EscucharLas universidades públicas endurecieron las sanciones por hostigamiento sexual que imponen a sus funcionarios desde mediados del 2019, luego de que cientos de alumnas se declararan en emergencia por la violencia de género que experimentan en las aulas de esas casas de enseñanza.
El cambio provino, en mayor medida, de la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual aplicaba las sanciones más laxas, en comparación con sus pares estatales.
La protesta estudiantil ocurrió a finales de mayo del 2019 y antes de ese momento, la mayoría de las sanciones por actos comprobados de acoso sexual, por parte de empleados universitarios, se limitaban a suspensiones de ocho días o menos. Así ocurrió en más de la mitad de los casos.
Mientras que el despido solo se dictó en una de cada cuatro sanciones y, en mediana medida, se aplicaron suspensiones más prolongadas, de 15 o más días.
Tras las protestas todo eso cambió y se dio un giro de 180 grados. Los castigos se volvieron más severos desde entonces. Las manifestaciones de las estudiantes sí dieron resultado. Los actos que terminaron con el despido del agresor se incrementaron y ahora, es la sanción más aplicada.
Las suspensiones de 15 o 30 días ganaron terreno y los ceses temporales de solo una semana pasaron a ser la medida menos utilizada. A esa conclusión llegó La Nación luego de analizar las 78 resoluciones sancionatorias emitidas, en los últimos diez años y medio, por cuatro de las cinco casas de enseñanza superior estatal.
Esos castigos fueron para docentes y administrativos, por incurrir en actos de acoso sexual contra estudiantes, colegas y personal subcontratado. Se trata de funcionarios de la UCR, la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y el Tecnológico de Costa Rica (Tec).
La mayoría de las sanciones se registran en la UCR con 40, seguida por la UNA con 26, la UTN con siete y el Tec con cinco. Los dos castigos más recientes se dictaron el 30 de setiembre pasado, contra un docente de Artes de la UCR de apellidos Torres Méndez, quien acosó a una estudiante y fue suspendido durante 15 días; y a finales de agosto anterior, contra un docente de Educación de la UNA de apellidos Soto Arguedas, quien descontó un castigo igual.
Solo la Universidad Estatal a Distancia (UNED) no contabiliza ninguna sanción. Se comprobó un caso, en agosto del 2012, pero no se pudo dictar el castigo porque el agresor se acogió a la pensión.
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Una de las principales exigencias que hicieron las estudiantes de la UCR, en mayo del 2019, fue que se sancionara, de forma más estricta, las faltas graves de los funcionarios, a quienes solo se les daba suspensiones de ocho días. Foto: Jorge Castillo.
De los 78 hechos analizados, se aplicaron castigos a un total de 69 personas, de las cuales, 23 perdieron el trabajo y 46 continuaron en sus puestos luego de cumplir con la suspensión. En algunos casos, se impuso más de una sanción.
Los ofensores fueron 66 hombres y tres mujeres. La mayoría de las víctimas fueron una o varias estudiantes. Y en 17 casos, las ofendidas fueron funcionarias de la misma institución.
El pasado 26 de setiembre, la resolución 103-I-2022 del Tribunal Contencioso Administrativo declaró que la información sobre los empleados públicos sancionados por actos de hostigamiento sexual es pública, con el objetivo de resguardar a las estudiantes y de recordarles a los funcionarios estatales sobre su deber de mantener “una especial conducta de rectitud”.
Al amparo de dicho fallo, La Nación solicitó a las universidades públicas una lista de todos los empleados que fueron amonestados por ese tipo de conductas, desde el 1.° de enero del 2012 y hasta mediados del 2022. Los datos suministrados revelan tendencias en la forma en la que cada entidad atendió los maltratos a las víctimas durante la última década.
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Cambios reglamentarios
El cambio que reflejan los datos coincide, precisamente, con una de las principales exigencias que hicieron las estudiantes en mayo del 2019 y con un cambio reglamentario que aplicó la UCR en respuesta a esa petitoria.
En aquella ocasión, ellas solicitaron que se sancionara, de forma más estricta, las faltas graves de los funcionarios, a quienes solo se les daba una suspensión de ocho días, cuando por conductas similares, un estudiante podía quedar apartado de las aulas por hasta un mes.
Tres meses después, en agosto del 2020, el Consejo Universitario de la UCR aprobó un nuevo reglamento en contra del hostigamiento sexual, el cual elevó los castigos por faltas graves a suspensiones desde los 15 días hasta los seis meses, tanto para estudiantes como para docentes y administrativos.
A raíz del malestar estudiantil y la entrada en vigencia de esa reforma, la tendencia se revirtió. Ahora, entre las cinco universidades públicas, las suspensiones breves son el recurso sancionatorio utilizado con menor frecuencia. Se aplicó solo en cuatro de los 17 casos sancionados.
Cuando se determina que los actos cometidos no ameritan que el funcionario sea despedido, las universidades han preferido dictarles sanciones de 15 días o un mes.
Consultado acerca de los hallazgos, Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la UCR, declaró que la manifestación de los colectivos feministas, liderados por las estudiantes, impulsó “reformas que estaban pendientes de discutir en materia de prevención y sanción del hostigamiento sexual”.
Para el jerarca, el nuevo reglamento elevó la protección que les brinda la universidad a las víctimas, al fortalecer con más recursos a la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual e incrementar las sanciones.
Gutiérrez; no obstante, dijo que aún existe un subregistro de las agresiones que se cometen en la institución, por lo que aseguró que aún hay trabajo pendiente, y motivó a quienes han sido víctimas de abusos en la academia a denunciar los hechos.
Eliana Quimbayo, estudiante de la UCR e integrante del colectivo #MePasóenlaUCR, que protagonizó las protestas de mayo del 2019, confirmó que la reforma reglamentaria ha traído cambios positivos, como la posibilidad de imponer sanciones más severas en los casos que lo ameriten, lo cual, explicó, no se podía hacer con la normativa anterior.
La activista estudiantil afirmó que el cambio ha propiciado un aumento en las denuncias por parte de víctimas, pero también permitió la creación de las denuncias referenciales, un nuevo mecanismo que obliga a los funcionarios a reportar ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento cualquier información que escuchen sobre presuntos casos de acoso.
Con base en esta información, la comisión investiga y busca a las víctimas para ofrecerles asesoría, en caso de que quieran iniciar un proceso formal contra los hostigadores.
Quimbayo añadió que ese órgano institucional ahora cuenta con un especialista en Derecho, lo cual ayuda a blindar los procesos, y destacó el compromiso de sus miembros por atender las denuncias y proteger a las víctimas. Sin embargo, dijo que hace falta apoyo de la Rectoría para dotarla de recursos, pues sus integrantes necesitan de más tiempo para atender los casos —lo cual cuesta dinero—, y requieren espacios físicos adecuados para atender a los denunciantes.
La Universidad Nacional, por su parte, respondió que en la institución el trámite de las denuncias por acoso responde “estrictamente” a la normativa interna, nacional e internacional; aunque reconoció que los movimientos sociales han permitido una “mayor visibilización” de la problemática.
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Aumentan los despidos
En total, entre el 2012 y los primeros cinco meses del 2019, se registraron 61 sanciones. Mientras que en los últimos tres años y medio, se emitieron 17 resoluciones sancionatorias.
La mayor diferencia entre ambos periodos radica en la frecuencia con la que se dictaron las sanciones máximas (despidos) y mínimas (suspensiones de ocho días o menos) como castigo por cometer actos de acoso.
Los despidos se aplican más desde la protesta de las estudiantes. De los 61 incidentes que se comprobaron antes de dicha coyuntura, solo 16 (el 26%) terminaron en un despido sin responsabilidad patronal. En cambio, de los 17 trámites cerrados en los últimos tres años y medio, en siete (el 41%), los agresores perdieron el trabajo.
Se trata de tres funcionarios de la UCR, de apellidos Saborío Rodríguez, Parra Salazar y Moya Gutiérrez; tres de la UNA, apellidados Rodríguez Montero, Camacho Hernández y Chavarría Solera; y uno de la UTN, de apellidos Zúñiga Ortiz.
Al tiempo que aumentan los despidos, casi no se usa la suspensión de ocho días o menos, el más leve de todos los castigos. Antes de mayo del 2019, con esa medida se dieron por atendidos 32 casos, es decir, el 53% de todos los actos comprobados de acoso.
En ese periodo, la UCR fue la que más aplicó dicha sanción. De las 34 denuncias que dio por verídicas, en 28 (un 82%) solo mandó al agresor a la casa, sin salario, durante ocho días.
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UTN, la más severa
A la inversa y en términos generales, desde el 2012, la Universidad Técnica Nacional ha sido consistentemente la más severa a la hora de castigar a los funcionarios que cometen actos comprobados de hostigamiento sexual contra estudiantes y empleadas.
De las siete denuncias corroboradas —la primera se presentó en abril del 2015—, seis terminaron en el despido del hostigador. Solo en una ocasión, el mismo año, el empleado fue enviado a la casa, sin salario, durante 15 días.
El TEC, por su parte, solo despidió a un funcionario, de apellidos Chinchilla Cifuentes, en marzo del 2012. Desde entonces, registra una suspensión de ocho días y tres por un trimestre completo, la más reciente, dictada en febrero de este año, contra un hombre apellidado Céspedes Camacho.
En la Universidad de Costa Rica, de los 40 abusos comprobados, solo ocho se han castigado con el despido: cinco antes de las protestas del 2019 y tres después.
Es en la UNA donde se ha aplicado el repertorio más amplio de sanciones. Desde el 2012 hasta la fecha, se han dictado ocho despidos, cinco suspensiones de ocho días, seis suspensiones de 15 días y otras siete por un mes.
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