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Un presidiario de la cárcel de San Rafael, en Alajuela, pagó ¢2,5 millones a dos funcionarios de este centro penal para que le tramitaran el indulto; es decir, el perdón de la pena.
La oficina de prensa del Ministerio Público puntualizó que el pago del dinero se realizó a finales del 2008, pero no detalló de qué forma se hizo. No obstante, el beneficio no se concretó.
El hecho sale a la luz un día después de que la Fiscalía de Alajuela y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la cárcel de San Rafael por presunta corrupción de ocho funcionarios.
Por eso, las autoridades detuvieron anteayer al director de esa prisión, de apellido Castillo, a quien se le investiga por el delito de incumplimiento de deberes, y a siete funcionarios más por el delito de concusión.
No obstante, el director fue puesto en libertad el mismo día de la detención y los otros siete funcionarios, ayer en la mañana.
El Tribunal Penal de Hacienda suspendió del puesto durante tres meses, con goce de salario, a dos trabajadores sociales, un orientador, un motivador deportivo, un jefe de seguridad y dos supervisores de seguridad (uno de ellos era chofer).
Hernando París, ministro de Justicia, indicó que el director del centro se tomará tres meses de vacaciones que tenía acumuladas.
Mientras, se sigue con la investigación judicial en contra de los ocho funcionarios de apellidos Castillo Gómez, González Céspedes, Fernández Madrigal, Artavia Marín, Ramírez Ramírez, Salazar Artavia y Chacón Rojas, y una mujer apellidada Durán Rodríguez.
“El reo solicita el trámite ante las autoridades del Ministerio de Justicia y se hacen los estudios técnicos para determinar características criminales, repercusiones sociales del hecho, un estudio familiar, entre otros.
”Luego, se envía una recomendación al Instituto de Criminología y este lo eleva ante el Consejo de Gobierno, el cual decide finalmente” manifestó.
El OIJ confirmó que los funcionarios cobraban a los reos sumas hasta de ¢80.000 para ser trasladados a mejores celdas o a otras cárceles, asistir a partidos de futbol y tener acceso a visitas conyugales indebidas (sin cumplir requisitos).
París indicó que algunos privados de libertad tienen el privilegio de ir a juegos de futbol fuera del centro penitenciario con base en un protocolo de seguridad, pero los funcionarios cobraban a los reos que no tenían permiso de salida y les otorgaban la autorización.
Según Jorge Rojas, director del OIJ, con las investigaciones se confirmaron tres pagos por un total de ¢200.000 realizados por agentes encubiertos. El primer desembolso fue de ¢60.000, el segundo de ¢80.000 y el tercero de ¢60.000.
El jerarca detalló que los detenidos ganan entre ¢1 millón y ¢1,5 millones en promedio por su puesto a nivel profesional y por los años de experiencia que acumulaban.
Reynaldo Villalobos, quien preside la comisión interventora del centro penitenciario San Rafael, informó de que reubicarán a otros profesionales en los ochos puestos de los funcionarios que fueron separados de su cargo.
Villalobos afirmó que ya eligieron a un director interino para que inicie labores el próximo lunes, pero no dijo quién es.
“Es alguien de mucha experiencia, tiene 29 años de trabajar en el sistema penitenciario. Esperamos que nos ayude”, indicó.
San Rafael alberga 800 reos y está en la finca La Reforma.
