Macho Coca señalado como uno de los más violentos narcos, según Departamento del Tesoro de EE. UU.

Además, asegura que Bell, de 60 años y afincado en Limón, ha jugado un papel importante en la reciente transformación de Costa Rica, que pasó de ser un punto de tránsito a un centro de almacenamiento y trasbordo de drogas, incluso para organizaciones delictivas violentas de costarricenses.

“La OFAC designó a Bell de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. La acción de hoy también es el resultado de una estrecha colaboración con la Oficina Nacional de Costa Rica de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos”, agrega un comunicado del Departamento del Tesoro.

Tras aparecer en la lista de OFAC, se ordena el congelamiento de los activos de Gilbert Bell Fernández en un procedimiento aplicado por primera vez en Costa Rica.

Según la OFAC, Macho Coca fue arrestado por las autoridades costarricenses en el 2015 con cargos relacionados con drogas y se le han confiscado propiedades en múltiples redadas de autoridades ticas, incluyendo embarcaciones presuntamente utilizadas para el transbordo de drogas incautadas en febrero de 2023.

Implicaciones del señalamiento de Macho Coca

Como resultado de las acciones anunciadas este miércoles, todas las propiedades o intereses en las propiedades de Bell que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC.

Según el documento dado a conocer en conferencia de prensa, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de Macho Coca.

Igualmente, se prohíbe a estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos realizar transacciones que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

La OFAC anunció que en coordinación con sus socios del Gobierno de Estados Unidos y contrapartes extranjeras, continuará apuntando y persiguiendo la responsabilidad de los actores extranjeros de drogas ilícitas. Además, las personas que participen en ciertas transacciones con Bell Fernández pueden estar expuestas a sanciones o sujetas a una acción de ejecución.

Bloqueo a sus finanzas

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, detalló este miércoles, en una conferencia de prensa realizada en la Corte Suprema de Justicia, que empresas estadounidenses de tarjetas de crédito, como Visa y Master Card, fueron alertadas sobre la orden ejecutiva, lo que le impediría a Bell usar plásticos de esas compañías.

“Todas las cuentas, todos los bienes que pueda tener esta persona en el extranjero van a ser decomisados de manera inmediata. Aparte de eso, en el territorio nacional, por la misma extensión que tiene esta orden ejecutiva, se le están congelando absolutamente todas las cuentas”, señaló Zúñiga.

De esta forma, cualquier banco o entidad financiera que mantenga una relación o que le permita ejecutar transacciones a Bell, podría ser sancionado y se le impediría realizar negocios con empresas estadounidenses.

El jerarca del OIJ afirmó que este nuevo procedimiento es posible porque en la legislación de Estados Unidos hay delitos que no existen en Costa Rica y, además, tienen altas capacidades tecnológicas que les permiten rastrear la actividad delictiva de Bell Fernández.

El fiscal adjunto del Ministerio Público, Mauricio Boraschi, enfatizó en la conferencia que la acción del gobierno estadounidense es de índole administrativa y no judicial. También se detalló que la finalidad de las sanciones no es castigar, sino “lograr un cambio positivo de comportamiento”.

Para emitir una orden de este tipo, no es necesario que la persona sea investigada en Estados Unidos, pero Boraschi señaló que Bell sí ha estado bajo investigación por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Boraschi indicó, además, que la Fiscalía costarricense tiene “algunas” investigaciones abiertas contra Bell. No detalló cuántas causas existen ni por cuáles delitos, pero sí expuso que Macho Coca oculta sus vínculos criminales a través de empresas fachada, las cuales podrían tener incluso contratos con la Municipalidad de Limón. Zúñiga agregó que “dependiendo de la estrategia que utilicemos”, las sanciones podrían favorecer las investigaciones en curso.

Ninguna de esas causas ha ameritado una orden de arresto contra Bell, pues el empresario continúa libre.

“En esto también hay una afectación directa para sus familiares. Sabemos que inclusive hay familiares y hermanos de esta persona, que no solo han estado vinculados al tema del narcotráfico, sino que han sido condenados y han descontado penas, han vuelto a salir y han vuelto a caer. Esta pirámide se abre de manera muy ancha a una serie de personajes, en Limón y Puntarenas, que sabemos que mantienen relaciones con estas personas”, declaró Boraschi.

El fiscal adjunto aseveró que Costa Rica debe adaptarse al sistema de justicia penal internacional y permitir la extradición de nacionales hacia otros países donde sean investigados, lo cual actualmente es prohibido por la Constitución Política.

La acción es resultado de la estrecha colaboración con la DEA, su oficina en Costa Rica y las autoridades costarricenses.

El Departamento del Tesoro afirma que continuará utilizando todas las herramientas disponibles para quebrantar el tráfico trasnacional de narcóticos en el hemisferio occidental para ayudar a prevenir una mayor desestabilización en la región.

“El importante aumento de la violencia debido al tráfico de narcóticos en Costa Rica resalta el papel cada vez más importante del país en las redes de distribución transnacional”, advirtió el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

Costa Rica se transformó en la bodega del narco

Durante las últimas dos décadas, Costa Rica se transformó en un gran centro de rutas para el tráfico de narcóticos a través de las Américas. En el 2010, el Gobierno de los Estados Unidos emitió un memorando identificando a Costa Rica como un punto de tránsito de drogas hacia el norte o un gran productor de drogas ilícitas, pero ahora es un punto de almacenamiento y trasbordo de drogas, incluso de violentas organizaciones ticas.

El Departamento del Tesoro argumenta que el narcotráfico está vinculado con un aumento del 66% en la tasa de homicidios de Costa Rica respecto de la década anterior. Además, en 2022 se registraron 657 homicidios en el país, de los cuales una cuarta parte ocurrieron en la provincia de Limón.

En esa provincia opera la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), el mayor centro de tráfico de cocaína en Costa Rica y uno de los más grandes en Centroamérica, dice el escrito.