Este jueves por la tarde empezó una larga audiencia de solicitud de medidas cautelares contra las diez personas sospechosas de los secuestros extorsivos de Jorge Angulo Navarrete, de 45 años, dueño de los gimnasios George Angulo, ocurrido el 4 de enero en San Pedro; así como el del presidente de Agrosuperior, Jaime Gurdián Moreno, de 66, perpetrado el martes 27 de junio en San José.
La Fiscalía Adjunta Especializada en Crimen Organizado informó que la audiencia se desarrolla en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José (Goicoechea) y posiblemente se extenderá hasta este viernes, dada la cantidad de implicados en el expediente. Se trata de nueve hombres y una mujer que están siendo investigadas por secuestro, robo agravado y asociación ilícita.
Fueron capturadas este miércoles tras nueve allanamientos en cinco provincias y que implicaron la participación de 200 agentes del Organismo de Investigación Judicial.
Por ahora, el caso se tramita en la Fiscalía bajo el trámite ordinario, es decir, no se ha solicitado a la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado la competencia, lo cual podría realizarse más adelante.
Este miércoles, tras la captura de todos los implicados, los jerarcas policiales exaltaban que la investigación del caso Angulo facilitó la pesquisa en el nuevo secuestro, perpetrado apenas la semana pasada. Además, revelaron que una parte de la banda empezó a gastar dinero fácilmente en vacaciones, ropa y motos y eso alertó a las autoridades.
Al respecto, el exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rafael Ángel Guillén, sostuvo que este rápido trabajo de la Policía Judicial y la Fiscalía le envía un mensaje a la delincuencia organizada en el sentido de que tenemos una Policía eficiente, persistente y con capacidad de investigar y resolver casos de crimen organizado como este.
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“Esto demuestra eficiencia y debemos reconocerlo, ya que se logra resolver en poco tiempo dos casos complejos. Es un triunfo para la tranquilidad de los costarricenses, ya que la impunidad incita al delito”, acotó.
Para el exdirector, frente a hechos tangibles como el anterior, es urgente que impuestos específicos como el de los casinos, el de las sociedades anónimas y el cobrado a los exportadores, vuelvan a destinarse a los cuerpos policiales en lugar de ingresar a la caja única del Estado, para fortalecer sus operaciones.
También afirma que la Fiscalía debe establecer prioridades en los asuntos que investiga el OIJ, ya que se trata de una policía profesional. Aunque no menosprecia asuntos como el maltrato de animales, considera que se le han asignado investigaciones que desvían los recursos de casos serios, como el de los secuestros. “La Policía Judicial es muy costosa como para investigar la muerte de un gato, lo cual puede ser muy doloroso, pero el fiscal general debería establecer qué casos tienen prioridad en función del grado de criminalidad”, afirmó.
En relación con el reciente presupuesto extraordinario para adquirir 32 vehículos y contratar a unos 100 policías, Guillén expresó que eso no es nada frente a una delincuencia que opera impunemente en nuestro país. “No podemos ser mezquinos cuando la Policía nos ha demostrado su eficiencia. Deben contar con los mejores recursos, ya que invertir en seguridad es un negocio y no un gasto”, puntualizó.