Fiscalía desiste de abrir causa contra Municipalidad de Limón por atraso en demolición de bodegas narco

Aunque a inicios de marzo el Ministerio Público indicó que analizaba abrir una causa penal por el atraso de más de un año en la demolición de varias estructuras que funcionaban como bodegas del narco, en Moín de Limón, ahora concluyó que no le fue posible individualizar alguna acción que pueda ser constitutiva de un delito.

La última en poner su firma para concretar las demoliciones fue la Municipalidad de Limón, específicamente la vicealcaldesa, Ana Matarrita McCalla, ya que en ese momento —finales del año anterior—, el alcalde Néstor Mattis se encontraba suspendido.

Matarrita alegó no entender por qué la firma se dio tan tarde si las órdenes de desalojo fueron emitidas por el Juzgado Penal de Limón desde octubre del 2021.

Cuando La Nación le consultó a la Fiscalía si este atraso podía calificar como desacato o incumplimiento de deberes, respondió que analizaría la apertura de una posible causa, una vez concluidas las demoliciones; sin embargo, ahora detalló que no tiene elementos suficientes para abrir algún proceso a cualquier personero del gobierno local, incluido el alcalde.

“La Fiscalía Adjunta de Limón respondió que han revisado los expedientes de las demoliciones y no se abrirán causas contra personeros de la Municipalidad, lo anterior, por cuanto, del trámite realizado para esos casos en concreto, no ha sido posible individualizar alguna acción que pueda ser constitutiva de un delito”, declaró la institución por escrito.

Este diario había solicitado una entrevista con el alcalde limonense para consultarle por el enorme atraso en la firma municipal para la demolición de las estructuras del narco, pero declinó la conversación. De hecho, el propio ministro de Seguridad, Jorge Torres, confirmó a este medio que ni siquiera él ha podido hablar con el gobernador sobre este tema.

Notoria ausencia

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“Nosotros ahora que anduvimos por Cieneguita haciendo estas demoliciones (a finales de febrero), íbamos en la lancha y dos chiquitos de tres a cuatro años tal vez, lo primero que nos hacían era (simula sonido de disparos de arma de fuego), nos disparaban con el dedito. Entonces, ¿qué estamos haciendo por esos jóvenes? ¿Dónde está el alcalde? Al alcalde yo nunca lo vi, no sé ni cómo se llama, no sé quién es, porque nunca se me acercó a decirme ‘señor aquí estoy para apoyar’”, dijo el jerarca.

Torres no solo criticó la ausencia de Néstor Mattis en el proceso para demoler las bodegas en las que se guardaba droga y lanchas con millonarios motores para el aparente tráfico, sino que también su papel en las acciones necesarias para asegurar la vida e integridad de los habitantes de su cantón.

“Estamos cargando sobre los hombros de la seguridad pública todo y no puede ser así. Aquí tenemos que articular y ese es el mensaje que nosotros estamos trabajando a nivel institucional; es el mandato del presidente (Rodrigo Chaves)”, agregó.

Asimismo, el ministro reconoció que las autoridades ya tenían conocimiento que desde hace tiempo estas estructuras eran utilizadas por el narco, pese a que se ubicaban a escasos 500 metros del Servicio Nacional de Guardacostas de Limón. No obstante, afirmó que los propios policías le tienen “miedo” al crimen organizado que aprovechaba este sitio.

“Hasta a la misma Policía le da miedo. ¿Usted vio cómo eran esos amurallados? Claro que se sabía (que eran utilizadas para guardar droga). Hay que hacer ese recorrido por el río Cieneguita para que usted vea esas cocheras que hay ahí. Cada cochera tiene tres o cuatro lanchas con motores de 200. En cada lancha de esas hay como ¢80 millones”, finalizó.

La Nación consultó a la Municipalidad de Limón si también tenía conocimiento de que estas estructuras pertenecían al narco, pero evadió contestar la pregunta. Hasta la fecha, el municipio no ha comunicado mayores detalles sobre este tema.

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Los hallazgos

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El 21 de febrero pasado, 200 agentes del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José, la Fiscalía Adjunta de Limón y varias unidades del Ministerio de Seguridad iniciaron operativos para demoler diez estructuras y una piscina.

Además de la presunción de que eran bodegas del narco, las viviendas demolidas infringían la ley de zona marítimo terrestre o fueron construidas en propiedades del Estado, específicamente del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Las demoliciones responden a una investigación por los delitos de usurpación de bienes de dominio público e invasión al área de protección. Se identificaron nueve sospechosos de apellidos González Cabezas, Ocampo Bustos, González Ocampo, Bravo Rodríguez, Lazo Suazo, Viales Lopez, Mora Segura, Godinez Walcott y González Martinez.

Entre lo derruido había estructuras de dos pisos, incluso una de ellas con piscina. La municipalidad local no aclaró si esas propiedades se hicieron con permisos del ayuntamiento, aunque están en una zona propiedad del Estado. Pese a que eran allanamientos sorpresa, a la llegada de las autoridades no había nadie en las viviendas y los portones estaban abiertos.

El Ministerio de Seguridad confirmó que una de las lanchas que estaba en las casas demolidas fue fabricada por el conocido empresario limonense Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, quien figuró como implicado en un sonado caso por usurpación de bienes de dominio público que se abrió en 2015.

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