CIDH insta a Guatemala a garantizar el derecho a la protesta

Durante semanas, los manifestantes bloquearon carreteras exigiendo la dimisión de la fiscal general, Consuelo Porras, quien tomó acciones legales contra Arévalo y la sede del tribunal electoral alegando presuntas irregularidades en las elecciones.

En un comunicado, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresan “preocupación” por acciones que “buscan deslegitimar y amedrentar a quienes se manifiestan en Guatemala”.

A mediados de octubre, un ataque armado a un grupo de manifestantes dejó un muerto y dos heridos en una carretera en el suroeste del país, cerca de la frontera con México.

Según denuncias recibidas por la CIDH, se intentó “limitar el libre ejercicio del derecho a la protesta” en el país con declaraciones estigmatizantes y amenazas de criminalización provenientes de altas autoridades, a pesar de que, según su monitoreo, las manifestaciones se han desarrollado “de manera pacífica”.

En este clima de tensión social, la CIDH se preocupa por una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal, que ordenó tomar medidas para restablecer “el orden público”, incluso mediante el uso de la fuerza.

Esta sentencia, según el comunicado, tiene “un impacto severo” en el derecho a la libertad de expresión en “un momento trascendente para el país, como el período postelectoral y de transición presidencial”.

Disolver “manifestaciones pacíficas por la fuerza es una interferencia”, señala la CIDH.

El Estado de Guatemala debe “cumplir con su deber de respetar, facilitar y garantizar los derechos humanos, así como tomar medidas concretas para garantizar el derecho a la protesta y abstenerse de criminalizar a quienes participan en ella”, añade la CIDH, que solicita realizar una visita al país.

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A pesar de las instancias internacionales involucradas, Guatemala, gobernada por el presidente de derecha Alejandro Giammattei, solicitó que la CIDH “no realice un examen o pronunciamiento sobre la situación relacionada a las movilizaciones sociales ocurridas en las últimas semanas”.

El Estado asegura que “cumple con los estándares internacionales”, favorece el diálogo y considera el uso de la fuerza como último recurso, según indica el comunicado.