Las autoridades de diversos sectores como la Fiscalía han planteado fijar reglas para la “justicia indígena”, que ha protagonizado diversos incidentes, como cuando un supuesto delincuente sobrevivió tras ser quemado vivo en el 2009.
“Habrá que reglamentarla”, admitió el sábado el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien apuntó que “en este país no hay pena de muerte, no se puede secuestrar personas, no es aceptada la tortura como forma de sanción”.
El domingo, un supuesto criminal se salvó de la horca y recibió latigazos en público, obligado a cargar un pesado saco de tierra y, atado a maderos y bañado en agua fría en medio del páramo, antes de ser entregado a sus familiares.
El suceso ocurrió en la comunicad de La Cocha, en la población de Zumbahua. El individuo fue acusado de asesinato y solo las advertencias del Gobierno impidieron que fuera sentenciado a muerte.
La justicia indígena figura en la Carta Magna vigente desde el 2008 y permite a los líderes ejercer funciones jurisdiccionales sobre la base de tradiciones ancestrales y derechos propios, mientras que el Estado garantiza que esas decisiones sean respetadas.
Eso sí, precisa que los canales para arreglar conflictos indígenas respetarán la Constitución, promovida por el mandatario socialista, y los derechos humanos.