Esta noche, en cadena nacional, el presidente de la República Luis Guillermo Solís les hizo un llamado a los empresarios para que se sienten con el Gobierno para resolver las dudas que la anulación el veto de Laura Chinchilla a la Reforma Procesal Laboral les haya generado.
El mandatario firmó el levantamiento del veto el viernes, lo cual generó crispación en numerosos sectores opuestos a dicha ley, porque permite el llamado a huelga en servicios básicos esenciales, como la policía, los hospitales y el transporte.
En su mensaje al pueblo, Solís aduce que, con su decisión, da un paso fundamental en la protección de los derechos de los trabajadores, por cuanto entrará en vigencia la parte del proyecto menos polémica, que establece la oralidad en los juicios laborales, para agilizar su realización.
El llamado del gobernante se centra en los empresarios porque este es uno de los sectores más preocupados con las posibilidades de declarar huelga en ese tipo de servicios.
"Estoy en contra de permitir que la prestación de servicios de salud, seguridad, transporte de mercancías y personas se interrumpan por una huelga. Pero de igual manera, no estimo conveniente echar por la borda el trabajo de más de una década, que se concreta en esta ley beneficiosa para Costa Rica, para toda Costa Rica", dijo.
De acuerdo con el mandatario, se impulsará un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, con el apoyo del Partido Acción Ciudadana, la Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio, para prohibir totalmente las huelgas en los servicios esenciales.
El viernes, el presidente aseguró que esa prohibición se establecería en días próximos a través de un decreto ejecutivo; sin embargo, en su mensaje no hizo referencia a dicho decreto.
De todas formas, un decreto no podría modificar una ley de la República, tal como lo establecen la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública.
A pesar de que Solís ya firmó la anulación del veto, la ley no entrará en vigencia sino hasta 18 meses a partir de su publicación.