La Corte Plena aprobó el nuevo reglamento con el que se evaluarán los 12.500 funcionarios judiciales y cuyos resultados podrán ser consultados por cualquier ciudadano.
Las valoraciones serán públicas luego de que los magistrados acogieran una iniciativa propuesta este mismo lunes por Paul Rueda, integrante de la Sala Constitucional.
Sin embargo, la misma norma dispuso que no serán divulgados datos sensibles, como por ejemplo los de salud, y aquellos otros que según la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, deben ser resguardados.
La evaluación de desempeño se aplicara de manera anual y se aplicará una vez que el reglamento sea publicado en el Boletín Judicial, que se incluye en el Diario Oficial La Gaceta.
Con la aprobación de este ordenanza, que se llama Reglamento para el Sistema Integrado para la Evaluación de Desempeño, el Poder Judicial cumple con uno de los requisitos establecidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas, donde se ordena que este tipo de evaluaciones se implementen en todas las instituciones del Estado.
Uno de los puntos importantes del reglamento es que los jerarcas del Ministerio Público, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Defensa Pública serán calificados por los 22 magistrados que conforman la Corte Plena.
Este sistema de evaluación es importante porque permite identificar las acciones de mejora de trabajador para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Además, el resultado final se utilizará para el pago de los aumentos anuales, de acuerdo a los méritos del trabajador.
Las personas que obtengan una calificación de “insuficiente o regular” serán sometidas a un plan de mejora, pero si el funcionario obtiene durante dos períodos consecutivos un resultado de “insuficiente", el caso será enviado al Tribunal de la Inspección Judicial, que eventualmente podría concluir en una revocatoria de nombramiento.
¿Quién evalúa a los magistrados?
Otro de los puntos que en este caso se discutió, es quien se encargaría de evaluar a los magistrados.
Al respecto, Jorge Olaso Álvarez, de la Sala Segunda, y quien se encargó de exponer el reglamento a los compañeros de la Corte Plena, dijo que cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no se estableció cómo se evaluaría el desempeño de las personas de elección popular o los magistrados, el Contralor y Procurador de la República.
Los magistrados son electos por un período de ocho años y la designación la hace la Asamblea Legislativa.
"Se discutió el tema y se estableció que no estamos sujetos a evaluación de desempeño. Lo que hacen algunos magistrados es elaborar, de manera anual, una rendición de cuentas y lo hacen de conocimiento de la Asamblea Legislativa y de la colectividad. Quedó que esa es una buena práctica.
"Yo, en lo personal, soy de la idea y lo estoy implementando, de hacer un informe en el cual indique cuántos expedientes fallé, qué visitas hice, qué actividades participé. Una situación de información, básicamente.
“Después, cuando se va a la reelección, yo les diría, he rendido estos informes y valoren con base en eso si me van reelegir o no”, explicó Olaso.
El alto juez explicó que la ley también estableció que el salario de los magistrados tendría un tope y que no recibirían las anualidades que permite otorgar la evaluación de desempeño.
En el año 2014, el Poder Judicial había emitido otro reglamento para evaluar el desempeño de los funcionarios, pero dicha normativa no implicaba ningún beneficio para el funcionario, por lo que se dejó de aplicar. Este lunes los magistrados derogaron ese reglamento para que opere el nuevo.
Junta para fondo
Paralelamente, se conoció que desde el viernes anterior quedaron electas las tres personas que representarán al colectivo judicial, en la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJPPJ).
Se designaron tres titulares que serán Arnoldo Hernández Solano, Ana Lucrecia Ruiz Rojas y Mauricio Villalta Fallas y tres suplentes que recayeron en Freddy Chacón Arrieta, Mauricio Quirós Álvarez y Alexander Arguedas Vindas.
La junta estará integrada por seis personas. La Corte Plena deberá nombrar otros tres miembros titulares y tres suplentes, pero todavía no hay fecha para esa escogencia.
La junta iniciará labores en noviembre próximo y se encargará de administrar el dinero aportado al fondo de la institución, además de valorar y aplicar las recomendaciones de los estudios actuariales que garanticen la sostenibilidad del régimen.
Aprobado ajuste salarial de ¢4.000 a la base
En la sesión de este lunes, los altos jueces aprobaron un aumento salarial de ¢4.000 a la base de todos los trabajadores judiciales, con excepción de los propios magistrados y aquellos funcionarios que devenguen un salario bruto superior a ¢4 millones mensuales.
“El acuerdo se tomó en apego a lo dispuesto por la Sala Constitucional en el voto 19511-2018 del 23 de noviembre del 2018, que evacuó la consulta de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, agrega un comunicado del Poder Judicial.
Dicha ley, “no derogó ni modificó las disposiciones del Estatuto de Servicio Judicial, Ley de Salarios y Ley Orgánica del Poder Judicial que rigen la materia de empleo en este Poder de la República por lo que éstas se mantienen vigentes”, agrega el texto de prensa.
El ajuste rige, retroactivo, desde el 1.° de julio pasado y cubre a unos 12.500 funcionarios.