La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pidió a la Junta Directiva “tomar acciones inmediatas” para evitar una crisis en las pensiones especiales que reciben los empleados de la institución.

Jorge Arturo Hernández, auditor de la CCSS, urgió a los directores de la entidad autónoma, tomar acciones para revertir las condiciones financieras desfavorables en el llamado Fondo de Retiro de Empleados de la Caja (FRE).

El funcionario enfatizó a la Junta que, sin cambios, el fondo puede perder sus reservas y afectar a extrabajadores de la Caja ya pensionados, según consta en el acta 9.001 del 18 de noviembre del 2018.

Además, explicó que el crecimiento de los ingresos es inferior a los gastos y la reserva empezará a “comerse” en el 2022.

No es la primera vez que se lanza una alerta sobre la situación del fondo especial. En octubre del 2017 se reveló las dificultades financieras del régimen. Sin embargo, hasta ahora no se ha efectuado ninguna reforma al sistema.

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En el más reciente estudio al FRE, de marzo del 2018, se describe que dicho régimen especial iniciará un proceso de desfinanciamiento en el 2022 y agotará sus reservas en el 2032.

La valuación fue hecha por la Dirección Actuarial de la propia entidad autónoma.

El informe de sostenibilidad confirmó que el régimen especial de los trabajadores de la institución, creado en 1983, tiene un déficit de ¢595.545 millones y argumentó la necesidad de elevar la contribución al sistema.

Hernández envió, en octubre anterior, un oficio donde alerta a Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, de la situación del fondo y acudió a una sesión de la Directiva, el 18 de noviembre del 2018.

José Luis Loría, directivo de la CCSS, confirmó que la Junta conoce tanto el estudio actuarial como los informes de la Auditoría. Pero el tema aún no está en la agenda de discusión.

El FRE cuenta actualmente con 16.000 jubilados cuya pensión promedio es de ¢147.544. Además, tiene a 53.793 funcionarios con derecho a pensión cuando se jubilen.

El régimen se financia cada año con el equivalente al 2% de la planilla de la institución autónoma. El dinero es puesto en su totalidad por la Caja, no hay aporte de los trabajadores, ni de los jubilados.

El fondo también recibe ingresos de los intereses generados por la inversión de la reserva que ascendió a ¢202.789 millones al cierre del 2018, según los estados financieros del régimen.

Propuesta de salvamento

Los problemas del FRE ocurren porque los gastos del régimen crecen a un ritmo mayor que los ingresos, debido a que se jubilan trabajadores de forma más acelerada.

Para intentar contrarrestar el efecto, el informe actuarial propuso una redistribución de los aportes patronales para elevarlo del 2% actual, a 3,5%, en el 2025.

Con este objetivo, el informe plantea trasladar una contribución del 1,5% que la Caja hace a otros dos fondos (uno de préstamos para empleados y otro de capital de retiro), para aumentar los aportes al régimen especial de sus trabajadores y salvarlo de la insolvencia.

“El principal objetivo de esta reforma es procurar la solvencia del fondo de pensiones complementarias y mantener el beneficio de capital de retiro”, se destaca en el estudio.

Sin embargo, en la solución que plantea la Auditoría, los más de 53.000 empleados de la institución se mantienen sin hacer algún tipo de aporte a su fondo de pensiones.

El estudio sí propuso modificar la fórmula de cálculo de jubilación de los trabajadores. El objetivo es que sea un promedio de los salarios de los últimos 20 años, tal como se hace en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Actualmente, cuando un trabajador se jubila, el monto del beneficio es el salario de referencia de los últimos 12 sueldos del empleado.

El estudio actuarial propuso que dicha ventaja se mantenga a las mujeres con 60 años y hombres con 62 años que se jubilen en el 2020.

Para el directivo José Luis Loría sí es necesario ahondar en la posibilidad de que los trabajadores de la Caja contribuyan al FRE dado que reciben una pensión de dicho régimen.

“Si el fondo está urgido de recursos, dentro de las propuestas que se discutan, debe verse cómo se financiará. Habrá que valorar múltiples opciones”, destacó el directivo.

El Auditor de la Caja enfatizó, en noviembre del 2018, en que la reforma debe aprobarse antes del 2022.

“Se van a ir agotando las reservas y llegará el momento en que no se puede pagar”, destacó Hernández.

El estudio realizado al FRE también resaltó la necesidad de lograr, a largo plazo, una mejora en las inversiones de la reserva del régimen para que reporten cada año un rendimiento real del 4%.