La Superintendencia de Pensiones (Supén) promoverá una reforma legal para crear un nuevo esquema de administración del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como la obligación de fiscalización externa a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Supén, confirmó a La Nación la necesidad de que la Caja se someta plenamente a la normativa en materia de pensiones que se aplica a la mayoría de los sistemas de jubilación del país, con la excepción actual del IVM.
La funcionaria destacó también la conveniencia de una separación en la gobernanza de los dos seguros administrados por la CCSS: el de Salud y el de Pensiones.
“Cuando se revisan las sesiones de la Junta Directiva de la Caja se ve que la institución orienta las discusiones a los temas de salud (...) y pensiones se convierte en un tema secundario. Hay que pensar si una sola Directiva es una solución para dos problemas muy grandes”, explicó Aguilar.
La superintendenta considera que a la Caja debería aplicarse de forma integral la regulación sobre administración de fondos de pensiones en materia de gestión de las inversiones y riesgos, tal como ocurre en el resto de regímenes de jubilación.
“Para una entidad con el nivel de autonomía se hace mucho más importante un proceso de supervisión que sea vinculante”, apuntó.
La Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social dio la potestad a la Supén de una vigilancia financiera a la CCSS, pero las recomendaciones del ente supervisor no son de acatamiento obligatorio.
Aguilar recordó que el escenario de cumplimiento forzoso de la regulación financiera debe pasar por un cambio constitucional y legal.
La CCSS es una institución autónoma en la administración y gobierno de los seguros sociales en Costa Rica, pues así lo ordena el artículo 73 de la Constitución Política.
La Superintendencia planteó la opción de fiscalizar a la Caja dentro de una serie de propuestas de reformas al IVM para darle sostenibilidad al fondo para el cual cotizan 1,7 millones de trabajadores, 93.861 patronos y que cuenta con 354.510 jubilados.
Hasta setiembre, el patrimonio del régimen ascendió a ¢3.579.237 millones, es decir, el equivalente al 7,6% de la producción de Costa Rica.
Para Aguilar es necesario efectuar cambios integrales en el sistema y “no parches”.
La entidad supervisora planteó elevar los ingresos al sistema, reducir los beneficios y limitar los aumentos por costo de vida en las jubilaciones.
La iniciativa también incorpora la creación de la pensión básica universal para dar a todos los adultos mayores un ingreso en su vejez.
Criterios divididos
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, dijo que la legislación dio potestades de vigilancia al IVM.
“Cualquier ajuste a ese marco normativo propuesto deberá analizarse y es la Junta Directiva, en ese momento, la que pueda dar una posición institucional”, agregó.
Para Édgar Robles, exsuperintendente de Pensiones, es crucial que el IVM se someta a la regulación de un ente externo, porque dicha omisión ha impedido que, a lo largo de las décadas, no se adopten cambios para favorecer la sostenibilidad del régimen.
“Aunque la ley no brinda estas facultades, tampoco existe impedimento de carácter legal para que la CCSS adopte las regulaciones de Supén y del Conassif de manera voluntaria. En lugar de provocarle un daño al fondo, el seguimiento de la regulación favorecería la transparencia y solvencia a futuro”, afirmó el exfuncionario.
Robles dirigió la Superintendencia entre el 2005 y 2010, periodo en el cual fue un fuerte crítico de la inacción de la Caja en la toma de decisiones para fortalecer el IVM.
No sería admisible, en mi criterio, que la Superintendencia pueda forzar u obligar a la Junta Directiva de la CCSS a una reforma paramétrica”
— Álvaro Ramos, expresidente de la Caja y exsuperintendente de Pensiones
En contraste, Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la Caja y exsuperintendente de Pensiones, consideró adecuado que la institución conserve su autonomía y la potestad de cumplir con la normativa de Supén si la Junta Directiva de la CCSS lo acuerda. Pero, Ramos se mostró cauteloso en qué tipo de instrucciones debería obligatoriamente acatar el administrador del IVM.
“No sería admisible, en mi criterio, que la Superintendencia pueda forzar u obligar a la Junta Directiva de la CCSS a una reforma paramétrica. La Supén debe tener suficiente acceso a la información para visibilizar públicamente cualquier insuficiencia”.
Ramos sí estimó relevante brindar acceso sin límite a la Superintendencia a información sobre el IVM, en especial, en materia de los riesgos que enfrenta el fondo de pensiones.
Tema recurrente
No es la primera vez que se propone la supervisión de las labores de la Caja en su rol de administrador del IVM. Del tema se habla desde los primeros años de la creación de la Supén, en 1995.
Con la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador, en el 2000, la discusión se volvió más recurrente al modificarse el panorama del sistema de jubilaciones nacional con la incorporación del régimen obligatorio de pensiones complementarias.
En el 2004, el entonces superintendente de Pensiones, Javier Cascante, reconoció la necesidad de que la Caja adoptara un modelo similar al de las operadoras de pensiones complementarias (OPC) en materia de administración de riesgos.
En el 2017, en el Congreso, varios diputados propusieron impulsar un proyecto para que la Supén tuviera la potestad fiscalizadora de las pensiones del IVM. Pero la medida no fructificó.
Actualmente hay varios expedientes de reforma legal que persiguen el mismo fin. De hecho, en marzo del año pasado, se dictaminó una iniciativa en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa para ampliar las potestades de la Superintendencia.
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