¿Se excede la Justicia de Perú en la persecución a los sospechosos de corrupción por el caso Odebrecht?

Lima. La prisión preventiva para el octogenario expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el suicidio del exmandatario Alan García abren polémica sobre los posible excesos de la Justicia peruana para los presuntos involucrados en el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht.

Estos dos casos pusieron la mirada de la población, los políticos y analistas en la decisiones judiciales, y si se está cometiendo excesos o abusos al aplicar la ley en los casos de las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht, un entramado de millonarios sobornos que ha tocado a políticos latinoamericanos.

El juez peruano Jorge Chávez Tamariz, especializado en delitos de corrupción, dictó el viernes prisión preventiva de 36 meses para Kuczynski, pese a que estaba internado en una clínica donde había sido sometido a una intervención cardíaca derivada de una crisis de hipertensión.

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En su editorial, el diario Perú 21 criticó una orden “a todas luces exagerada” contra el exgobernante “como parte del proceso que se le sigue por presuntos lavado de activos” en un caso vinculado al escándalo Odebrecht.

“Es una decisión inhumana, arbitraria y abusiva que espero que el abogado apele de inmediato. Este tipo de medidas a los ojos del mundo deslegitiman y desacreditan a la Justicia peruana”, manifestó el congresista Gilbert Violeta, de la agrupación de Kuczynski.

Pero, para el legislador izquierdista de Nuevo Perú, Oracio Pacori, el suicidio de García y la prisión preventiva de Kuczynski “no deben usarse para entorpecer las investigaciones de la corrupción de Odebrecht; la Justicia tiene que ser igual para todos”.

Tras rechazar el pedido de arresto domiciliario por el estado de salud del exmandatario, planteada por la defensa, el juez Chávez Tamariz señaló que, “si bien Kuczynski tiene 80 años existe peligro procesal de obstaculización y fuga porque no tiene arraigo familiar, ya que su esposa vive en Estados Unidos y trató de viajar a ese país para una atención médica”. Además, señaló el magistrado, los informes médicos practicados arrojan que “su situación no es grave”.

“La Justicia ha empezado a operar bajo el peor tipo de fascismo, ese que se esconde bajo el nombre de la ley. Esta situación es insostenible, escandalosa y pone en juego los pilares mismo del sistema republicano”, escribió en una columna el analista político Mijael Garrido.

El abogado de Kuczynski, César Nakazaki, consideró de “injusta” la decisión y criticó como “el tema de salud de un hombre de 80 años no tiene ningún interés en este caso”. Recordó que Kuczynski acudió a todas las citaciones del fiscal, que cumplía hasta este sábado prisión preliminar de 10 días y además impedimento de salida por 18 meses.

“Eso demuestra que la muerte del expresidente García no ha hecho reflexionar a algunos operadores de justicia”, añadió.

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García, mandatario durante dos periodos (1985-1990, 2006-2011), falleció el miércoles tras dispararse un tiro en la cabeza cuando la Policía Judicial iba a detenerlo preliminarmente por 10 días por un caso de presunto lavado de activos ligado a Odebrecht.

Kuczynski es el segundo exgobernante en ser detenido en el marco del escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht, que ha salpicado a cuatro exmandatarios del país andino.

Ollanta Humala, quien gobernó entre el 2011 y el 2016, fue el primero en cumplir prisión preventiva con su esposa Nadine Heredia por nueve de los 18 meses que le impuso un tribunal. Salieron libres después de que el Tribunal Constitucional revocó la decisión de la corte inferior.

El miércoles, el expresidente García se iba a convertir en el tercer gobernante en ser detenido por el caso Odebrecht. Su suicidio ha provocado críticas a la estrategia de la Fiscalía de pedir prisión para presuntos involucrados.

El legislador Carlos Tubino, vocero del partido opositor Fuerza Popular, se expresó “sorprendido e indignado, porque realmente es un exceso lo que viene sucediendo en el Perú con las prisiones preventivas, detenciones preliminares”.

En Perú, el escándalo de la brasileña Odebrecht ha salpicado también al expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), que enfrenta un pedido de extradición desde Estados Unidos. También a la líder de la oposición, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que cumple prisión preventiva desde octubre del 2018, por presunto lavado de activos por recibir fondos de Odebrecht para su campaña.

En diciembre pasado, Odebrecht firmó un acuerdo de cooperación con la Fiscalía por el cual accedió a pagar una multa al Estado peruano y a entregar testimonios que pueden comprometer todavía más a los expresidentes y a otros políticos y funcionarios peruanos.