Fiscal de Venezuela denuncia ‘feroz campaña’ tras imputación de activista por terrorismo

"Denunciamos una feroz campaña desde el exterior en contra del Sistema de Justicia y el Estado venezolano", indicó Saab en un comunicado publicado en X.

Saab señaló a sectores “que siempre menosprecian las instituciones democráticas venezolanas y han amparado a la vez los intentos de Magnicidio y golpes de Estado contra Venezuela”.

La reacción del fiscal, de línea chavista, coincide con los pedidos de Estados Unidos y Naciones Unidas para que tanto San Miguel como sus familiares, cuyas detenciones también fueron denunciadas por abogados, sean liberados.

El Ministerio Público solicitó el lunes privación preventiva de libertad en contra de San Miguel, detenida el viernes 9 en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, "por la presunta comisión de los delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y Asociación".

La fiscalía también solicitó privación preventiva de libertad para el militar retirado Alejandro José González De Canales Plaza, expareja de San Miguel, por la “presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación”.

El gobierno la involucra con la operación "Brazalete blanco", un supuesto plan para atacar una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, y posteriormente asesinar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Saab dijo, además, que la fiscalía pidió "medidas cautelares" con presentaciones periódicas para otros cuatro familiares de San Miguel, sin identificarlos de manera explícita.

Durante la tarde de este martes, cuatro familiares de la activista venezolana y experta en temas militares, Rocío San Miguel, acusada de “terrorismo”, fueron excarcelados tras recibir libertad condicional, informaron este martes sus abogados.

“Se ha confirmado que los cuatro familiares de la doctora San Miguel ya fueron excarcelados”, dijo Juan González Taguaruco, del equipo legal que aún no ha tenido acceso a la activista y denuncia su “desaparición forzada”.

Se trata de la hija, dos hermanos y el padre de San Miguel, que recibieron medidas cautelares que consisten en “presentaciones periódicas” en el tribunal que lleva la causa. No están claros los cargos que les imputan.

El gobierno venezolano suele denunciar planes conspirativos. Solo en 2023 asevera que neutralizó cinco "conspiraciones", en las que involucra a militares, periodistas y activistas de derechos humanos.

Ya en 2014 San Miguel fue señalada por el propio Maduro, que buscará en 2024 su tercera reelección, de estar involucrada en “un alzamiento militar”.

La defensa de San Miguel denunció el lunes que tanto ella como cinco de sus familiares, entre ellos su hija, dos hermanos y su exesposo, sufrieron "desaparición forzada".

Estados Unidos expresa su preocupación

Estados Unidos está “profundamente preocupado” por la detención de la activista y experta en temas militares Rocío San Miguel en Venezuela y sigue “muy, muy de cerca” la situación, afirmó este martes un portavoz de la Casa Blanca.

También la oficina de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su “profunda preocupación” por la situación de San Miguel. “Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”, indicó ese organismo en la red social X.

Uno de sus abogados defensores lo calificó de “desaparición forzada” pero el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que será imputada por “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”.

“Estamos al tanto de los reportes de que Rocío San Miguel, y creo que un par de miembros de su familia, fueron detenidos. Estamos profundamente preocupados por eso”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

“No voy a entrar en especulaciones sobre lo que pasó exactamente aquí o lo que podríamos hacer como resultado. Pero le puedo decir que estamos siguiendo esto muy, muy de cerca”, añadió.

La Casa Blanca elevó el tono varias veces en las últimas semanas contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, al que reprocha el incumplimiento del acuerdo de Barbados alcanzado en octubre con la oposición, que fijó las presidenciales para el segundo semestre del año.

El trato consistía además en levantar la inhabilitación de todos los candidatos a los comicios, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la que pesaba sobre la líder opositora María Corina Machado.

Maduro “tiene que cumplir los compromisos que asumió en otoño acerca de cómo van a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos y a los partidos de oposición, e incluso a aquellos miembros de la sociedad venezolana que quieran presentarse como candidatos a las elecciones”, añadió Kirby.