Renuncia magistrado suplente de la Sala Tercera que abogó por la separación de Iglesia y Estado

El magistrado suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Robleto, presentó la renuncia a su cargo este miércoles, según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial.

Robleto indicó a la secretarías de la Corte y la Asamblea Legislativa que su renuncia se debe a “motivos personales”.

Desde 2016 asumió su cargo como magistrado suplente, luego de trabajar en el Poder Judicial como defensor público, así como juez de casación y apelación.

Robleto ocupó de forma interina la plaza que dejó el expresidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla Sandí, quien se jubiló de manera sorpresiva luego de recibir una amonestación por escrito al ser hallado responsable de una falta grave.

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Previo a conocerse si el matrimonio entre personas del mismo sexo sería legal o no en Costa Rica, el magistrado suplente afirmó en la Corte Plena que el Poder Judicial debía librarse de prejuicios y que debía existir una separación entre la Iglesia y el Estado.

«Que quede claro: El Poder Judicial tiene que liberarse de prejuicios, y aunque sea un Estado confesional, es necesaria la separación entre Iglesia y Estado, debe dejar de resolverse con base en la fe (…). Pueden recurrir a la ciencia, pero no recurran a la religión”, manifestó.

Cuando se discutió la forma de elegir el nuevo presidente de la Corte, el 30 de julio de 2018, Robleto sustituyó al magistrado Jesús Ramírez y afirmó que no votaría por una persona que fuera homofóbica ni por una que llevara “una carrera por el poder”, mientras fijó sus ojos hacia varios de sus compañeros.

Robleto también fue uno de los magistrados que rechazó aplicar la orden de la Contraloría General de la República, la cual exigía cumplir con la ley de reforma fiscal y cambiar el pago de pluses de porcentual a montos fijos.

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En votación de la Corte Plena, acordaron pedirle a Fernando Cruz, presidente del Poder Judicial, emprender acciones y mecanismos legales ante la Contraloría para oponerse al mandato, incluyendo la interposición de medidas cautelares.

Dieciséis magistrados votaron por esa posición y solo una lo hizo en contra: la jueza Roxana Chacón, de la Sala Segunda (asuntos laborales y de familia).