Familia de española asesinada en Tortuguero reclama ¢694 millones a hotel y agencia de viajes

Las pretensiones de la familia de Gutiérrez, de 31 años, se desglosan en ¢214,8 millones por daño físico, ¢230,9 millones por daño económico (al ser la víctima una mujer profesional y en edad productiva), y ¢250 millones por daño moral.

En el primer juicio, este reclamo ascendió a ¢440 millones por daños físicos y económicos, pero ambas empresas quedaron absueltas de pagar la acción civil en el Tribunal Penal de Pococí, el 10 de agosto del 2020. Ese mismo día fue condenado el misceláneo Alvin Stanford Díaz Hawkings a 25 años de prisión, por homicidio calificado en concurso ideal con una tentativa de violación.

La resolución de ese Tribunal fue apelada en la parte civil por parte de la familia de Gutiérrez, representada por el abogado Gonzalo Gutiérrez Acevedo, y el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea resolvió devolver el proceso a debate, solamente en cuanto a la acción civil resarcitoria.

Este nuevo juicio inició el pasado 27 de febrero, en Guápiles de Pococí, y actualmente está en la etapa de conclusiones.

Los principales argumentos de Gonzalo Gutiérrez son que tanto el hotel Laguna Lodge como la empresa turística V.C.M. Costa Rica Groups fallaron en proporcionar seguridad adecuada a Gutiérrez, quien fue hallada sin vida a las 7:30 a. m. en un camino cercano al sitio de hospedaje, con signos de estrangulación.

“Los argumentos que nosotros tenemos contra la agencia de viajes y contra el hotel, que es lo que se está discutiendo en este momento, es algo que nosotros denominamos responsabilidad civil objetiva. Por ejemplo, si yo tomo un taxi, el taxi choca y yo recibo lesiones, la póliza del taxi tiene que responder por lo que está pasando”, explicó el abogado a La Nación.

Agregó que la agencia de viajes brindó un guía turístico que no estaba certificado, mientras que el hotel no tenía guarda y no hay una división clara de sus límites. Además, en la acción civil se argumenta que ninguna de las dos empresas brindó consejos de seguridad en la zona.

“(Los imputados civiles ) se escudan en el argumento de que en Tortuguero nunca pasa nada. Sin embargo, los hoteles tienen sus guardas y todo el asunto. Ese hotel no tenía los guardas (...). Lo que pasa es que les vendieron una falsa sensación de seguridad, que en ese momento no existía”, manifestó Gutiérrez.

‘Nunca había sucedido un hecho de esa magnitud’

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Por su parte, el hotel defiende que no existe ninguna responsabilidad de su parte porque el crimen sucedió afuera de sus instalaciones.

“No hay responsabilidad del hotel en lo sucedido, ya que este cumplió con la prestación de sus servicios adecuadamente y no puede achacársele un hecho que sucedió fuera del hotel en una zona pública y en el tiempo libre de la turista”, declaró a La Nación el abogado defensor del hotel, Federico Campos.

“Ella, por su cuenta, tomó la decisión de ir sola a la playa y tuvo la desdicha de toparse con su asesino. No podía advertírsele del peligro de ser asesinada porque nunca había sucedido un hecho de esa magnitud en esa zona (y aún al día de hoy es el único sucedido). Fue un caso fortuito que el hotel lamenta, pero que no es su responsabilidad”, señaló Campos.

Según la acusación de la Fiscalía, la turista española había salido a correr aquel 4 de agosto del 2018 cuando fue interceptada por Díaz Hawkings. Como ella no regresaba a la habitación del hotel donde se hospedaba con su compañero sentimental, este salió a buscarla y la encontró sin vida.

El condenado, de 34 años, fue incriminado en este asesinato luego de que se confirmaran coincidencias entre su ADN y la saliva encontrada en los senos de la española. Además, en las uñas de las manos de la víctima aparecieron rastros de piel que corresponden con las muestras tomadas al nicaragüense.

Adicional a la condena de 25 años de cárcel, los jueces determinaron que el hombre deberá pagar ¢125 millones por el concepto de daños materiales y morales.