Durante 12 días, el gobierno de Luis Guillermo Solís guardó silencio e hizo uso de las evasivas para no responder dos consultas de La Nación sobre el pago de prohibición a los ministros de Comercio Exterior y Planificación, Alexánder Mora y Olga Marta Sánchez, respectivamente.
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Desde el 27 de abril, este medio solicitó información sobre la colegiatura de los dos jerarcas y los montos que recibían por concepto del plus salarial, en vista de que tendrían impedimento para recibirlo si no estaban incorporados a sus colegios profesionales.
Pasaron los días y, una y otra vez, las encargadas de Prensa de Mora y Sánchez hicieron uso de las evasivas para no facilitar la información solicitada.
A estas oficinas de Prensa se les preguntó: ¿Cuánto devenga al mes el ministro por concepto de prohibición? ¿Cuánto ha recibido por ese plus y desde cuándo? ¿Por cuál profesión liberal recibe ese incentivo? Y ¿desde cuándo forma parte del colegio profesional respectivo?
Para no responder las consultas, las encargadas alegaron, por ejemplo, que las respuestas estaban listas pero que no tenían el visto bueno de los jefes. En el caso de Planificación se arguyó que la encargada de facilitar la información no estaba trabajando y que había que esperar a que regresara.
También, se adujo que el ministro de Comercio Exterior quería hablar con la periodista de La Nación antes de enviar la información solicitaba, pero que complicaciones en su agenda impidieron a Mora hacer la llamada telefónica.
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Incluso, la semana pasada, argumentaron que el discurso del presidente Solís del 3 de mayo impedía la pronta respuesta.
Los respuestas no llegarían hasta que el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, hiciera pública parte de ese información en conferencia de Prensa en Casa Presidencial. Eso ocurrió este martes al mediodía cuando se dio a conocer que la viceministra de Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, devolvería ¢27 millones por el mismo plus.
Las respuestas entraron a La Nación justo después de que Herrera, declaró que, "dentro del examen que se venía haciendo” en Gobierno, se detectó el pago anómalo de la prohibición a Mora y Sánchez.
El Ministerio de Trabajo y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) sí respondieron a los pocos días los correos enviados el 27 de abril y se logró determinar que los jerarcas de esas instituciones, Alfredo Hasbum y Christian Vargas (dejó el cargo el 2 de mayo) no incurrían en ningún incumplimiento.