, se consolidó un texto producto de la conciliación entre Ejecutivo y legisladores, que incluye propuestas acordadas entre las partes.

Ivonne Acuña, del bloque de diputados independientes Nueva República, aseguró que el texto del proyecto necesita ser ajustado, sobre todo para buscar una forma de apalancar “la economía de las familias que van a dejar de percibir ese arrendamiento o parte”.

La diputada aseguró que hay familias cuyo único ingreso es el arrendamiento de un inmueble. “Para mí es importante eso, yo estaría mocionando”, dijo.

Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), alegó que él, a pesar de formar parte de la mesa de arrendamientos, no firmó el proyecto de ley porque considera que no le parece que sea una propuesta equilibrada en el beneficio entre caseros e inquilinos.

Las 27 firmas al proyecto son estas:

PLN: Wagner Jiménez, Karine Niño, Roberto Thompson y Franggi Nicolás.

PAC: Catalina Montero, Carolina Hidalgo, Enrique Sánchez, Nielsen Pérez, Welmer Ramos, Víctor Morales Mora y Laura Guido.

PUSC: Pablo Abarca y María Vita Monge.

PRN: Mileidy Alvarado, Floria Segreda y Carlos Avendaño.

PIN: Patricia Villegas y Wálter Muñoz.

PRSC: Dragos Dolanescu.

Frente Amplio: José María Villalta.

Bloque de independientes Nueva República: Ivonne Acuña, Jonathan Prendas, Nidia Céspedes, Marolin Azofeifa, Carmen Chan, Ignacio Alpízar y Harllan Hoepelman.