Cualesquiera que fueran los temas que abordó el expresidente y precandidato del Partido Liberación Nacional José María Figueres, en su primera “contestatón”, el pasado lunes, al final de la jornada todos ellos quedaron soterrados en la avalancha de morbo y cotilleo que precipitó el culebrón de sus encuentros amorosos de juventud.
Me interesa dejar al margen los asuntos personales de don José María para rescatar un momento del evento. La Nación informó de que esa noche un joven preguntó a Figueres cómo planeaba fortalecer al Instituto Costarricense de Ferrocarriles, a lo que él respondió que su plan es desarrollar un modelo de tren de pasajeros, administrado por una cooperativa y con financiamiento de los fondos de pensiones.
La idea de Figueres, detalles más, detalles menos, no es nueva. Es ya tradición que cada cuatro años, cuando en la campaña se comienza a debatir acerca del déficit de obra pública, alguien lance la idea de utilizar el dinero de los fondos complementarios para construir carreteras y trenes.
Esto es técnicamente posible y existen instrumentos para hacerlo, pero es un paso que exige extremo cuidado y reflexión debido a los riesgos asociados. Por ejemplo, se debe analizar con detalle la viabilidad financiera del proyecto para prevenir el incumplimiento en el pago de las obligaciones contraídas con los fondos de pensión; o bien, evitar que entren novatos a administrar el citado tren, lo cual podría afectar los costos de operación y la calidad del servicio.
Solo los fondos de pensión complementaria obligatoria administran en la actualidad un monto cercano a los $8.000 millones. Para ilustrar, esta cifra alcanzaría para financiar la ampliación del canal de Panamá, el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, el ensanchamiento de la carretera San José-San Ramón y todavía sobra un restillo.
El sistema complementario se convirtió en una ballena atrapada en una tina de baño, con pocas posibilidades de diversificar sus inversiones en el país y aún muy renuente a hacerlo en el exterior. El resultado es que ¢6 de cada ¢10 que administran las operadoras de fondos terminan en bonos del Ministerio de Hacienda o Banco Central.
Los afiliados tienen dinero, pero el interés por los fondos debería ir más allá de postularlos como piedra angular de cuanto plan de financiamiento surja y moverse hacia una revisión exhaustiva que incluya los supuestos de ahorro para saber si cumplirán el objetivo de otorgar una pensión o si es posible reducir costos de administración.