La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad planteada contra la jurisprudencia de la Sala I con respecto al artículo 3 de la Ley Indígena. Por lo tanto, el Estado no deberá indemnizar a los particulares que adquirieron terrenos dentro de reservas indígenas después de 1977.
Los magistrados ratificaron que esas adquisiciones, hechas por personas no indígenas, fueron “de mala fe”.
Según la Ley Indígena, promulgada en 1977, realizaron adquisiciones de “buena fe” las personas no indígenas que adquirieron tierras dentro de reservas antes de ese año. Sin embargo, es propietario de “mala fe” quien ocupase un terreno en territorios indígenas posterior a esa fecha.
Dicha ley añade que si una persona demuestra que es poseedor de buena fe, tiene derecho a una indemnización del Estado, pero los dueños “de mala fe” no recibirán dinero y, por el contrario, serán expulsados. Desde 1977, las tierras indígenas son inalienables e intransferibles.
LEA MÁS: No indígenas pelean derechos de fincas compradas en reservas
La Sala I determinó con anterioridad que los compradores que ocuparon terrenos antes del citado año sabían que se trataba de tierras indígenas, de ahí la “mala fe” encontrada.
La acción de inconstitucionalidad fue rechazada por mayoría de cinco contra dos. Votaron contra el recurso los magistrados Fernando Castillo Víquez, Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado y Jorge Araya García, mientras que salvaron su voto Anamari Garro Vargas y José Roberto Garita Navarro.
El artículo 3 de la Ley Indígena, contra el que se interpuso la acción de inconstitucionalidad, establece que “las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan”.
Además, señala que los indígenas solo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Cualquier traspaso de estas tierras con personas no indígenas es nulo y tiene consecuencias legales.
LEA MÁS: Estado inmoviliza 921 fincas privadas al señalar que están en territorios indígenas