Un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellidos Praslin Guevara, figura como sospechoso de intentar corromper a un compañero suyo que laboraba en la oficina policial de Limón.

Así lo revela la investigación de la que el agente fue objeto junto con otras 24 personas, quienes, en apariencia, conformaban una banda dedicada al tráfico internacional de drogas y la legitimación de capitales.

Praslin fue detenido este martes y tanto su vivienda, en Guachipelín de San Rafael de Escazú (San José), como su escritorio y casillero, en la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (Siori) de la Policía Judicial, fueron allanados.

El objetivo era decomisar evidencias útiles para la investigación, así como tener acceso al contenido de la memoria de la computadora institucional que el hombre, de 31 años, utilizaba.

Las indagaciones realizadas desde el 2018 reflejan que, al parecer, Praslin era cercano a otro investigador de apellidos Bejarano Benavides, también capturado. Justamente, existe un documento que detalla que este último fue el gestor intelectual del ofrecimiento económico hecho al funcionario judicial de Limón.

“Se determinó, mediante acreditación testimonial, que Praslin Guevara intentó corromper a un funcionario de la Delegación Regional de Limón ofreciéndole el pago indebido de ¢700.000 a ¢2 millones por brindar información sobre los controles de contenedores y operativos policiales en la terminal portuaria APM Terminals, todo ello contextualizando a Bejarano como uno de los gestores intelectuales de esa pretensión ilegal”, precisa la investigación.

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El OIJ concluyó que existía una necesidad de la organización criminal de obtener información sobre los controles ejecutados en la terminal portuaria, tomando en cuenta que, presuntamente, ellos enviaban cocaína a Europa oculta en contenedores que transportaban diversos productos, especialmente frutas.

Además de Praslin y Bejarano, dentro de la investigación figuran como sospechosos de colaborar con la banda narco otros dos agentes judiciales, apellidados Solís Sánchez y Molina Fonseca.

Supuestamente, Bejarano, de 29 años, era el encargado del reclutamiento de los investigadores y fue así como logró hacerse de estos tres aliados.

A él también se le atribuye haber consultado a otro agente judicial de Limón sobre posibles indagaciones contra los líderes de la banda, de apellidos James Wilson (48 años) y Cartín Ceba (43).

Se cree que a cambio de los datos ofreció un monto no determinado de dinero, pero, en apariencia, ese movimiento no se concretó.

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Consultas en bases de datos

Por otra parte, las indagaciones permitieron determinar que Solís, quien en la actualidad gozaba con un permiso sin goce de salario y había sido trasladado a la Sección de Robo de Vehículos, y Molina, quien dejó de laborar para la institución luego de un proceso disciplinario, supuestamente, aprovecharon sus cargos para consultar bases de datos judiciales.

Wálter Espinoza Espinoza, director del OIJ, manifestó después de los allanamientos que a los agentes se les señala por “brindar datos a la organización, consultar en las bases del OIJ, revisar información que pudiese ser importante para el grupo criminal, verificar el número de placa de vehículos oficiales y adquirir, a lo interno del OIJ, informes sobre indagaciones o investigaciones contra la organización o cualquiera de sus miembros”.

El jerarca judicial agregó que “ellos aprovechaban su función para ayudar a la organización criminal generando impunidad”.

Una serie de datos sobre el proceso de investigación precisan que, en una fecha no determinada, Solís habría consultado un vehículo que estaba dando seguimiento a uno de los supuestos integrantes del grupo, de apellidos Picado Mora (24).

Al confirmar que se trataba de un carro de la Policía Judicial, se cree que el hombre, de 35 años, alertó a la organización.

Asimismo, existen registros de que presuntamente Solís se reunió con el padre de Picado, apellidado Picado Marín y también aprehendido, para darle algunos datos a cambio de una remuneración económica.

Durante las pesquisas se determinó que este hombre adquirió varios bienes y esto, junto con otros movimientos, levantaron sospechas.

Por otra parte, el exinvestigador de apellido Molina Fonseca, también de 35 años, presuntamente “accedió a las redes institucionales para consultar matrículas de dos vehículos policiales”.

El informe judicial precisa que, en apariencia, unos miembros del grupo le dieron datos sobre unos carros que les estaban siguiendo y, poco después, Molina les habría confirmado que se trataba de unidades policiales.

Estos cuatro agentes, junto con las otras personas aprehendidas este martes, fueron indagadas por el Ministerio Público y afrontan una audiencia de solicitud de medidas cautelares para definir su situación jurídica.

Un día luego de la desarticulación de esta agrupación, como parte del caso denominado Kaleto, trascendió que tres de los investigados, dos de ellos detenidos y uno fallecido el 6 de mayo pasado, visitaron más de 30 ocasiones los despachos de varios diputados de la Asamblea Legislativa.

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