Auxilio por inflación cubrirá 111.000 hogares pobres, pero dejará por fuera 90.000

Esta ayuda, denominada “beneficio por inflación”, consiste en tres giros mensuales de ¢60.000 cada uno a hogares pobres que cumplen los requerimientos.

Según los criterios establecidos por el Gobierno, y los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del 2021, con las 111.000 ayudas se podría cubrir a unos 52.600 hogares en extrema pobreza (aquellos cuyos ingresos ni siquiera alcanzan para comprar la comida básica) y a unos 58.400 en pobreza no extrema (aquellos cuyos ingresos alcanzan para la comida básica, pero no para cubrir otras necesidades elementales).

No obstante, todavía quedarían cerca de 90.000 hogares en pobreza no extrema, que cumplen los requisitos para recibir la ayuda, pero no podrían obtenerla, dado el alcance del proyecto, según los cálculos que realizó Andrés Fernández, economista del Consejo de Promoción de la Competitividad.

La inflación en general alcanzó 10,36% acumulada en los últimos 12 meses a setiembre 2022 y solo el indicador de alimentos aumentó el doble (20,72%). El incremento en los costos de los alimentos golpea más fuerte a los hogares de menos recursos porque son los que dedican una mayor parte de su gasto total a la compra de comida (el 20% más pobre decida el 38% de su gasto a alimentos).

Requisitos del beneficio

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El beneficio por inflación se limitará solo a aquellos hogares que no hayan recibido transferencias monetarias del Estado, registradas en el Sinirube (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado), excepto por red de cuido, según detallaron el presidente de la República, Rodrigo Chaves y los tres ministerios encargados (Trabajo, Hacienda y Desarrollo Humano e Inclusión Social) en un decreto, publicado en La Gaceta el 19 de octubre pasado.

Pero además, en el caso de los hogares en pobreza extrema tendrán prioridad aquellos hogares conformados por: personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas menores de edad o que tengan mujeres como jefas de hogar. Son cerca de 52.600 familias las que cumplen con el cruce de los dos criterios, éstos representan la mitad de los hogares en extrema pobreza.

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En el caso de los hogares que están en pobreza no extrema deben tener uno o más miembros que sean personas adultas mayores, personas con discapacidad, menores de edad o jefatura de femenina. En total son casi 149.000 los que cumplen con los criterios de no recibir otra ayuda estatal y tener alguna de estas características.

No obstante, no alcanza para darle ayuda a todos por lo que se tendrá que priorizar. Yorleny León, presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), explicó que de este grupo se priorizará a aquellos hogares que cumplan con las cuatro características, posteriormente a los que cumplan con tres, y así sucesivamente.

El monto disponible para las ayudas es de aproximadamente ¢20.000 millones.

León detalló que la decisión de asignar ¢60.000 por familia responde a que la base de datos de esta entidad refleja que los hogares en condición de pobreza extrema poseen mensualmente un ingreso autónomo per cápita (ingreso propio del hogar para cada persona sin incluir transferencias sociales) de aproximadamente ¢46.000, faltándole alrededor de ¢14.000 por persona en el hogar para alcanzar a cubrir sus necesidades mínimas de alimentación (según lo calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos).

Por otra parte, dado que los registros evidencian que el promedio de integrantes por hogar en pobreza extrema es de 4,33 y que este beneficio busca trasladar el faltante de ingresos que tienen los hogares en pobreza extrema para alcanzar el costo de la canasta básica alimentaria, entonces se multiplicaron los ¢14.000 por 4,33, lo cual arroja los ¢60.620.

Según se explica en el decreto los recursos para este beneficio provendrán del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y serán asignados vía presupuesto. Estos recursos están excluidos de la aplicación de la regla fiscal.

Se le consultó al Ministerio de Trabajo cuándo prevé hacer la transferencia de recursos que requiere el IMAS para hacer las transferencias a los hogares e indicó que está prevista arrancar en noviembre 2022.

Valoración de especialistas

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Según el criterio de Ennio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas y Fernández, el beneficio está correctamente encaminado, pero no será suficiente para cubrir a todos los hogares necesitados.

“Es una medida en la dirección correcta: mitigar los efectos de la inflación sobre los hogares de menor ingreso. No obstante, no podemos perder de vista que la medida es transitoria, por un monto relativamente bajo, no cubre a todos los hogares que lo requieren y que los hogares llevan meses sufriendo los embates de la inflación sin correspondientes incrementos en los ingresos”, comentó Rodríguez.

Para el economista, un aspecto a reconsiderar es la exclusión del beneficio a aquellos hogares que reciben una transferencia estatal, ya que, pese a recibir esta transferencia, siguen siendo hogares a quienes no les alcanza para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas.

“El diseño del beneficio es efectivo porque permitirá garantizar que se atienda a la población que se encuentra en la condición de pobreza más compleja, por lo cual es esperable que el impacto de la política no se vea tan claro en reducción porcentual de la pobreza, sino en la reducción de la severidad de la pobreza para las familias que resulten beneficiarias, al menos de forma temporal”, opinó Fernández.

Buscar más opciones

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Rodríguez comentó que lamentablemente nuestras finanzas públicas siguen en proceso de recuperación y no se cuenta con el margen de maniobra necesario para ampliar el programa con los recursos disponibles hasta el momento, a menos que se estuviera dispuesto a sacrificar otros programas.

“La solución para mejorar la cobertura de la medida, tanto para incluir más hogares pobres no extremos y extremos, como para ampliar los montos y plazos de los hogares cubiertos, como lo señalamos desde el inicio cuando abordamos esta situación, que catalogamos como una emergencia nacional, es un empréstito internacional para este fin específico”, consideró Rodríguez.

Agregó que, además de estas transferencias monetarias transitorias, se deben seguir aunando esfuerzos para generar más fuentes de empleo, en especial para estos hogares de menor ingreso. Para ello, por ejemplo, es vital reactivar los sectores de la construcción y agropecuario. De esta forma, se debe ir pasando de soluciones transitorias a soluciones sostenibles en el mediano y largo plazo.

Fernández recordó que este es un alivio temporal para los que están en peor situación, pero ciertamente no es una solución ni sostenible, ni de largo plazo. “Es la generación de capacidades de largo plazo lo que permite que las personas salgan de la pobreza de manera sostenible”, dijo el economista.