Argentina penalizará con pérdida de ayuda social a quienes participen en bloqueos de calles

"Los únicos que no van a cobrar (los programas de ayuda) son los que vayan a la marcha y corten la calle", advirtió Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, en una alocución.

Su declaración fue hecha dos días antes de una tradicional manifestación que conmemora a los 39 muertos en las protestas del 19 y 20 de diciembre en 2001, año de la peor crisis económica, social y política que vivió el país.

Pettovello también apuntó contra los organizadores de las manifestaciones. "Informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán el diálogo con el ministerio de Capital Humano", un nuevo despacho que engloba los anteriores de Educación, Cultura, Trabajo y Desarrollo Social.

"El que corta no cobra", enfatizó al repetir el enunciado de Milei en su discurso de investidura el pasado 10 de diciembre.

En Argentina existe una gran cantidad de planes de asistencia social. Algunos de estos se cobran de forma directa, en la cuenta bancaria del beneficiario. Otros se reciben a través de una organización que funciona de intermediaria entre el Estado y el ciudadano.

La ministra anunció que comenzarán a auditar a las organizaciones sociales y que se irá hacia un proceso que elimine la intermediación.

Además, como ya lo había hecho el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que se duplicará la ayuda para las familias con hijos menores de edad y aumentará un 50% el auxilio para compra de alimentos, dos asignaciones destinadas a la población más vulnerable.

Los anuncios de Pettovello se dan luego de que la semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentara el Protocolo de Orden Público, conocido como "Protocolo Antipiquetes", que tiene como objetivo impedir que se corte el tránsito por manifestaciones.

Además de prever el uso de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el protocolo contempla que los convocantes de las manifestaciones paguen los costos del operativo.