El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, denunció ante el Ministerio Público a la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, por un supuesto nombramiento ilegal.
El sindicalista cuestiona la designación como procuradora de Zulli Beatriz Sarmiento Chávez, quien no cumple uno de los requisitos para ocupar ese cargo: ser costarricense por nacimiento, pues es de origen salvadoreño.
Para fundamentar su denuncia, Vargas hizo referencia a las declaraciones que Brenes dio la semana pasada en la Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público, durante su comparecencia por la reunión que tuvo con el ahora exviceministro de la Presidencia, Daniel Soley.
En esa cita, Brenes aseguró que Soley le ofreció cinco opciones de embajada para que dejara su cargo y la amenazó con abrirle un proceso administrativo por este nombramiento, si no lo hacía.
Ante los diputados, ella si reconoció que ascendió a una funcionaria al cargo de procuradora, a pesar de incumplir el requisito de ser costarricense por nacimiento.
Brenes defendió esa designación, que entró en vigencia el 1.° de julio del 2014, aduciendo que la misma estaba sujeta a la decisión que tomara la Sala IV en torno a una acción de inconstitucional que ella había presentado un año atrás.
La jerarca impugnó el artículo 14, inciso b, de la Ley Orgánica de la Procuradoría General que establece ese requisito, al considerar que es contrario a “los principios de igualdad, no discriminación y acceso a cargos... sin justificación alguna”.
En la denuncia presentada este jueves ante la Fiscalía General, Vargas adujo que Brenes cometió un delito al nombrar en un cargo a una persona que no cumplía los requerimientos legales.
Agregó que esa designación también viola la ley de Enriquecimiento Ilícito, porque es contraria al deber de probidad en la función pública y por ende, debe ser destituida de su puesto.
“Hizo un “invento” jurídico defendiendo tal nombramiento hasta lo que resolviera la Sala Constitucional, lo cual la pone al margen del principio de legalidad y de probidad en la función pública”, expresó Vargas en un comunicado de prensa.
“Exigimos la renuncia de la señora Procuradora del Estado que ha pasado a ser la “procuradora del gran empresariado”, el corporativo-empresarial de corte neoliberal. Exigimos al Consejo de Gobierno abrir los procesos tendientes para que se le quite su inmunidad para que pueda rendir cuentas de su ilegal proceder”, agregó.
Brenes por su parte, a través de la oficina de prensa de la Procuraduría, dijo que no se iba a referir más al tema, pues ya dijo todo lo que tenía que decir sobre ese caso en el Congreso.
Otra denuncia. Albino Vargas en la querella contra la procuradora también cuestiona que ella no haya denunciado a Daniel Soley por presunto “chantaje” que le hizo.
“Nos parece necesario que se investigue si se incurrió en falso testimonio o perjurio en su declaración en la Asamblea Legislativa”, reza la denuncia.
Brenes afirmó ante los diputados, el pasado 21 de enero, que el exviceministro le ofreció el puesto de embajadora en Suiza, Noruega, República Dominicana, Italia y Panamá, e incluso, le dio otras opciones para que renunciara, a cambio de un cargo en una junta directiva o una asesoría legal en un hospital público en construcción.
Soley desmintió tales ofrecimientos y negó haber amenazado o solicitado la renuncia a Brenes.