Productividad judicial cae pese a más personal y presupuesto

Pero, ni siquiera ese escenario positivo, hace que la institución aumente su productividad. Por el contrario, su rendimiento cae cada vez más.

Así lo reveló el Segundo Informe del Estado de la Justicia , presentado ayer por el Programa Estado de la Nación.

Según una comparación que se hizo de los indicadores de la gestión del Poder Judicial entre el 2000 y 2015, se observa que, por ejemplo, hace 15 años el presupuesto per cápita era de $32, mientras que para el año antepasado era de $156.

En cuanto a la cantidad de funcionarios judiciales, también hay un notable incremento. En el 2000, había 160 servidores por cada 100.000 habitantes; 15 años después, esa cifra se elevó a 246.

Aunado a ello, el Informe indica que, en esos años, se dio una baja en la cantidad de casos atendidos por un juez de primera y única instancia. En el 2000, ingresaron 844 procesos; en el año antepasado, entraron 529.

Pero, tanto la cantidad de casos terminados como el número de sentencias dictadas por estos jueces, decae cada vez más.

En el primer punto, el documento revela que se pasó de 841 procesos terminados en el 2000 a 491 en el 2015. Mientras que los jueces pasaron de dictar 958 sentencias en el 2000 a imponer solo 135 condenas durante el año antepasado.

Pese a que se expone la situación, el documento no señala cuál o cuáles son las razones que provocan esta baja en el rendimiento. “No encontramos que se haya dado un cambio procesal, o algo que hiciera los procesos más complejos. No encontramos nada, no encontramos una gran explicación”, aseguró Evelyn Villarreal, coordinadora de la investigación.

No obstante, Villarreal aseveró: “Cuando uno no encuentra una explicación evidente que indique qué pasó aquí, lo que se asume es q ue se trata de limitaciones de la gestión de la institución.

”Lo que ocurre es que esos nuevos recursos no se están gestionando bien para producir mejoras ni en el número de casos que terminan ni en el tema de duraciones de los procesos”.

Sin avance. Otra preocupación que externó Villarreal es que los casos tienden a apilarse en los despachos, pese a que la cantidad de jueces, fiscales y defensores por cada 100.000 habitantes también se duplicó en los últimos 15 años.

La cantidad de expedientes activos (que están varados en un escritorio) por juez de primera instancia pasaron de 824 en el 2000 a 839 en el 2015.

Mientras que los casos en trámite (están en una etapa más cruda) por juez pasaron de 467 en el 2005 a 563 el año antepasado. En este punto, no hay datos de lo ocurrido hace diez años.

“Esto lo que genera al Poder Judicial es un saldo negativo importante, porque se quedan rezagados, mientras que siguen llegando nuevos casos”, apuntó Villarreal.

Contraparte. Estos resultados arrojados por el Informe provocan que el Poder Judicial vea como “una necesidad” el evaluar con más detalle el rendimiento y los indicadores de trabajo, puntualizó Zarela Villanueva, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

“La institución ha trabajado en independencia interna y eso es positivo. Pero es necesario trabajar y reforzar la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño”, insistió.

En cuanto a la baja en la productividad, aseguró que la disminución en la cantidad de casos entrados en esos 15 años no es “tan sustancial”.

“Hay que ver la manera en cómo se cuentan los asuntos que entran. Por ejemplo, había una serie de denuncias que ingresaban a la Fiscalía y que eran por tenencia de marihuana. Era una gran cantidad, pero ahora no son delito.

”Hay otras denuncias que no iban a prosperar y fueron sacadas de la contabilidad. Siendo así, la disminución no es tan real”, ahondó la magistrada.

Sobre la baja en la cantidad de sentencias, indicó que no sabría qué ocurre. Pero, agregó, podría ser porque la duración de los procesos es muy extensa.

“Lo que sí sabemos es que hay complejidades diferentes. Los asuntos son de duración grande, sobre todo en materia penal.

” Ya no son los ilícitos de hace 10 años, ahora son más complejos. Hay gran influencia del crimen organizado, que es más complejo y eso debe considerarse”, concluyó Villanueva.

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Mayoría de quejas contra funcionarios judiciales quedan impunes

Cuando un funcionario judicial comete una presunta falta, el afectado puede quejarse ante el Tribunal de Inspección Judicial, máximo ente encargado de las sanciones administrativas en contra de los empleados del Poder Judicial.

Sin embargo, tendría mucha suerte si esta denuncia termina con una sanción.

La gran mayoría de las quejas que ingresan a ese Tribunal quedan impunes, según el Segundo Informe del Estado de la Justicia, el cual fue dado a conocer este miércoles en conferencia de prensa.

El documento señala que, por ejemplo, durante el 2015 se recibieron 2.121 quejas, de las cuales solo 285 (13%) terminaron con una sanción. El resto fue desestimado, archivado, rechazado de plano o desencadenó un análisis de fondo del departamento en donde trabaja el denunciado.

En detalle, el Informe del Estado de Justicia indica que las sanciones se dividieron en advertencias (14), amonestaciones (46), suspensiones (170) y revocatoria de nombramiento (55).

No obstante, pese a que se intentó conocer el puesto que tenían los sancionados (si eran del área administrativa, jueces, fiscales o defensores), Evelyn Villarreal, coordinadora del Informe, dijo que el Poder Judicial no cuenta con esas estadísticas.

Lo que sí se señala es que, en el 2015, las razones que motivaron la mayor cantidad de quejas fueron el incumplimiento de deberes, negligencia, retardo en la función y faltas que podrían realcionarse con corrupción.

Sin embargo, Villarreal indicó que no se maneja un manual o un protocolo que agrupe las conductas que se considerarán como incumplimiento o negligencia, por ejemplo.

"Por eso, encontramos una misma conducta considerada, a veces, como negligencia, otras veces como corrupción y, otras, como incumplimiento. Hay mucha subjetividad a la hora de definir la falta en la que supuestamente incurrió una persona.

"Si alguien me cae bien, se le pone la falta que sanciona menos fuerte. O, al menos, esto se puede prestar para situaciones riesgosas y caemos en el tema de la no transparencia", reprochó la coordinadora.

Misma situación; otro periodo

Mientras, en el periodo comprendido entre el 2011 y 2015, el Tribunal de la Inspección Judicial emitió resoluciones sancionatorias solo en el 12% de los casos. Se desconoce cuántas denuncias recibió en ese tiempo.

Del total de los sancionados en esos cuatro años, la mayoría eran jueces. El Informe arrojó que, en promedio, un 27% de las sanciones dictadas al año eran en contra de esos funcionarios. Tampoco se sabe cuál fue el castigo recibido.

En el 55% de los casos denunciados, se desestimaron los procesos; en un 25% hicieron un análisis de fondo; en un 4% los archivaron; y, en un 4%, lo rechazaron de plano.

En ese mismo periodo, se determinó que un 86% de los procesos comenzaron a partir de una queja, comparados al 10% de causas abiertas de oficio.

Limitaciones

Pero, ¿qué desencadena esta impunidad? Villarreal respondió que, aunque no tienen una causa específica, se da porque muchos de los casos prescriben. Estos procesos deben resolverse en un máximo de un año, según lo estipula el artículo 211 de la Ley Orgánica Judicial.

"Si todos están desbordados, ¿cómo hacen? Los casos prescriben", señaló Villarreal.

Además, Villarreal dijo que en la Inspección Judicial alegan que no tienen "las suficientes herramientas para investigar". "Dicen que tienen muchas dificultades porque como es un régimen disciplinario, no es penal, no pueden intervenir una computadora de una funcionario, porque se violaría su privacidad, por ejemplo".

Y, cuando pueden investigarlo, pierden el contacto con los ofendidos que, en su mayoría, son usuarios del sistema. "Lo que pasa, según nos dicen ellos, es que la gente denuncia porque están enojados en el momento, porque perdieron un proceso. Pero no le dan seguimiento, entonces pierden contacto con el denunciante", expresó la coordinadora.

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7 de cada 10 denuncias interpuestas ante OIJ se quedan sin resolver

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dejó sin resolver siete de cada diez denuncias que recibió durante el 2015, según lo confirma el Segundo Informe Estado de la Justicia, entregado este miércoles.

Ese documento revela que, al año, esa entidad recibió cerca de 600.000 denuncias, de las cuales un 71% pasó con un informe no resuelto al Ministerio Público.

El 30% restante se dividió de la siguiente manera: en un 27% de los casos se logró identificar al presunto autor del hecho delictivo; y, en un 2%, la investigación estableció la verdad de los hechos, pero no hay un imputado porque no existió delito (suicidios, muertes naturales).

Una de las razones por las cuales la mayoría se queda sin resolver podría ser porque el 85% de las quejas interpuestas son contra ignorado; es decir, el ofendido no conoce al autor del supuesto delito.

Un 10% son recibidas en las sedes del OIJ o como resultado de un operativo que hace el mismo OIJ; un 4% fueron interpuestas ante el Ministerio Público y, luego, remitidas a la Policía Judicial; y el 1% restante ingresaron por medio del Centro de Información Confidencial (CICO).

Wálter Espinoza, director del OIJ, explicó que las causas que, generalmente, quedan sin resolver son en los que se denuncian robos y hurtos. " Se trata de la tacha de vehículos, robos de celulares, ingreso a viviendas o a edificaciones".

El director señaló que las razones de ese alto porcentaje de noresolución son varias: la primera, es que la investigación arroja que el hecho no constituía un delito; la segunda, es que el delito se cometió en un lugar donde "no hay posibilidades de obtener ningún factor de prueba".

"Por resolución de la Sala Constitucional, tenemos que recibir todas las denuncias. Nosotros llegamos a recibir quejas de temas de extraterrestres, de cuestiones sobrenaturales y tenemos que recibirlas, asignarlas a un agente y hacer un informe para pasarlo al Ministerio Público.

"Otro caso que tenemos es cuando hay un evento masivo y roban el celular. Las posibilidad objetivas de recuperarlos son nulas. Eso incrementa la cantidad de denuncias y nos obliga a destinar mucho recurso económico. También aumenta la cantidad de denuncias que recibimos y resolución negativa", acotó Espinoza.

Forma de trabajar

El Informe hace un resumen de qué pasa con la denuncia desde el momento en el que ingresa hasta cuando llega a manos del Ministerio Público. Todo ese proceso no debería tardar más de 120 días.

Según detalla, después de interpuesta, se hace la depuración y asignación de un agente. Luego, viene la etapa de investigación, donde se cataloga como un caso élite, uno complejo, uno intermedio o sencillo.

El siguiente paso es que los legajos sean revisados por las jefaturas para luego saber si fue resuelto o no y pasar el informe a la Fiscalía.

Evelyn Villarreal, coordinadora del Informe, comentó: "El OIJ sí tiene un sistema de información bien hecho. Una base bien significativa que puede trazar cada caso: puede saber dónde está, qué agente lo lleva, qué pericias ha hecho, si espera resultado de la Morgue, etc.".

Sin embargo, una de las críticas realizada por el Informe es que este proceso no puede ser seguido de cerca por el denunciante, quien desconoce en qué etapa está.

"Una debilidad es la falta de información que envuelven a los usuarios. No se les comunica cómo se desarrolla su caso o cómo terminó. La idea es que mejore la transparencia. Este sistema es usado por ellos, pero la idea es que se traduzca en que el usuario tenga acceso a su caso de forma fácil", puntualizó.

Ante esto, Espinoza indicó que los controles que han ido implementando se reflejan en que, actualmente, se tiene la tasa más baja de rezago de la historia, con un 2%. "Nosotros tenemos 120 días para resolver, después de eso estimamos que hay un atraso. El nivel del OIJ no existe en ninguna otra agrupación del Poder Judicial y eso nos permite resolver los casos con mucha prontitud".

En cuanto al trabajo realizado para mejorar la transparencia, mencionó que, desde el año pasado, se realizan rendiciones de cuentas en las comunidades y se rediseñó la página web.

Para un futuro cercano, se espera poder permitirle a la ciudadanía hacer las consultas sobre su caso por medio de Internet. "También estamos haciendo una encuesta para saber en qué debemos mejorar y dimos instrucciones a nivel interno de que debemos rendir cuentas a los denunciantes".