Conductor detenido por muerte de venezolanos sufrió otro accidente este jueves

A eso de las 9 p. m. Ramos Báez viajaba en un automóvil liviano, en compañía de dos custodios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hacia la Cárcel La Marina, en San Carlos, cuando el carro chocó contra otro vehículo todo terreno.

Fuentes policiales indicaron que el conductor del otro automotor es un costarricense de apellido Cortés que dio positivo en consumo de alcohol. Además, el hombre tuvo que ser detenido por los propios agentes de la Policía Judicial involucrados en el choque, porque intentó darse a la fuga.

Tras el choque, ocurrido en San Jerónimo de Los Chiles, uno de los policías fue remitido a un centro médico en categoría amarilla, producto de los golpes sufridos; mientras que Ramos y el otro custodio resultaron ilesos.

Este mismo jueves, la Fiscalía de Los Chiles consiguió que el tribunal penal de la zona dictara dos meses de prisión preventiva en contra de Ramos Báez, de 26 años, a quien se investiga como sospechoso de los delitos de tráfico ilícito de migrantes, lesiones culposas y homicidio culposo.

Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron a las 3:40 a. m. del miércoles, cuando Ramos perdió el control del pick-up que conducía y cayó al cauce del río Medio Queso. Según la Fiscalía, en el automotor viajaban once venezolanos: tres de ellos murieron.

“Se presume que las víctimas viajaban en el cajón de un carro tipo pick-up, ya que serían trasladadas hasta Honduras. Al parecer, el vehículo no contaba con ningún mecanismo de seguridad y, presuntamente, el sospechoso no tenía licencia de conducir”, agregó la Fiscalía.

De acuerdo con el comunicado, se cree que el imputado formaba parte de una organización dedicada al tráfico ilícito de migrantes. Según el artículo 249 de la Ley General de Migración y Extranjería, se pena con prisión de cuatro a ocho años, a quien conduzca o transporte a personas, para su ingreso al país o su egreso de él, por lugares habilitados o no habilitados por las autoridades migratorias competentes, evadiendo los controles migratorios establecidos.

La pena puede aumentar a seis o hasta 10 años en la cárcel cuando se ponga en peligro la salud o la vida del migrante o el hecho sea cometido por un grupo organizado de dos o más personas.

El caso se mantiene en investigación dentro del expediente 23-000385-0801-PE.

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