Corte Plena: Crear figura de agente encubierto digital demandaría más recursos para el OIJ

De esta forma, según resolvieron los altos jueces en sesión del pasado lunes, el proyecto impulsado por Bojorges sí afectaría el funcionamiento del Poder Judicial y, por tanto, necesitaría los votos de 38 diputados para convertirse en ley, tal como lo indicó en su informe la magistrada de Sala Tercera Patricia Vargas González.

Vargas señaló que la Policía Judicial tendría que contratar más personas e invertir en equipo tecnológico para poder usar agentes encubiertos de la forma como lo propone la iniciativa.

Actualmente, la ley permite usar agentes encubiertos solo en casos de narcotráfico. El expediente 23.969 plantea agregar un artículo a la Ley Orgánica del OIJ para que esta figura pueda emplearse “de manera excepcional y cuando la investigación lo amerite de forma fundamentada y razonada” durante la investigación de cualquier delito informático.

El único punto objetado por Vargas, y también por la magistrada Patricia Solano, de Sala Tercera, es que el texto plantea que en la etapa de juicio, el testimonio del agente encubierto se incorpore solo mediante lectura para no exponer la identidad del mismo, “excepto si se juzga indispensable escucharlo de viva voz”.

“En este caso, rendirá su testimonio solo ante el tribunal, el fiscal, el imputado y su defensor; para ello, se ordenará el desalojo temporal de la sala”, detalla el plan

El procedimiento que permite brindar testimonio antes del juicio es conocido como anticipo jurisdiccional de la prueba y está definido por el Código Procesal Penal.

La normativa vigente establece que este se efectúa de forma excepcional cuando el tribunal deba recibir una declaración que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá recibirse durante el debate, o cuando se trate de un testigo o víctima cuya seguridad corra riesgo por su participación en el juicio.

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Para las magistradas, el expediente 23.969 propone que el anticipo jurisdiccional de la prueba sea un procedimiento ordinario en lugar de uno excepcional, lo que afectaría el procedimiento regular y la naturaleza oral de los juicios.

Vargas afirmó que su informe no valora de forma negativa el proyecto, pero sí consideró innecesario que se incluya como regla el hecho de que el agente encubierto no declare en el juicio, porque es “una inversión de lo que sucede naturalmente” y afectaría el derecho de defensa del imputado.

Explicó que si por alguna razón el agente no se sintiera en condiciones de declarar, ya existen los lineamientos del Código Procesal Penal.

Asimismo, Solano manifestó: “A mí por lo menos me causa mucha alarma porque no podemos ceder ante derechos fundamentales por un tema de seguridad, creo que tienen que existir otro tipo de soluciones en estos casos, pero no me parece que sea la vulneración del proceso donde se pueda buscar una solución”.

Solano agregó que el plan también afectaría el funcionamiento del Poder Judicial porque implicaría aumentar la cantidad de audiencias para recibir el testimonio anticipado del agente.

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Por su parte, la magistrada Iris Rocío Rojas, de Sala Primera, tuvo un criterio más favorable con respecto al proyecto de ley.

“Lo que antes era extraordinario, hoy se convierte en ordinario, y el Poder Judicial tiene que adaptarse a los cambios de los nuevos tiempos. Y a mí me parece que el legislador está haciendo un esfuerzo por restituirle a las víctimas las posibilidades de resarcirse de los daños que les causan los delitos hechos por la vía informática”, indicó Rojas.