Ministerio Público pide llevar a juicio a Keyla Sánchez por conducción temeraria

“La Fiscalía de Pavas informó que el expediente seguido contra la señora Sánchez fue remitido al Juzgado Penal con acusación y solicitud de apertura a juicio, desde noviembre 2022″, detalló la entidad acusadora ante consulta de La Nación.

Sánchez había tenido un accidente de tránsito la madrugada del 31 de marzo del 2022, en la ruta 27. La conductora de Teletica chocó contra un muro en el peaje de Ciudad Colón y debió ser trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde estuvo internada.

Al día siguiente, trascendió que la Fiscalía había abierto una investigación de oficio contra Sánchez, dentro del expediente 22–000203–0283–PE.

Semanas después, la presentadora declaró en sus redes sociales que “si querían escuchar los motivos del accidente no ha sido por alcohol y menos por drogas (...). Tampoco fue por todas esas razones que la gente puso. De verdad me impacta (al leer). No es así. Solamente mi persona y el núcleo súper cercano sabe qué fue lo que pasó y las únicas personas que deben saberlo. Todos los demás publican, es lo más fácil y más sencillo”.

Sánchez fue indagada el 21 de setiembre por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que el 14 de setiembre la buscaron en su lugar de trabajo, en las oficinas de Teletica, para entregar la notificación.

En aquel momento, el Ministerio Público indicó que “dicha gestión (de notificarla) se realizó en el lugar de trabajo de la persona investigada, pues esta cambió de domicilio y no se le ubicó en el sitio de residencia registrado anteriormente”.

Al respecto, Sánchez dijo a La Nación que “tras el accidente que sufrí en el mes de marzo, hay una serie de procedimientos que se derivan de este incidente y que, como cualquier costarricense, atenderé en las vías que corresponda en la forma debida y respetuosa”.

El Código Penal establece en el artículo 261 bis un castigo de uno a tres años de prisión cuando se incurre en el ilícito de conducción temeraria, mientras que en el apartado 367 se estipulan penas de uno a seis años cuando alguien “insertare o hiciere insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”.