Juezas piden que no se revelen sus rostros en juicio de reconocida banda criminal

Al inicio del juicio, en la sala 1 de los Tribunales, las tres juezas que integran el Tribunal Penal de Cartago declararon la prohibición de utilizar teléfonos celulares u otros dispositivos tecnológicos para grabar su voz o imagen.

Esta misma restricción se aplica a las imágenes de los acusados, quienes responden a los apellidos Rojas González, Calderón Montero, Jiménez Segura, Jeskin Rodríguez, Rodríguez Arauz y Romero Ceciliano (mujer). Los primeros cinco se encuentran en prisión preventiva, mientras que la mujer sospechosa está en libertad.

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Tras la solicitud del tribunal, los abogados defensores privados Antonio Cubillo y Rafael Guillén, junto con un defensor público que prefirió mantener su identidad en reserva, y el fiscal Mario Quesada, solicitaron 10 días hábiles para revisar un legajo relacionado con la apertura de los celulares de los imputados. Argumentaron que el documento fue enviado tardíamente por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las pruebas obtenidas de los teléfonos móviles de estas seis personas podrían contener información relevante que las vincule con los hechos que se les imputan.

Según el representante del Ministerio Público, el expediente con la información sobre las aperturas de los celulares de los imputados fue enviado por el OIJ cerca de las 4 p. m. del lunes, es decir, a menos de 24 horas de que se iniciara el debate.

El fiscal Quesada también señaló que el expediente es bastante extenso, y Antonio Cubillo dijo que tiene unos 400 folios, lo que requeriría un análisis detallado por parte tanto del órgano acusador como de la defensa.

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“Eventualmente podría repercutir en la defensa material. De acuerdo con lo que nos encontremos como defensa en esta prueba, solo a manera de ejemplo, esta representación podría recomendarle a los imputados que soliciten un proceso especial abreviado”, explicó Cubillo.

Tanto Cubillo como Guillén informaron al tribunal que desde la audiencia preliminar habían solicitado que el caso no se llevara a juicio precisamente debido a la ausencia de las pruebas telefónicas. “Esta evidencia es crucial para tomar decisiones”, aseguró Cubillo.

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Guillén argumentó que existe una “actividad procesal defectuosa” porque el Ministerio Público acusó a los imputados sin disponer de las pruebas telefónicas que los vinculen con los hechos.

Más prisión preventiva

Tras cinco minutos de deliberación, las juezas concedieron 10 días hábiles para que las partes involucradas analicen los informes del OIJ y también realicen señalamientos al Ministerio Público, incluida la eventual solicitud de un proceso especial abreviado.

Además, el Ministerio Público advirtió que la prisión preventiva de cinco de los acusados vencerá el próximo 15 de marzo, y el inicio del debate estaría suspendido para esa fecha. Ante esta situación, el fiscal Quirós solicitó que se prorrogara la medida cautelar privativa de libertad, argumentando que existe peligro de fuga, ya que los acusados no tienen arraigo laboral, y además considera que existe riesgo para dos víctimas.

“De hecho, tenemos una o dos señoras que están en protección en este momento, que no quieren venir al debate, porque precisamente ellas temen por su vida”, mencionó el fiscal.

Ante la mencionada situación, el tribunal decidió extender la prisión preventiva de los imputados por tres meses más. Esta medida cautelar vencerá el próximo 15 de julio.

No es el primer caso de Los Gery en juicio

Este juicio no es el primero que enfrentan varios de los integrantes de Los Gery. En junio de 2022, cinco miembros de la organización fueron condenados por el Tribunal Penal de Cartago a penas que oscilaban entre ocho y 28 años de cárcel por violación a la Ley de Psicotrópicos en modalidad agravada, así como por el homicidio calificado de un menor de edad y una tentativa de homicidio.

En cuanto a otros seis acusados, los jueces los absolvieron por falta de pruebas suficientes para demostrar los delitos atribuidos por la Fiscalía. Estos delitos incluían asociación ilícita, legitimación de capitales, tentativas de homicidio calificado, robo agravado, daños agravados, agresión calificada, privación de libertad agravada y portación ilegal de arma permitida. La Fiscalía había solicitado un total de 524 años de cárcel para las 11 personas sospechosas debido a la extensa lista de cargos imputados.

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