Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) llegaron a un acuerdo con los sindicatos, el pasado 12 de agosto, y ya sabían cuál sería el impacto financiero de desaplicar la reforma fiscal y mantener la forma de calcular los principales incentivos de sus trabajadores.

Desde abril pasado, la Dirección Actuarial y Económica de la Caja presentó a los miembros de la Junta Directiva una estimación del costo de pagar pluses con la ley fiscal y sin dicha normativa.

En el análisis denominado Estimación del Impacto de las Modificaciones en Cesantía y Pluses se determinó el efecto generado por la variación en los beneficios de anualidad, dedicación exclusiva y carrera profesional a partir del 2020, en el 2025, 2030 y 2035, según consta en el acta 9.029 del 29 de abril pasado.

Para el próximo año, estos tres incentivos significarían un gasto anual de ¢291.892 millones respetando el mandato de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Sin embargo, con la aplicación de los pluses de manera porcentual, como se hacía antes de la reforma fiscal, el egreso ascenderá a ¢295.383 millones, es decir ¢3.491 millones adicionales, según el análisis hecho por la CCSS, del cual tiene copia La Nación.

El análisis de la Dirección Actuarial muestra que, conforme pasan los años, se acrecienta la diferencia entre establecer los pluses con base en la reforma fiscal o mantenerlo tal como lo exigen las organizaciones gremiales.

Para el 2025, el estudio detalla que calculando los incentivos –tal como se pactó con los sindicatos– significaría un egreso de ¢408.007 millones; pero con la ley fiscal ¢396.169 millones, es decir una diferencia de ¢11.837 millones.

En el 2035, último año para el que se hizo la estimación, con la nueva legislación el gasto en anualidades, carrera profesional y dedicación exclusiva ascendería a ¢661.091 millones, pero sin aplicar la norma serían ¢696.981 millones, es decir ¢35.889 millones adicionales.

Jaqueline Castillo, jefa de Estadística de la Dirección Actuarial y encargada de presentar los resultados a la Junta, explicó que la diferencia entre un cálculo y otro ocurre por efecto principalmente de la antigüedad del trabajador.

“En el caso de los profesionales, al iniciar su vida laboral, la dedicación exclusiva o la prohibición, representa un monto importante de su ingreso, pero conforme va pasando el tiempo, las anualidades van tomando un peso más importante en su salario”, explicó Castillo, según consta en el acta 9.029.

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La Nación consultó a la CCSS sobre el efecto económico del acuerdo con los gremios para finalizar la huelga en los servicios de salud pública. Sin embargo, al cierre de este artículo no hubo respuesta.

Román Macaya, presidente ejecutivo de la entidad autónoma, afirmó el pasado 14 de agosto, en conferencia de prensa, que en la vía judicial se definirá el concepto de derecho adquirido, en la aplicación de los pluses salariales, preexistentes a la ley fiscal.

“Eso es lo único que está judicializado, todo lo demás (de la reforma fiscal) se implementa. De hecho, la Caja fue la primera en implementar la ley (...) el 20 de diciembre (de 2018) publicamos una circular interna donde se reducía el tope de cesantía de 20 años a ocho años, se implementaba el impuesto al salario y todos los parámetros del empleo público”, afirmó Macaya.

El jerarca explicó que para los nuevos trabajadores se aplican todos los incentivos salariales tal como lo dicta la reforma fiscal.

Esta norma, aprobada en diciembre del 2018, estableció que los incentivos en el sector público se dejaran de pagar como un porcentaje del salario del empleado, para convertirse en montos nominales, para evitar que los incentivos crezcan cada vez que se incrementa la remuneración básica.

Estructura salarial

Las remuneraciones en la CCSS tienen un peso muy relevante en la estructura de egresos de la institución.

Durante el año pasado ascendieron a ¢1,13 billones es decir el 53% del total del gasto de la entidad, según los estados financieros.

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Los gastos del seguro de salud de la Caja se financian con las contribuciones de 1,5 millones de trabajadores, 87.598 patronos y el Estado.

La entidad autónoma cuenta con 52 diferentes incentivos y pluses otorgados en 70 diferentes normales legales, como leyes, reglamentos, normativas internas, decretos ejecutivos, directrices del Servicio Civil y acuerdos entre organizaciones gremiales y la Junta Directiva.

Los principales beneficios salariales de los trabajadores son las anualidades, dedicación exclusiva y carrera profesional, las cuales se otorgan a la mayoría de los 57.313 trabajadores de la institución.

Estos tres pluses significaron, en los últimos cinco años, el 23% del total del gasto en remuneraciones de la Caja, según los estados financieros publicados.

Asimismo son los incentivos más relevantes en monto y por tipo de plaza en la institución autónoma.

Por ejemplo, la CCSS reconoce diferentes porcentajes de anualidades. A los médicos de 5,5%, a los administrativos hasta el 3%; y enfermeros y nutricionistas de 3,5%.

Pero la reforma fiscal estableció que que a los profesionales se les reconoce solo 1,94% y a los no profesionales 2,54%.

Similar ocurre en la dedicación exclusiva, a los profesionales en ciencias médicas se les reconoce el 55%, más un adicional del 17%. Mientras que en enfermería es del 55% sobre el salario base.