Un peón de construcción fue condenado a seis años de cárcel por facilitar su cuenta bancaria a un estafador informático. Sin embargo, cumplirá la pena con arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico.
La sentencia en contra de Francisco Alberto Montero Delgado, de 22 años, fue dictada por el Tribunal Penal de San José este jueves, luego de que se determinara que el joven permitió que un falso funcionario del Banco de Costa Rica (BCR) trasladara ¢711.000 de la cuenta del afectado a la suya.
El Tribunal también ordenó a Montero indemnizar a la víctima por un monto de ¢3 millones, debido al perjuicio económico y moral, así como también por las costas del proceso.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos por los que se condenó al peón ocurrieron en el 2017, cuando el ofendido recibió una llamada de una persona que no ha sido identificada.
"La víctima recibió una llamada de una persona, aún no identificada, haciéndose pasar por funcionario del BCR, quien, bajo engaño, consiguió que el ofendido le facilitara la clave de su cuenta y, además, le brindara información personal.
“Según lo comprobado por la Fiscalía, esa persona le habría hecho creer que le iban a facilitar un servicio de conexión entre esa entidad bancaria y el Banco Nacional”, explicó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
La investigación permitió establecer que el estafador informático ingresó a la cuenta de la víctima y transfirió ¢711.000 a Montero Delgado.
Poco después de lo ocurrido, el condenado sacó ¢701.000 de un cajero automático y ¢10.000 que dejó en su cuenta equivalían al pago por el préstamo de la cuenta.
El hombre fue acusado por la Fiscalía en noviembre del 2018 por el delito de estafa informática y de momento no se ha podido establecer quién realizó la llamada, ya que utilizó una línea prepago, la cual fue registrada con datos falsos para inscribir el número.
Perjuicio considerable
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre julio del 2017 y el mismo mes del 2018, las personas víctimas de estafas telefónicas perdieron ¢2.741 millones.
A eso hay que sumarle $978.000 (¢560 millones), que corresponden a dinero sustraído de cuentas bancarias en dólares.
En ese periodo, la Policía Judicial contabilizó 1.317 denuncias, la mayoría por estafas hechas con la modalidad del falso funcionario de banco o instituciones públicas.
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La Policía Judicial ha determinado que en ocasiones los números telefónicos utilizados por los estafadores coinciden con los de los bancos y los correos parecen auténticos, porque usan una aplicación que les permite realizar modificaciones para que parezcan reales.
Las aplicaciones para realizar el spoofing (imitación) son descargables para cualquier persona por Internet y tienen precios muy bajos.
Además, los datos revelan que el 100% de las llamadas para estafas se hacen desde el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
Ante estas situaciones, las autoridades recomiendan a los usuarios tener en cuenta que por teléfono ninguna entidad bancaria o pública les pedirá información referente a las cuentas, ya que esa gestión se realiza en persona.