La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) exhortó esta mañana a los diputados a llegar a acuerdos acerca de los alquileres comerciales, como ayuda para afrontar el impacto del coronavirus.
En un comunicado de prensa, esa organización aseveró: “Ante la compleja situación que estamos viviendo para enfrentar la pandemia del Covid-19, la Cámara de Comercio de Costa Rica hace un llamado a las señoras y señores diputados para buscar acuerdos en los costos de los alquileres comerciales”.
El gremio añadió que ve “con total positivismo” la propuesta en ese sentido presentada por el diputado Pedro Muñoz, en la cual se busca un alivio en los costos de los arrendamientos tanto para las familias, como para la actividad comercial.
Esta iniciativa pretende que ante eventos de fuerza mayor se modifiquen o se suspendan las formas de pago y otras condiciones contractuales.
La CCCR solicitó que el proyecto de Muñoz sea convocado a sesiones extraordinarias para acelerar su aprobación.
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Julio Castilla, presidente de la CCCR, advirtió que en el contexto actual, por el impacto del coronavirus, se requiere una ley, la cual permita una renegociación (o en su defecto una terminación, sin penalidades), de los contratos de alquiler.
La ley, aseguró el dirigente, va permitir un franco diálogo para poder salir adelante y proteger la mayor cantidad de empleos de las empresas nacionales.
“Desde nuestro sector urgimos sobre la importancia de incorporar la potestad para que los comercios puedan negociar los contratos en las condiciones que ambas partes acuerden. El espíritu que debe prevalecer en estas negociaciones es que ambos sectores, tanto el comercio, como los propietarios de los locales, minimicemos las pérdidas”, dijo Castilla textualmente en el comunicado de la Cámara.
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Lo comerciantes recordaron que ante la emergencia se han contabilizado 7.980 negocios cerrados y 109.000 personas despedidas. Además, que durante el último año, aparte del impacto por el coronvirus, el sector presentaba una pérdida de 24.000 empleos.
“Estamos conscientes que las medidas que se vayan a aplicar, no pueden ser iguales para los que pagan alquileres sobre sus viviendas, como para los que pagamos alquileres comerciales. El impacto para nuestro sector comercio será por muchos meses, ya que nuestra economía se verá afectada por un plazo que supera con creces este período inicial de 3 meses”, recalcó Castilla.
Finalmente, propuso que si antes del 30 de abril no se llegara a un acuerdo, se podría autorizar cancelar los contratos sin cláusula de castigo, amparado a un ambiente de fuerza mayor.